París, 13 de enero de 2026. Las autoridades han utilizado una fuerza letal y desproporcionada para reprimir las protestas, con el empleo de munición real dirigida contra la cabeza, el cuello y los ojos de las personas manifestantes, así como de ametralladoras disparando desde camiones. El 8 de enero, las autoridades iraníes bloquearon el 99 % de Internet y cortaron las conexiones de telefonía fija y móvil.
Se desconoce el número exacto de personas muertas y heridas como consecuencia de la represión. Aunque el 13 de enero, fuentes oficiales estimaban el número de personas que habían perdido la vida en las protestas en unas 2.000, voces independientes estimaron que esta cifra podría ascender a 6.000 personas. La LDDHI verificó y confirmó que se había asesinado al menos a ocho menores y se había derivado a unas 500 personas a un hospital de Teherán por lesiones oculares.
Hasta el 10 de enero de 2026, las autoridades habían detenido y encarcelado al menos a unas 10.000 personas como mínimo, acusadas de causar disturbios, vandalismo y terrorismo, así como de cooperar con Estados Unidos e Israel. Según una declaración de la fiscalía general realizada el 10 de enero, se habría acusado a las personas manifestantes detenidas de moharabeh ("guerra contra Dios"), un delito castigado con la pena capital. Ya se ha condenado a muerte a una persona manifestante detenida el 8 de enero en Fardis, provincia de Alborz, y su ejecución está prevista para el 14 de enero.
"La brutal respuesta del Gobierno a estas legítimas reivindicaciones socioeconómicas demuestra una vez más la total falta de respeto de Teherán hacia los derechos humanos y su desprecio por la dignidad humana. Las autoridades recurren al bloqueo de internet y de las comunicaciones para encubrir la masacre de las personas que se manifiestan y sofocar el actual movimiento sin precedentes del pueblo iraní en favor de la libertad y el cambio fundamental", afirmó Karim Lahidji, presidente de la LDDHI..
La FIDH y la LDDHI instan a los Estados a manifestar su apoyo inequívoco al pueblo iraní y a sus aspiraciones democráticas. Ambas organizaciones piden asimismo a los Estados que condenen todas las violaciones de los derechos humanos que se han cometido en respuesta a las protestas, emprendan gestiones diplomáticas, impongan sanciones concretas urgentes a las autoridades y a los mandos de las fuerzas de seguridad y del poder judicial vinculados a las violaciones cometidas en el contexto de la represión, así como que presionen para que se ponga en libertad a las personas manifestantes y a quienes se encuentran encarceladas por motivos políticos.
"Las autoridades iraníes están respondiendo a las manifestaciones pacíficas cometiendo violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que pueden ser constitutivas de crímenes internacionales graves. La represión en curso justifica una respuesta internacional firme, que debe ir acompañada de medidas concretas de rendición de cuentas que garanticen la justicia para las víctimas", declaró el presidente de la FIDH, Alexis Deswaef..
Las autoridades iraníes tienen un largo historial de recurrir a un uso desproporcionado de la fuerza y de cometer graves violaciones de los derechos humanos en respuesta a las movilizaciones pacíficas. En noviembre de 2022, tras el movimiento de protesta, generalizado "Mujer, Vida, Libertad" en septiembre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán (FFMI), con un mandato de un año para investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de esas protestas. Desde entonces, el mandato de la Misión se ha ido renovando y ampliando, por última vez en abril de 2025. La FIDH y la LDDHI instan a los Estados a que convoquen un período de sesiones extraordinario del CDH para abordar la situación en Irán, a que amplíen el mandato de la Misión Internacional con el fin de abordar e investigar las violaciones cometidas durante la represión de las protestas actuales, a que garanticen el pleno apoyo político y presupuestario a la misma y a que consideren la posibilidad de juzgar a las presuntas personas autoras de crímenes en virtud del principio de jurisdicción universal, cuando proceda.