La situación social y económica en Iran se deteriora progresivamente, con un impacto inmediato en las condiciones de vida de sus habitantes. El desempleo esta en aumento, la inflación alcanza niveles sin precedente y la mayoría de la personas deben combinar varios trabajos debido a que el salario minimo es insuficiente para contrarrestar la inflación. La población de Iran está experimentando una diferencia cada vez mayor en el nivel de ingresos entre ricos y pobres.
Ante este preocupante escenario, los trabajadores no tienen derecho a organizarse libremente. “Las organizaciones oficiales de trabajadores están en la mano de las autoridades para ejercer control social sobre los trabajadores. En años recientes los intentos para establecer sindicatos independientes han sido duramente reprimidos y los líderes sindicales han sido encarcelados bajo cargos que incluyen ’actos contra la seguridad nacional’ y ’divulgación de propaganda contra el sistema”, declaró Karim Lahidji, Presidente de la FIDH y de la LDDHI.
Las violaciónes generalizadas de los derechos es particularmente flagrante, en la legislación y en la práctica, contra las mujeres en el ámbito laboral, así como por motivos de religión, etnia y opinión política.
"Las políticas del gobierno marginan a las mujeres en flagrante contradicción con el principio universal de la igualdad entre mujeres y hombres. Las recientes medidas para reformar las políticas de control de población con el fin de inducir a una mayor tasa de fertilidad profundizan aún más la discriminación contra la mujer", agregó Karim Lahidji.
Periodistas, defensores de derechos humanos, críticos del gobierno son víctimas de discriminación en el trabajo como consecuencia de sus opiniones políticas. Además de sentenciarlos a prisión, las autoridades con frecuencia los han expulsado del trabajo en las organizaciones estatales o aseguraron su expulsión de las empresas privadas. Sus familiares también son perseguidos y han perdido sus puestos de trabajo. Además, varios abogados y periodistas han sido condenados a la prohibición de ejercer su profesion durante largos plazos.
A pesar del secreto de Estado y la falta de datos oficiales fiables, de fuentes fidedignas y domésticas la FIDH y LDDHI son capaces de llegar a la conclusión que más del 50% de 75 millones de la población viven bajo la línea de pobreza, mientras que la inflación está fuera de control. Informes recientes de investigación han indicado que el poder adquisitivo de la población ha disminuido en un 72% en ocho años de 2005 a 2013. "En este contexto de aumento de la pobreza y de desempleo, los trabajadores se quedan sin canales legales para presentar sus reclamaciones y sin ningún derecho de negociación colectiva", concluyó Karim Lahidji.
Las elecciones de 2013 no traerán el cambio crucialmente necesario. Sin embargo, si continúa la recesión económica, las demandas y exigencias de respeto a los derechos laborales sociales pueden seguir subiendo y eventualmente desafiar al régimen actual.
El examen del segundo informe periódico de la República Islámica de Irán por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas tuvó lugar en mayo de 2013. Las observaciones finales del CDESC corroboran en gran medida los resultados de la FIDH y LDDHI.
Descargar el informe «Irán: aumento de la pobreza, disminución de los derechos laborales» (disponible en Inglés)