Petición de un enviado especial para la República Islámica de Irán

29/07/2009
Comunicado
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La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), la Liga Iraní para la Defensa de los Derechos Humanos (LDDHI) y la ganadora del premio Nobel de la Paz, Shirin Ebadi, deseamos expresar nuestra más profunda preocupación sobre la actual situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán.

En esta línea, nos gustaría reiterar nuestra petición de que designe a un enviado especial a Irán; petición que ya pusimos en su conocimiento durante la conversación telefónica que mantuvo con Shirin Ebadi el 23 de junio.

Dicho enviado se encargaría de investigar y recopilar información acerca de los actos violentos post-electorales en la República Islámica de Irán. Esta información completaría el informe sobre la situación de derechos humanos en Irán, que debe presentarse en la sesión número 64 de la Asamblea General este otoño. [1]

La situación de los derechos humanos se ha ido deteriorando tras las elecciones presidenciales del 12 de junio. Debido a la extensa condena internacional de los actos violentos perpetrados contra los manifestantes pacíficos, las autoridades han difundido intencionadamente información falsa sobre la responsabilidad de dicha violencia contra los manifestantes, incluso alegando que la joven muerta en un tiroteo, y cuya foto circuló por todo el mundo por internet (Neda Agha-Soltan), fue asesinada por agentes de la CIA que estaban presentes entre los manifestantes. Cabe añadir que se está reprimiendo de forma severa cualquier intento de denuncia de las violaciones de los derechos humanos realizadas tras las elecciones.

A continuación, se presenta una breve descripción de las principales violaciones presenciadas durante esta represión, que la FIDH y la LDDHI han conseguido confirmar.

1.Violaciones del artículo 25 del ICCPR

Han surgido varios elementos que apoyan fuertes sospechas de fraude electoral durante las elecciones presidenciales del 12 de junio en Irán, en violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) sobre el derecho a celebrar elecciones libres y justas, ratificado por Irán.

El día de las elecciones, supuestamente se terminaron las papeletas electorales en las ciudades de Shiraz y Tabriz, aunque dos días antes el Ministerio del Interior había anunciado que se habían impreso más de 57 millones de papeletas, para una población de 48 millones de votantes.

En todas las mesas electorales, se suponía que debía haber un representante de cada candidato. Sin embargo, en todo el país, cuando se comenzó el recuento de votos, los representantes de los candidatos reformistas fueron expulsados de las mesas electorales.

La noche de las elecciones, Ayatollah Khamenei proclamó la victoria del presidente saliente Ahmadinejad, incluso antes de la finalización del recuento de los votos.

En 50 ciudades, el número de votos excedía la población total de votantes de la ciudad.

Tras las alegaciones sobre violaciones de derechos, el Consejo de Guardianes [2] manifestó que examinaría un número específico de casos de supuestas irregularidades, pero antes de que pudiera terminar la investigación, Ayatollah Khamenei repitió en las oraciones del 19 de junio que las elecciones habían sido libres y justas.

2.Medidas drásticas contra la libertad de expresión e información.

El 25 de junio de 2009, tras las elecciones, se confirmó que 27 periodistas fueron arrestados y puestos bajo custodia, según Reporteros sin Fronteras. Dichos periodistas incluían 20 periodistas de Kalemeh Sabz.

Varios periodistas internacionales han sido expulsados de Irán y se les ha prohibido difundir los eventos acaecidos. En particular, el 21 de junio, se le pidió a Jon Leyne, corresponsal de la BBC en Teherán, que abandonara el país, por un supuesto "apoyo a los alborotadores", como parte de un "plan" del Reino Unido contra Irán. Ese mismo día, el corresponsal de Newsweek, Maziar Bahari, fue arrestado en su casa.

Se han bloqueado páginas web y líneas telefónicas en varias ocasiones, previniendo la divulgación de información sobre las elecciones y la situación tras las mismas en el país.

3.Violación del derecho a la libertad de asociación y libertad de reunión

Se prohibió realizar las manifestaciones pacíficas en protesta del supuesto fraude electoral, mientras que se autorizaron manifestaciones en apoyo al presidente Ahmadinejad.

En los días siguientes a las elecciones presidenciales, las milicias de Bassidji asaltaron a los manifestantes pacíficos, golpeando y arrestando a muchos, y matando a algunos de ellos. El gobierno ha reconocido la muerte de 20 personas durante estas manifestaciones.

El día 26 de junio, en la oración de los viernes, Ayatollah Ahmad Khatami, pidió a las autoridades judiciales que se castigara seriamente a los "alborotadores", calificándolos de "moharebs"- que significa enemigos de Dios- y exigió un castigo "despiadado y salvaje". En la ley islámica de Irán, el castigo para las personas calificadas de "mohareb" es la pena de muerte.

Por último pero no por ello menos importante, cabe recordar que las autoridades iraníes cerraron el Centro de Defensores de Derechos Humanos (DHRC), la organización de la FIDH en Irán en diciembre de 2008. Este centro permanece inhabilitado para actuar de forma libre. Una de las actividades del DHRC consistía en controlar la conformidad de leyes y prácticas electorales dentro del marco de los derechos humanos internacionales y de las Constitución iraní y la legislación nacional.

4.Ejecuciones extrajudiciales

Un número de civiles desarmados han sido asesinados durante las manifestaciones pacíficas. Tras la gran manifestación en las calles de Teherán del 20 de junio, se realizaron disparos a la multitud desde un edificio gubernamental donde las milicias de Bassidji se encontraban emplazadas. Se tiene constancia de que la noche del 14 de junio, la milicia de Bassijis saqueó tres campus en Teherán, Tabriz y Ispanah, resultando en la muerte de diez estudiantes y varias decenas de heridos.

Además, fuentes fidedignas de las instituciones médicas han informado que se registraron a 20 muertos en los depósitos de cadáveres de los dos principales hospitales de Teherán, en conexión con las protestas, algunos con numerosas heridas de bala en sus cuerpos.

5.Desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y detenciones

El 14 de junio, los grupos políticos reformistas de Iran han declarado que se arrestó al menos a 100 personas aquella noche.

El 15 de junio, oficiales iraníes manifestaron haber detenido más de 200 personas en conexión con las manifestaciones.

El 27 de junio, la LDDHI declaró que más de 2000 personas habían sido arrestadas durante las manifestaciones pacíficas de las dos semanas.

Un gran número de defensores de los derechos humanos, periodistas, oponentes políticos e intelectuales fueron arrestaros. Algunos fueron puestos en libertad unas horas o días después, aunque la mayoría sigue detenida.

Dos miembros del Centro de Defensores de Derechos Humanos fueron arrestados por hombres vestidos de paisanos, respectivamente el 16 y 15 de junio. Estos miembros son Abdolfattah Soltani, abogado de Teherán y miembro fundador del Centro de Defensores de Derechos Humanos, y M. Abdolreza Tajik, miembro activo del Centro. Siguen detenidos en una ubicación desconocida.

El 12 de junio, fue arrestado M. Ahmad Zeyabadi, analista político y activista en sociedad civil. Se desconoce su paradero.

Según Reporteros sin fronteras, 34 periodistas han sido arrestados desde las elecciones presidenciales.

El 21 de junio, se pidió al fiscal general iraní Saeed Mortazavi que investigara las acciones de los líderes reformistas detenidos y los oficiales del partido. Mortazavi es muy conocido por su implicación en antiguos casos de tortura, detenciones ilegales y coacción de confesiones falsas. Estuvo involucrado en la muerte bajo custodia de Zahra Khazemi, la periodista iraní-canadiense, y las Naciones Unidas lo ha acusado de ser responsable de detenciones arbitrarias y represiones. [3]

6.Violación del derecho a defender los derechos humanos

Las autoridades cerraron el DHRC en diciembre de 2008. Sus oficinas aún permanecen cerradas.

Como hemos mencionado antes, Abdolfattah Soltani, miembro fundador del DHRC y abogado conocido en materia de derechos humanos, fue arrestado en la puerta de su casa el 16 de junio de 2009 por parte de dos personas vestidas de paisano, y no se tiene noticias de él desde entonces.

El señor Ahmad Zeydabadi, analista político y activista en sociedad civil fue arrestado el 12 de junio de 2009. Se desconoce su paradero.

La noche del 20 de junio, la señora Jila Baniyaghoob, una conocida activista en derechos de las mujeres fue arrestada en su casa de Teherán por parte de oficiales vestidos de paisano del Ministerio de Inteligencia. Se desconoce su paradero.

El 25 de junio, los medios de comunicación oficiales iraníes difundieron una carta sin firma supuestamente escrita por abogados, profesores de universidad y familias de veteranos y mártires, pidiendo al Ministro de Justicia, Gholam-Hussein Elhan, iniciar procedimientos judiciales contra la señora Shirin Ebadi por supuestas violaciones contra la ley islámica y constitucional a través de su apoyo a los derechos humanos. Dichas amenazas serían consecuencia directa de una serie de reuniones y conversaciones que la señora Ebadi consiguió por medio de la FIDH con usted y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Representante de la UE para la Política exterior y de Seguridad Común y Comisarios europeos de Relaciones exteriores, así como el Presidente y miembros del Parlamento europeo, para denunciar la actual situación de derechos humanos en Irán tras la represión. La señora Ebadi presentó públicamente el informe anual de 2009 del Observatorio en Génova el 19 de junio, planteando la gravedad de la situación de los defensores de derechos humanos en el país. Las autoridades iraníes son los supuestos responsables dichas amenazas.

Cinco expertos de las Naciones Unidas independientes se han hecho eco de su grave preocupación acerca del uso excesivo de la fuerza de la policía, arrestos y muertes arbitrarias durante las pasadas semanas en la República Islámica de Irán. Pidieron a las autoridades que se garantizaran los derechos de expresión y reunión por todo el país. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también ha expresado su preocupación tras conocer los informes sobre arrestos arbitrarios y uso ilegal de la fuerza por parte de fuerzas semi-oficiales, así mismo el Alto Comisionado ha recordado al gobierno iraní su responsabilidad dentro de la ley internacional de derechos humanos. Usted también ha expresado su consternación por la violencia post-electoral, en particular por el uso desproporcionado de la violencia contra los civiles, y pidió que se terminaran de forma inmediata los arrestos, amenazas y uso de la fuerza.

No obstante, estas peticiones no han conseguido todavía parar la represión y permitir una investigación independiente sobre estas violaciones.

El principal responsable de estas represiones, las autoridades iraníes, incluyendo su cuerpo judicial, no van a facilitar una investigación creíble ni eficiente sobre las violaciones que hemos presenciado. Tal y como hemos documentado en el presente escrito, la fiscalía, en particular el fiscal de Teherán, ha sido una herramienta para la represión, no una herramienta para la protección de las víctimas contra la violaciones.

ONGS y la sociedad civil, los medios de comunicación independientes de Irán y del extranjero están siendo reprimidos activamente para prevenir investigaciones y actividades de información.

Por tanto, sólo un organismo supranacional podría proporcionar a las víctimas una investigación adecuada sobre las violaciones que se han sucedido. Tal organismo existe hoy, y se ha establecido por medio de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/C.3/63/L.40.

Sin embargo, en vista de las medidas tan drásticas tomadas por parte de las autoridades iraníes sobre el acceso a información de las violaciones, es muy probable que usted se enfrente con la mera dificultad de acceder a fuentes fidedignas y obtener información verídica sobre los eventos que ocurrieron durante y tras las elecciones del 12 de junio.

Creemos, por tanto, que sería relevante y pertinente que usted nominara un enviado especial a que investigara la situación en Irán, bajo su directa responsabilidad. Tal enviado se beneficiaría de su autoridad en las relaciones con las autoridades iraníes, una autoridad que se le deniega a los grupos de derechos humanos de Irán o internacionales en el contexto de esta activa represión.

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