“El presidente Widodo está haciendo de Indonesia uno de los mayores verdugos del sureste asiático. Su determinación de aplicar la pena de muerte a los traficantes de drogas afecta gravemente a la reputación internacional de Indonesia y no contribuye en absoluto a librar al país del azote de las drogas.”
El 26 de julio de 2016 se informó que las autoridades de Indonesia habían programado la ejecución de al menos 14 reos del corredor de la muerte (trece hombres y una mujer), por fusilamiento, el 29 de julio de 2016.
Los catorce condenados, a quienes se notificó su ejecución con 72 horas de anticipación, en la prisión de Nusakambangan en Java Central, son los siguiente: Agus Hadi, Freddy Budiman, Merri Utami (mujer), y Pujo Lestari (Indonesia); Eugene Ape, Humphery Jefferson Ejike Eleweke, Obina Nwajagu, Michael Titus Igweh, Okonkwo Nongso Kingsley, y Ozias Sibanda (Nigeria); Fredderick Luttar (Zimbabwe); Gurdip Singh (India); Seck Osmane (Sudáfrica); y Zulfiqar Ali (Pakistán). Los catorce prisioneros han sido condenados por delitos relacionados con el tráfico de drogas. En junio de 2016 las autoridades declararon que existían 152 personas en espera en el corredor de la muerte y que se daría prioridad a las ejecuciones de traficantes de drogas; para este año se había planificado la ejecución de dieciséis de ellos y de treinta en 2017. Bajo mandato del presidente Widodo, en 2015 Indonesia ejecutó a catorce personas que habían sido condenadas por delitos relacionados con las drogas.
FIDH y KontraS condenan la falta de transparencia de Indonesia en relación con las próximas ejecuciones. Contrariamente a las últimas dos series de ejecuciones efectuadas en 2015, las autoridades indonesias se han abstenido de realizar anuncios oficiales sobre la fecha de las próximas ejecuciones y la identidad de los prisioneros que se enfrentarán el pelotón de fusilamiento.
FIDH y KontraS expresan igualmente su profunda preocupación por las informaciones que indican que al menos dos de los condenados que deben ser ejecutados fueron sentenciados a partir de pruebas basadas en confesiones obtenidas mediante tortura. El nigeriano Michael Titus Igweh afirmó que la policía le había aplicado choques eléctricos en las partes genitales con el fin de obligarlo a confesar estar en posesión de heroína. El pakistaní Zulfiqar Ali afirmó igualmente que había sido torturado después de haber sido detenido ilegalmente y forzado a confesar estar en posesión de drogas, confesión que negó posteriormente.
Las dos organizaciones reiteran el llamamiento hecho al presidente Widodo para que establezca sin demora una moratoria oficial de las ejecuciones y se conmuten todas las sentencias de muerte por penas de cárcel, como paso inicial hacia la abolición total de la pena capital en Indonesia.
La FIDH y KontraS insisten en la falta de pruebas concluyentes del efecto disuasorio de la pena capital sobre la delincuencia, inclusive para delitos relacionados con las drogas (EN).
Desde el punto de vista legal, la actual imposición de la pena de muerte por parte de Indonesia para los delitos relacionados con las drogas es una violación de las obligaciones internacionales del país en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Indonesia. El artículo 6 del PIDCP dispone que “En los países en que no hayan abolido la pena capital solo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos.” El Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH), que supervisa el cumplimiento de las disposiciones del PIDCP por los Estados Parte ha hecho énfasis repetidas veces en la clara violación del artículo 6 del PIDCP que constituye aplicar la pena capital a los delitos relacionados con las drogas, porque esta tipología de delitos no alcanza al umbral de “los crímenes más graves.”
“En cuanto a la pena de muerte, el presidente Widodo está avanzando en la dirección equivocada al mantener las ejecuciones y extender la pena capital a más delitos. Debe abandonar esta posición errónea sobre la pena de muerte y tomar medidas inmediatas y tangibles hacia su abolición.”
El 25 de mayo de 2016, el presidente Widodo firmó un decreto que introduce una enmienda a la Ley de Protección de la Infancia de 2002 y aplica la pena capital a los individuos condenados por violencia sexual contra niñas y niños. La pena capital se impondría en los casos en que las víctimas hayan muerto o sufrido graves lesiones mentales o físicas. El decreto se encuentra en espera de ratificación en la Cámara de Representantes.
FIDH y KontraS, ambas miembros de la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte (CMPM), reiteran su enérgica oposición a la pena de muerte, sean cuales sean los delitos y las circunstancias.