Astra Agro Lestari en Indonesia: Continúa la penalización, los abusos de los derechos humanos y el acaparamiento de tierras

21/09/2022
Carta abierta
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Carles Rabada via Unsplash

21 de septiembre de 2022. Representantes de pueblos indígenas, de la sociedad civil y de organizaciones comunitarias de todo el mundo han enviado una carta abierta a las empresas de bienes de consumo doméstico en la que les exigen que suspendan inmediatamente de sus cadenas de suministro a la segunda empresa de aceite de palma de Indonesia, Astra Agro Lestari, y que trabajen para reparar los daños causados a las comunidades afectadas. La carta está dirigida a la Coalición para la Acción Forestal Positiva del Foro de Bienes de Consumo –un consorcio de las principales marcas de consumo del mundo– antes de su reunión con motivo de la Semana del Clima de Nueva York de 2022.

A: Jon Moeller, Procter & Gamble, director general; Dirk Van de Put, Mondelēz, director general; Michele Buck, Hershey’s, director general; Steve Cahillane, Kellogg’s, director general; Noel R. Wallace, Colgate-Palmolive, director general; Alan Jope, Unilever, director general; Ulf Mark Schneider, Nestlé, director general; Ramón Laguarta, PepsiCo, director general.

CC: Foro de Bienes de Consumo; Coalición para la Acción Forestal Positiva en el Foro de Bienes de Consumo

CC: Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos

En calidad de representantes de los pueblos indígenas, la sociedad civil y las organizaciones comunitarias de todo el mundo, firmamos el presente escrito y nos dirigimos a ustedes en relación con la penalización, los abusos de los derechos humanos y el acaparamiento de tierras que se están produciendo en detrimento de la población agrícola local, las personas defensoras de los derechos humanos relacionados con la tierra y el medio ambiente y las comunidades por parte de su proveedor de aceite de palma Astra Agro Lestari (AAL) y su filial PT Mamuang en Sulawesi Central y Occidental, Indonesia.

AAL es la segunda mayor empresa de aceite de palma de Indonesia y suministra aceite de palma crudo (APC) de sus molinos a varias empresas de consumo, como Procter & Gamble, Hershey’s, Kellogg, Unilever, Mondelēz, Colgate-Palmolive, PepsiCo y Nestlé, entre otras.

En marzo de 2022, cinco agricultores indígenas, miembros del pueblo Kailo Tado, fueron detenidos por la policía de Pasangkayu, en Sulawesi Occidental, a raíz de las acusaciones formuladas por PT Mamuang. La empresa los acusó después de que miembros de la Alianza Comunitaria Kabuyu hubieran organizado una marcha hasta la oficina de PT Mamuang en febrero de 2022 en protesta por el continuo papel que desempeña la empresa en el proceso de acaparamiento forzoso de las tierras de las comunidades, lo que contribuye a la destrucción del medio ambiente, impacta negativamente en los medios de vida de las comunidades y en la penalización de las personas defensoras de los derechos humanos relacionados con la tierra y el medio ambiente. El líder de la marcha fue uno de los cinco agricultores detenidos. Cabe destacar que dos de los cinco agricultores detenidos no estaban presentes durante la marcha.

Este es solo el caso más reciente de penalización relacionado con AAL. Desde 2017, WALHI/Amigos de la Tierra Indonesia ha documentado al menos 10 casos de penalización relacionados con AAL. En 2017, se penalizó a cuatro agricultores de la aldea de Polanto Jaya por cosechar racimos de fruta de aceite de palma en sus propias tierras, para las que contaban con certificados legales de registro de tierras (SKPT) y certificados de propiedad (SHM) para demostrar que eran de su propiedad. Tras varias audiencias judiciales, se ordenó a cada una de las partes en litigio que mostrara la documentación relativa a sus derechos sobre la tierra. PT Mamuang no presentó la documentación de sus derechos legales sobre la tierra, pero el Tribunal del Distrito de Pasangkayu condenó a los cuatro residentes de Polanto Jaya a una pena de prisión de entre cuatro y siete meses.

En 2003, 107 familias de agricultores se movilizaron para defender sus tierras cuando se enteraron de que PT Mamuang había plantado palma aceitera fuera de la concesión de la HGU de la cuenca hidrográfica de Pasangkayu, que se encuentra a menos de 50 metros del borde de dicha cuenca hidrográfica. Desde entonces, los habitantes de Kaili Tado han ido ocupando poco a poco las tierras de palma aceitera plantadas por PT Mamuang y gestionando los terrenos que rodean su zona.

En 2010, tras varios años de desalojos forzosos y acaparamiento de tierras por parte de PT Mamuang, la empresa se enfrentó a las comunidades locales por la recolección de frutos de aceite de palma de las tierras de los agricultores. Cuando el agricultor local Franz Hemsi defendió a su comunidad, fue detenido y encarcelado por el supuesto robo de sus propias tierras, que la empresa reclamaba como parte de sus actividades. En 2015, PT Mamuang envió a un grupo de matones para intimidar a Hemsi y su familia. En 2017, presentó una denuncia policial contra PT Mamuang y posteriormente fue detenido por supuesto robo y destrucción de bienes. Hemsi fue condenado a prisión de nuevo, esta vez por un periodo de cinco meses y siete días.

En abril de 2018, Hemsi se puso en contacto con la Agencia Nacional de Tierras de Indonesia para registrar sus tierras con la esperanza de lograr el reconocimiento formal de sus derechos. La Agencia determinó que la empresa no tenía derecho legal a operar en las tierras de Hemsi. A pesar de ello, en diciembre de 2018, un día después de que su esposa diera a luz a su tercer hijo, Hemsi fue detenido por la policía y acusado de robo. Fue condenado de nuevo a cinco meses de prisión. En 2020, después de que Hemsi presentara un recurso ante el Tribunal Supremo de Indonesia, que continúa pendiente, y tras reunirse con los financiadores de AAL en Europa, se devolvió aproximadamente la mitad de las tierras que había acaparado la empresa.

Desde que PT Mamuang comenzó a operar con aceite de palma en 1991, la empresa se ha visto envuelta en prolongados conflictos por la tierra con las comunidades locales, se le ha acusado de tomar por la fuerza las tierras de las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado (CLPI), de penalizar a los agricultores y a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, y de ocupar ilegalmente la Zona Forestal Protegida de Indonesia. El pueblo indígena Kaili Tado se ha visto especialmente afectado por las actividades de AAL y PT Mamuang. El pueblo Kaili Tado produce diversos cultivos, como arroz, maíz, cacao y coco, pero cuando la empresa invadió sus tierras ancestrales, perdieron el acceso a los terrenos productivos.

Un informe de marzo de 2022 documentaba el modo en que AAL y sus filiales que operan en Sulawesi Central y Occidental han cometido numerosas violaciones del medio ambiente, los derechos humanos y la gobernanza, han mantenido prolongados conflictos por la tierra con las comunidades locales, han llevado a cabo un violento acaparamiento de tierras con la complicidad de las fuerzas de seguridad indonesias, así como deforestación ilegal, invasión de los bosques y contaminación del suelo, el aire y el agua, con repercusiones negativas en los medios de vida de las comunidades. Además de los múltiples casos de criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos sobre la tierra y el medio ambiente, se estableció que PT Mamuang había ocupado ilegalmente 255 hectáreas de la Zona Forestal Protegida de Indonesia, talando bosques y plantando aceite de palma. Además, PT Mamuang infringe el Reglamento gubernamental número 38 de 2011 relativo a los ríos, que establece que las empresas de aceite de palma no pueden plantar en la zona ribereña, situada a 50 metros de la orilla del río.

Tal y como exige la normativa internacional, como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, las empresas consumidoras tienen la responsabilidad de hacer frente a las flagrantes y persistentes violaciones de la legislación indonesia, así como de las leyes y normas internacionales de derechos humanos por parte de AAL. La política de No Deforestación, No Turba y No Explotación (NDPE) y los compromisos adquiridos al respecto exigen que las empresas tomen medidas significativas para rendir cuentas y velar por el respeto de los derechos humanos. Instamos a su empresa y a todos los miembros del Foro de Bienes de Consumo a:

- Suspender su aprovisionamiento de aceite de palma y de almendra de palma de AAL hasta que se hayan resuelto los conflictos entre las filiales de AAL y las comunidades locales, se hayan devuelto a la comunidad las tierras ocupadas por las filiales de AAL sin su consentimiento y se haya acordado y proporcionado una compensación a la población agrícola afectada. El aprovisionamiento de AAL y sus filiales únicamente se debe reanudar una vez que se haya verificado de forma completa, transparente e independiente que las operaciones de AAL cumplen con los requisitos de la NDPE, incluida la documentación que demuestre el CLPI de todas las comunidades afectadas con su consentimiento a la producción de aceite de palma actual en sus tierras, que se han reparado el perjuicio causado, que se ha proporcionado una compensación a las comunidades afectadas y que todos los permisos y licencias legalmente requeridos están en orden.

- Adoptar y publicar protocolos de incumplimiento exhaustivos que incluyan umbrales claros para la suspensión y el cese de la contratación de proveedores que hayan violado las políticas de la NDPE. Los protocolos de incumplimiento deben definir las medidas a tomar para reanudar el aprovisionamiento de los proveedores incumplidores, así como la verificación independiente para garantizar que todas las medidas tomadas se ajustan a las leyes nacionales, a las leyes y normas internacionales de derechos humanos y a los requisitos de la NDPE.

- Adoptar y publicar políticas y procedimientos específicos sobre los derechos humanos que garanticen una tolerancia cero ante la violencia, la intimidación, el asesinato y la penalización de las personas defensores de los derechos humanos, entre ellas, las personas defensoras de los derechos relativos a la tierra y el medio ambiente. Estas políticas se deben desarrollar con las aportaciones de las personas defensoras de los derechos humanos y de acuerdo con las mejores prácticas descritas por la Iniciativa de Tolerancia Cero y las normas internacionales de derechos humanos, y deben defender los derechos comunitarios sobre la tierra y los recursos, así como el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI).

- Garantizar que los mecanismos de reparación de agravios se ajustan a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y son transparentes y accesibles para las comunidades afectadas, y proteger a las personas defensoras de los derechos humanos sobre la tierra y el medio ambiente de la violencia y la intimidación.

No existe justificación alguna para permitir, posibilitar y perpetuar la penalización, la represión y los abusos de los derechos humanos en la producción de los productos de consumo de su empresa. Pedimos que se ponga fin a estas prácticas, hoy mismo.

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  • Co-firmantes

    1. Andrew Lees Trust (ALT UK) — United Kingdom
    2. Anthropocene Alliance — United States of America
    3. Abibinsroma Foundation — Ghana
    4. Acción Ecológica — Ecuador
    5. African Law Foundation (AFRILAW) — Nigeria
    6. Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industries and Energy (AIPNEE) — Asia
    7. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) — Asia
    8. Biofuelwatch — United Kingdom, United States of America
    9. Bir Duino — Kyrgyzstan
    10. Buliisa Initiative for Rural Development Organization (BIRUDO) — Uganda
    11. Center for International Environmental Law (CIEL) — Switzerland
    12. Climate Finance Action — United States of America
    13. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz — Colombia
    14. Congreso indigenas Maje Embera Drua — Panama
    15. Consejo Regional del Pueblo Chango Valparaíso - Colchagua — Chile
    16. Corporate Justice Coalition — United Kingdom
    17. Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) — Ecuador
    18. Ejido San Crisanto, Yucatan — Mexico
    19. Environmental Defender Law Center — United States of America
    20. Fair World Project — United States of America
    21. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) — Paraguay
    22. Forest Peoples Programme — United Kingdom
    23. Friends of the Earth US — United States of America
    24. FIDH (International Federation for Human Rights), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders
    25. Friends of the Earth Japan — Japan
    26. Global Justice Now — United Kingdom
    27. Green Advocates International — Liberia
    28. Global Justice Ecology Project — United States of America
    29. Genetic Resources Action International (GRAIN) — United States of America
    30. Haki Jamii Rights Centre — Kenya
    31. Inclusive Development International — United States of America
    32. International Work Group For Indigenous Affairs (IWGIA) — Denmark
    33. Indigenous Perspectives — India
    34. Indigenous Women Legal Awareness Group (INWOLAG) — Nepal
    35. Jamaa Resource Initiatives — Kenya
    36. LAHURNIP — Nepal
    37. Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming — Netherlands
    38. Legal Rights and Natural Resources Center (FoE Philippines) — Philippines
    39. Lembaga Bantuan Hukum ANGSANA (LBH ANGSANA) — Indonesia
    40. Les Amis de la Terre-Togo (FoE-Togo) — Togo
    41. National Family Farm Coalition — United States of America
    42. Otros Mundos Chiapas (FoE-Mexico) — Mexico
    43. The Oakland Institute — United States of America
    44. Oyu Tolgoi Watch — Mongolia
    45. Pakistan Fisherfolk Forum — Pakistan
    46. Rivers without Boundaries Coalition — Northeast Eurasia
    47. Rainforest Action Network (RAN) — United States of America
    48. Sierra Leone Land Alliance — Sierra Leone
    49. Society of Native Nations — United States of America
    50. The People’s Justice Council — United States of America
    51. WALHI Central Sulawesi — Indonesia
    52. WALHI National Executive — Indonesia
    53. Water Justice and Gender — Netherlands
    54. Witness Radio — Uganda
    55. World Organisation Against Torture (OMCT), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders

  • Organismos miembros - Indonesia
    Indonesia

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