20 de mayo de 2025. FORUM-ASIA y la FIDH instan a la India y a Pakistán a que mantengan el alto el fuego y respeten las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, garantizando la protección y la asistencia a toda la población civil y, en particular, a las personas desplazadas o que se encuentran en zonas adyacentes a la línea de control.
Las recientes hostilidades –ataques aéreos, ataques con drones, bombardeos y fuego de artillería– provocaron víctimas civiles, la destrucción de viviendas e infraestructuras y desplazamientos masivos, lo que supone una clara vulneración de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del derecho internacional humanitario consuetudinario.
"En medio de una renovada atención mundial, no se puede continuar ignorando las voces de las personas más afectadas. Estamos ante una oportunidad crucial para centrar la atención en los derechos, la capacidad de acción y la participación de la propia población cachemir. En cambio, seguimos viendo como se utilizan las detenciones arbitrarias y la instrumentalización de la ley como herramientas sistémicas para reprimir a los medios de comunicación independientes y a las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales se han visto obligadas a cerrar, así como para obstaculizar su participación en el debate público y la toma de decisiones políticas", afirmó Mary Aileen Diez-Bacalso, directora ejecutiva de FORUM-ASIA.
Cachemira, un problema mundial
Durante las últimas semanas, la respuesta de la comunidad internacional a la crisis ha puesto de relieve que la situación en Cachemira no puede considerarse únicamente como un "asunto interno", tal y como sostiene la India.
Los Estados Unidos se han ofrecido a mediar entre Pakistán y la India para alcanzar una "solución" política al conflicto de Cachemira, tras su papel en la negociación de un alto el fuego temporal. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a la máxima moderación y a alcanzar una resolución diplomática.. Todo ello refleja la obligación permanente de la comunidad internacional de considerar la situación en Cachemira como un conflicto prolongado y sin resolver con graves consecuencias en el plano de los derechos humanos.
El estatuto jurídico internacional de Cachemira está sólidamente fundamentado en las resoluciones 47, 91, and 122, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que reafirman el carácter disputado del territorio y piden que se ejerza el derecho a la libre determinación mediante un plebiscito imparcial. Todo ello se ha visto reforzado por los informes de 2018 y 2019 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que documentó la denegación de los derechos civiles y políticos tanto en la parte de Cachemira administrada por la India como en la administrada por Pakistán, y solicitaron que se llevaran a cabo investigaciones internacionales independientes.
"Todavía no se ha resuelto la cuestión del estatuto de Cachemira, ya que ni la India ni Pakistán han permitido que el pueblo de la región ejerza libremente su derecho a la autodeterminación. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha dejado claro en múltiples resoluciones que el pueblo de Cachemira debe poder ejercer su derecho a la autodeterminación. Negar a la población cachemir su derecho a la autodeterminación no constituye solo una vulneración jurídica, sino que supone un profundo ataque a la credibilidad del sistema mundial de derechos humanos", declaró Juliette Rousselot, directora adjunta para Asia de la FIDH.
Los recientes acontecimientos, junto con los instrumentos internacionales mencionados, invitan a reconsiderar el discurso de la exclusividad soberana cuando están en juego derechos humanos fundamentales. Además, refuerzan la responsabilidad de la comunidad internacional, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, de proteger a la población civil, garantizar la rendición de cuentas y defender el derecho a la autodeterminación, consagrado en el artículo 1 común al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos ratificados por la India.
Por otra parte, en la Opinión Consultiva sobre Kósovo emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2010, se afirma que el derecho internacional no prohíbe las expresiones de voluntad política, en particular en contextos de exclusión prolongada de una representación significativa. Aunque esto no origina un derecho general, en dicha Opinión se pone de manifiesto que no se pueden desestimar estas aspiraciones únicamente mediante afirmaciones de soberanía territorial.
Derechos humanos y crisis democrática
La situación de los derechos humanos en la Cachemira administrada por la India se ha deteriorado gravemente desde la derogación del artículo 370 de la Constitución de la India en el año 2019. Las detenciones arbitrarias realizadas en virtud de la Ley de Seguridad Pública, el uso indebido de la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas, los prolongados cortes de Internet, la represión de la disidencia pacífica y la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos periodistas y partes de la sociedad civil se han convertido en prácticas sistemáticas. Estas medidas continúan limitando la capacidad de la población cachemir para participar en la vida política, la libertad de expresión y de reunión, lo que socava sus condiciones para participar de forma significativa en el futuro de la región.
En la Cachemira bajo administración de Pakistán, aunque la represión estatal directa resulta menos visible, las constantes restricciones a la participación política, la libertad de expresión y el autogobierno local continúan socavando los derechos democráticos. Varios informes de observación internacional, como el del Parlamento Europeo y de organizaciones como Human Rights Watch, han expresado su preocupación por las restricciones impuestas a los medios de comunicación independientes, el pluralismo político y la marginación de los grupos minoritarios.
Las comunidades fronterizas establecidas a lo largo de la línea de control viven en un miedo constante, desplazadas, traumatizadas y silenciadas por un conflicto que no han elegido.
"Las personas cachemires no son meras destinatarias pasivas de la gestión del conflicto, sino titulares de derechos cuya capacidad de acción colectiva, aspiraciones políticas y experiencias vividas han sido reprimidas durante mucho tiempo tanto por la represión interna como por la indiferencia internacional", afirmó Bacalso.
"No existe ninguna solución al conflicto de Cachemira que pueda considerarse legítima, sostenible o respetuosa con los derechos humanos si no cuenta con la participación plena, libre e informada de la propia población cachemir", afirmó Rousselot.
Llamamiento a la acción
FORUM-ASIA y la FIDH instan al ACNUDH y a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos a que inicien urgentemente una investigación exhaustiva, independiente e internacional sobre las violaciones que se están cometiendo en la Cachemira administrada por la India y por Pakistán, de conformidad con las recomendaciones formuladas por el ACNUDH en 2018 y 2019.
Instamos además a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que colaboren de manera constructiva con todas las partes. Del mismo modo, les pedimos que apoyen un proceso de paz multilateral basado en los derechos, centrado en la capacidad de acción política de Cachemira y fundamentado en las obligaciones jurídicas internacionales, entre otras, el derecho a la libre determinación.
Hacemos un llamamiento a la sociedad civil mundial para que refuerce su solidaridad con las personas cachemires, en particular con las personas defensoras de los derechos humanos que se encuentran encarceladas, periodistas independientes y organizaciones locales de la sociedad civil, que siguen siendo objeto de una represión selectiva.
Instamos a la resistencia colectiva contra el abuso continuado de los marcos jurídicos, la militarización, la criminalización de la disidencia, la censura y la vigilancia masiva.