(Ginebra, 18 de enero de 2021) – El Gobierno indio debe poner fin de inmediato al Centre for Promotion of Social Concerns y a su unidad de programa People’s Watch, según afirman hoy diez grupos de derechos humanos. El Gobierno debe dejar de utilizar la Ley de Regulación de las Aportaciones Extranjeras y otras leyes abusivas destinadas a silenciar a la sociedad civil en la India.
Estas organizaciones son Amnistía Internacional, el Foro Asiático para los Derechos Humanos y el Desarrollo (FORUM-ASIA), Solidaridad Cristiana Mundial (CSW), Front Line Defenders, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Red Internacional de Solidaridad con los Dalits, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (SIDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), así como la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.
El 8 de enero de 2022, la Oficina Central de Investigación (CBI) de la India registró las oficinas de la organización no gubernamental Centre for Promotion of Social Concerns (CPSC) en Madurai, en el estado de Tamil Nadu. Los agentes del CBI entraron en los locales del grupo y se incautaron de varios documentos. Además, informaron al Centre for Promotion of Social Concerns de que estaban investigando acusaciones de fraude e irregularidades financieras en virtud de la Ley de Regulación de las Aportaciones Extranjeras, una ley que regula la financiación extranjera de las organizaciones no gubernamentales indias.
El Centre for Promotion of Social Concerns, una destacada organización de derechos humanos más conocida por su unidad de programa People’s Watch, vigila los abusos contra los derechos humanos, trabaja con víctimas de abusos marginadas social y económicamente, incluso cuando estos son cometidos por la policía, y lleva a cabo actividades de sensibilización y formación en derechos humanos. En 2016, el Ministerio del Interior rechazó la solicitud de renovación del grupo en virtud de la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras y afirmaron que el motivo era "un informe de un organismo que trabaja en este ámbito", algo que, según los/as líderes de la sociedad civil se refiere a los informes de las agencias de inteligencia o del personal de las fuerzas del orden.
Cuando el Centre for Promotion of Social Concerns impugnó la decisión del gobierno ante el Tribunal Superior de Delhi, el Ministerio del Interior dijo al tribunal que el grupo utilizaba financiación extranjera para compartir información con las Relatorías Especiales de las Naciones Unidas y las embajadas extranjeras, y que "transmitían una impresión negativa sobre el historial de derechos humanos de la India... en detrimento de la imagen del país". El gobierno lo calificó de "actividades indeseables que perjudican el interés nacional".
La respuesta del Gobierno en los tribunales es una prueba de que está violando las obligaciones internacionales de la India al señalar a un grupo por promover el respeto a los instrumentos internacionales de derechos humanos y cooperar con los mecanismos de derechos humanos de la ONU. El Gobierno alegó igualmente irregularidades financieras a pesar de que el Tribunal Superior de Delhi ya había absuelto al grupo de esos cargos en 2014, después de que la organización impugnara hechos similares en 2012 y 2013. El caso sigue pendiente.
El Gobierno parece haber ignorado sistemáticamente las sentencias judiciales a favor de las organizaciones de la sociedad civil y sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y asociación. Los tribunales han recordado en repetidas ocasiones al Gobierno que, en una democracia, la disidencia pacífica está protegida y no puede ser amordazada.
El acoso constante al Centre for Promotion of Social Concerns y a People’s Watch viola su derecho a la libertad de asociación y al acceso a la financiación, y parece tener por objeto sancionar a la organización por sus actividades de derechos humanos y a intimidar a su personal.
Esta ofensiva forma parte de una represión más amplia de la sociedad civil en la India, que se ejerce incluso mediante el uso de leyes draconianas como la ley sobre sedición y el terrorismo. Desde 2016, las autoridades han revocado, suspendido o denegado la renovación de la licencia en virtud de esta ley a cientos de grupos de la sociedad civil, o los han acusado de evadir la ley y han congelado sus cuentas bancarias. Entre ellos se encuentran el Foro de Acción Social de la India, Lawyers Collective, Sabrang Trust, Navsarjan Trust, Anhad, Oxfam India, Greenpeace y Amnistía Internacional India. Los grupos que trabajan por los derechos de los grupos más vulnerables de la India, como la población dalit y adivasi, así como las minorías religiosas, son especialmente vulnerables.
A lo largo de los años, varios organismos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por el uso de la Ley de Regulación de las Aportaciones Extranjeras para silenciar las voces disidentes. En 2016, tres personas expertas en derechos humanos de la ONU instaron al gobierno a derogar esta ley, debido a que se estaba utilizando para "obstruir" el acceso a la financiación extranjera y que "no cumple con las normas internacionales de derechos humanos." En octubre de 2020, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó en una declaración que las disposiciones de esta ley, excesivamente amplias y formuladas de una forma muy poco precisa, están "abiertas a los abusos" y que la ley " se está utilizando de hecho para disuadir o castigar a las ONG por informar y defender los derechos humanos que las autoridades perciben como elementos de naturaleza crítica."
Sin embargo, en 2020, el parlamento indio aprobó enmiendas a esta ley que añadían una supervisión gubernamental intrusiva, reglamentos y procesos de certificación adicionales y requisitos operativos, que han afectado aún más negativamente al acceso de los grupos de la sociedad civil a la financiación extranjera y a su capacidad para llevar a cabo su labor de derechos humanos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de India debe investigar sin demora la negativa del Gobierno de renovar el registro del Centre for Promotion of Social Concerns en virtud de esta ley y tomar todas las medidas adecuadas y necesarias para proteger a las personas defensoras y las organizaciones de derechos humanos, incluido su derecho a la libertad de asociación y al acceso a la financiación.
Las autoridades indias deben poner fin inmediatamente a todos los actos de hostigamiento contra el Centre for Promotion of Social Concerns y de People’s Watch, retirar todas las denuncias contra la organización y renovar su registro en virtud de la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras, con el fin de permitirle reanudar su trabajo en el ámbito de los derechos humanos. El Gobierno también debe modificar la Ley de Regulación de las Contribuciones Extranjeras para adaptarla al derecho internacional y a las normas de derechos humanos y dejar de utilizarla para atacar a las personas defensoras y al resto de personas que ejercen sus derechos humanos básicos. Además, debe garantizar que todas las personas defensoras y las organizaciones de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades sin ningún tipo de obstáculo ni temor a represalias.