París, 28 de agosto de 2026. El 25 de agosto de 2026, el CERD de la ONU publicó sus conclusiones y recomendaciones (denominadas Observaciones finales) sobre la India, tras la revisión de los informes periódicos combinados 20.º y 21.º del país relativos a la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), que tuvo lugar los días 11 y 12 de agosto de 2026 en Ginebra. El CERD supervisa la aplicación de las disposiciones de la Convención por los Estados parte, entre ellos la India.
Algunas de las observaciones finales del CERD reflejaron la información presentada por la FIDH y sus organizaciones asociadas en dos informes conjuntos remitidos al CERD como parte del proceso de revisión del país.
Por ejemplo, el CERD expresó su preocupación por las deficiencias actuales del marco legislativo indio, entre ellas la falta de una definición integral de la discriminación racial y la ausencia de tipificación penal explícita de todos los actos de discurso de odio racista y delitos de odio. Asimismo, manifestó su inquietud por "las informaciones sobre discriminación racial generalizada, incluidos los delitos de odio y discursos de odio", transmitidos incluso por figuras políticas. El CERD instó al Gobierno indio a revisar su marco legislativo para subsanar estas deficiencias y adoptar medidas efectivas destinadas a mejorar la rendición de cuentas por discursos y delitos de odio.
El CERD se mostró "gravemente preocupado" por los informes sobre violaciones generalizadas de los derechos humanos contra grupos étnicos y etnoreligiosos, pueblos indígenas y tribales, y personas no ciudadanas que abarcan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual. En este sentido, instó a las autoridades indias a garantizar el procesamiento y la exigencia de responsabilidades a quienes hayan cometido tales actos.
En cuanto al espacio cívico, el CERD expresó su preocupación por la aplicación de disposiciones legales como la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA), la Ley de Prevención de Actividades Ilícitas (UAPA), la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA) y la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) para restringir los derechos a la libertad de expresión y de asociación, así como para silenciar a quienes defienden los derechos humanos, incluidas las personas dedicadas a la protección de los derechos de las minorías. Recomendó a las autoridades revisar dicha legislación y garantizar un entorno propicio para la sociedad civil.
El CERD también abordó con preocupación la situación específica de las comunidades dalits, los pueblos indígenas y tribales, las tribus nómadas y seminómadas, las personas trabajadoras del hogar, así como las personas migrantes y solicitantes de asilo, y formuló diversas recomendaciones dirigidas a atender sus realidades. En particular, el CERD destacó su preocupación por las deportaciones y las devoluciones forzosas de personas solicitantes de asilo rohinyás, así como por el uso del discurso de odio por parte de figuras políticas y otras personalidades públicas contra la población rohinyá y musulmana de habla bengalí. Por último, el CERD formuló recomendaciones relativas al derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, al derecho a la salud, así como al Registro Nacional de Ciudadanos y a la Ley de Enmienda de la Ciudadanía.