Cachemira: se deniega el acceso a los observadores de la ONU para investigar las actuales violaciones de los derechos humanos

18/08/2016
Comunicado
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(Madurai, París) La FIDH y People’s Watch están profundamente preocupados por las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo en la región de Cachemira y están consternados al observar que los Gobiernos de India y Pakistán no han permitido el acceso de los observadores independientes de las Naciones Unidas (ONU) a la región.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tanto las autoridades pakistanís como las indias han denegado a la ONU el acceso la región de Cachemira para observar e investigar las alegaciones de graves vulneraciones de los derechos humanos y de violencia cometidas por las fuerzas de seguridad.

Desde el asesinato de Burhan Wani y de otros dos militantes de Hizb-ul-Mujahedin [1] durante un tiroteo con las fuerzas indias de seguridad el 8 de julio de 2016, han estallado manifestaciones masivas en todo el estado de Jammu y Cachemira. En respuesta a las protestas, a veces violentas, y a los saqueos, las autoridades indias han respondido con una intensa represión, disparando a manifestantes y civiles con escopetas de perdigones [2] y deteniendo arbitrariamente a cientos de personas. Actuando bajo la autoridad otorgada por la la Ley de atribuciones especiales de las fuerzas armadas y la Ley de Seguridad Pública, la policía y las fuerzas de seguridad han ignorado los derechos y libertades fundamentales y han atacado a la población civil indefensa. Parece ser que estos enfrentamientos habrían causado al menos 60 muertes, además de 5.000 personas civiles y 4.500 miembros de personal de seguridad heridos.

El Gobierno también impuso un toque de queda y el bloqueo total de los teléfonos, del acceso a internet y de los medios de comunicación en el estado de Jammu y Cachemira desde el 9 de julio. Se han allanado las oficinas de los medios de comunicación, se han confiscado periódicos y se han interrumpido las telecomunicaciones. A pesar de que el 26 de julio se volvió a activar el servicio de internet móvil, el toque de queda sigue vigente después de más de un mes. Esta represión ha dejado aislada a la población local, en una situación de gran vulnerabilidad, ya que los grupos independientes no pueden acceder a la región ni comprobar las denuncias de la violencia en curso.

El 10 de agosto pasado, el Parlamento de la India adoptó unánimemente una resolución pidiendo que una delegación compuesta por representantes de todos los partidos visite Cachemira para entablar conversaciones con las partes implicadas, entre ellos, miembros de la sociedad civil, con objeto de resolver las tensiones existentes. A pesar de que dichas conversaciones con las partes implicadas son un gesto que acogemos con satisfacción, nuestras organizaciones insisten en que es necesario permitir el acceso a la región a observadores independientes, para garantizar el fin de la violencia y de las actuales violaciones de los derechos humanos. Además, es necesario llevar a cabo una investigación independiente para velar por que se rindan cuentas de toda vulneración que pueda haber tenido lugar.

Por tanto, rogamos a los Gobiernos de India y Pakistán que permitan el acceso de los observadores independientes de la ONU y de otros periodistas y grupos de derechos humanos. Recordamos asimismo a estas autoridades que su obligación, según establece el derecho internacional, es velar por la protección de la población civil y respetar el libre ejercicio de su derecho a la libertad de expresión pacífica, de movimiento y de acceso a la información. Condenamos el uso de escopetas de perdigones como medida de control de la multitud e instamos a las autoridades correspondientes a que velen por que estas medidas dejen de utilizarse contra la población civil indefensa, de conformidad con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ambos de Naciones Unidas [3]

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