HRD Memorial recopiló y verificó información sobre los asesinatos de 25 personas defensoras de los derechos humanos ocurridos en 2020 en Filipinas. Únicamente en los seis primeros meses de 2021, se ha asesinado a 15 personas defensoras de los derechos humanos en el país. Cada uno de estos 40 asesinatos [1]. cometido en el periodo de 18 meses que va de enero de 2020 a junio de 2021 es terrible, y la tendencia resulta especialmente preocupante porque estos asesinatos se han producido con absoluta impunidad.
Entre las personas defensoras asesinadas en los últimos 18 peses se encuentran Zara Álvarez (38), jurista del grupo de derechos humanos Karapatan y responsable de investigación e incidencia del Programa Integrado de Salud en la Isla de Negros, y Randall "Ka Randy” Echanis (72), líder campesino y asesor para la paz desde hace tiempo. Sus asesinatos siguen una pauta habitual de violencia y de etiquetado público de las personas defensoras de los derechos humanos en el país. En 2018, los nombres de ambos figuraban en una lista de al menos 600 personas que el Departamento de Justicia de Filipinas pidió a un tribunal que calificara de "terroristas" y, aunque posteriormente se retiraron sus nombres de dicha lista, las consecuencias de este tipo de acoso contra las personas activistas resulta claramente mortal.
Esta práctica consiste en que miembros de la administración del gobierno de Duterte etiquetan a las personas defensoras de los derechos humanos como "comunistas", "terroristas" y "simpatizantes". Doce meses después de sus asesinatos, no se ha producido ninguna detención ni hay ninguna persona sospechosa.
En Filipinas, las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente, así como las personas defensoras de las comunidades indígenas, se enfrentan a riesgos muy graves cuando intentan defender pacíficamente sus tierras y oponerse a los grandes proyectos industriales. Estas personas se encuentran desproporcionadamente representadas en las cifras de las personas defensoras asesinadas en los últimos 18 meses. El 30 de diciembre de 2020, el defensor de los derechos indígenas Roy Giganto fue uno de los nueve campesinos y personas defensoras de los derechos humanos asesinados en una masacre que tuvo lugar en varios pueblos de la isla de Panay en una operación policial y militar coordinada. Antes de la matanza, estos líderes habían sido etiquetados y acusados públicamente por los militares de ser miembros y partidarios del Partido Comunista de Filipinas-Nuevo Ejército del Pueblo (CPP-NPA). En realidad, eran, en su totalidad, dirigentes de la organización Tumanduk, una alianza de comunidades de pueblos indígenas de las provincias de Capiz e Iloilo, y se oponían sistemáticamente a las violaciones de derechos humanos que se producían en sus localidades, a la vez que abogaban por la protección de sus derechos como pueblos indígenas. Antes de este ataque, se habían opuesto activamente (y habían logrado retrasar) el avance de la Mega Presa del Proyecto Multipropósito del Río Jalaur, un proyecto conjunto de los gobiernos de Filipinas y Corea del Sur que se teme que provoque el desplazamiento de al menos 17 000 indígenas Tumandok [2]
Con el gobierno de Duterte, los autores de estos crímenes –ya sean policías, militares o agentes no estatales– saben que pueden quedar impunes del asesinato de personas defensoras de los derechos humanos en Filipinas. Rara vez se investigan este tipo de muertes, lo que aumenta la vulnerabilidad de las personas defensoras de los derechos humanos que permanecen activas, al tiempo que socava la confianza de la comunidad de los derechos humanos en el sistema de justicia. Además, la Ley Antiterrorista, aprobada apresuradamente en julio de 2020, ha agravado aún más la precaria situación de las personas defensoras de los derechos humanos al formalizar legalmente la práctica de "etiquetar públicamente" a las personas defensoras utilizando unas definiciones demasiado amplias y vagas de terrorismo.
Hoy, en solidaridad con la comunidad de derechos humanos de Filipinas, hacemos un llamado a todos los gobiernos para que condenen los asesinatos de las personas defensoras de los derechos humanos en Filipinas y envíen un mensaje al gobierno de Duterte pidiendo que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre los 40 asesinatos que han tenido lugar en los últimos 18 meses, e instando a un compromiso por parte del gobierno para llevar a los autores ante la justicia. Además, pedimos a los gobiernos que tomen las medidas que sean necesarias en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y respalden una investigación a nivel internacional sobre los homicidios ilegítimos y otras violaciones graves en Filipinas. Estos asesinatos forman parte de una persecución generalizada de la comunidad de derechos humanos en el país, y se debe responder a ellos mediante la investigación inmediata de los hechos, la derogación de la Ley Antiterrorista de 2020 y el compromiso de la administración Duterte de promover y proteger a las personas defensoras de los derechos humanos.