París, La Haya, Manila, 14 de marzo de 2025. Hoy, la FIDH y su organización miembro PAHRA aplauden el traslado del ex presidente filipino, Rodrigo Duterte, a la CPI, en su primera comparecencia ante la Corte - un paso significativo hacia la rendición de cuentas por presuntos crímenes de lesa humanidad en Filipinas. La brutal campaña de "guerra contra las drogas" de Duterte se cobró miles de vidas, en su mayoría de comunidades urbanas pobres, muchas de las cuales murieron en operaciones policiales o ataques de vigilantes parapoliciales, a menudo en espacios públicos.
Duterte se enfrentará a estas acusaciones de crímenes de lesa humanidad en la audiencia de confirmación de cargos prevista para el 23 de septiembre de 2025, en la que los jueces de la CPI determinarán si hay pruebas suficientes para proceder a juicio. A pesar de la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, la CPI mantiene su jurisdicción sobre los crímenes cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
Durante demasiado tiempo, las víctimas y supervivientes de Filipinas han esperado justicia. Para el Secretario General de la PAHRA, Edgardo "Egay" Cabalitan, "La detención de Duterte supone un gran avance en la búsqueda de justicia para las víctimas de la “guerra contra las drogas” y sus familias, tras haber sido abandonadas por el sistema judicial filipino, que no ha conseguido que los responsables rindan cuentas. La mayoría nunca se han visto ante los tribunales, sin investigaciones adecuadas ni reconocimiento oficial de los delitos, por lo que un juicio ante la CPI supondría por fin el reconocimiento formal de su sufrimiento. Este momento es significativo para las víctimas de Filipinas y para todas aquellas que siguen esperando justicia en todo el mundo".
Las autoridades filipinas han actuado con decisión cooperando con el Tribunal
En un momento en el que la CPI se enfrenta a múltiples amenazas críticas, como las sanciones de Estados Unidos, los llamamientos a desfinanciarla y bloquear las investigaciones, los intentos de espionaje, los ciberataques y la emisión de órdenes de detención contra funcionarios de la Corte, la comparecencia de Duterte ante la CPI envía un poderoso mensaje sobre la legitimidad de la Corte y su capacidad para exigir responsabilidades a los dirigentes.
Esta transferencia también permite a la CPI cumplir su mandato en medio de un creciente escrutinio sobre la falta de próximos juicios y salas vacías. A pesar de las más de 30 órdenes de detención pública pendientes, los Estados Partes en la CPI no han cooperado con la Corte en las detenciones y entregas. Casi dos meses después de que Italia, Estado Parte en la CPI, no entregara a un sospechoso, las autoridades filipinas han actuado con decisión cooperando con la Corte, demostrando que la rendición de cuentas es posible cuando hay voluntad política, y ello a pesar de haberse retirado del Estatuto de Roma.
La audiencia de hoy demuestra que la justicia internacional puede ser rápida cuando se dan las condiciones políticas y la cooperación de los Estados. La rendición de Duterte indica que ya no está fuera del alcance de la justicia.
Según Guissou Jahangiri, Secretario General de la FIDH, "el caso contra Duterte es significativo no sólo para las víctimas de sus presuntos crímenes, sino también para la justicia internacional. Refuerza la misión principal de la CPI: hacer rendir cuentas incluso a los más poderosos. Mientras la Corte dicta órdenes de detención contra múltiples jefes de Estado, la comparecencia de Duterte es un duro recordatorio de que nadie está por encima de la ley. El mensaje a otros líderes es claro: puede que hoy se sientan protegidos, pero la rendición de cuentas llegará. Nadie goza de impunidad para siempre."
Acogiendo con satisfacción el traslado de Duterte a la CPI como un paso crucial para poner fin a la impunidad de los principales crímenes internacionales, la FIDH y la PAHRA instan a Filipinas a reincorporarse a la CPI como una clara demostración de su compromiso con la justicia internacional. Hacen un llamamiento a Filipinas para que investigue de manera significativa y busque la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por otros autores de las atrocidades de la "guerra contra las drogas", incluidos los agentes de policía y los funcionarios que ejecutaron o sancionaron los asesinatos, ya sea a través de procesos nacionales de rendición de cuentas o de una mayor cooperación con la CPI.