El informe, titulado“DOWN, BUT NOT OUT - Repression of human rights defenders in Cambodia” [Caídas, pero no derrotadas – La represión de las personas defensoras de los derechos humanos en Camboya], muestra la forma en que las personas defensoras de los derechos humanos, como las personas defensoras de los derechos sobre la tierra y del medio ambiente, dirigentes sindicales, defensoras de los derechos de las mujeres, activistas cibernéticos y periodistas han sufrido un aumento de la violencia, la intimidación, la detención y el acoso judicial por parte del Estado, mientras el espacio cívico ha seguido reduciéndose. Las autoridades gubernamentales han vigilado e interferido en decenas de actos relacionados con los derechos humanos, como las manifestaciones pacíficas y los talleres de derechos humanos. El informe también documenta el modo en que el Gobierno camboyano ha utilizado leyes represivas y tribunales complacientes para acosar e intentar silenciar a las personas defensoras de los derechos humanos.
"En Camboya, se ha atacado y criminalizado sistemáticamente a las personas y comunidades por defender los derechos humanos. Las autoridades camboyanas deben poner fin a esta práctica inaceptable, permitir que la sociedad civil actúe en condiciones de seguridad y reconocer la legitimidad de las personas defensoras, que son las mismas que defienden los derechos humanos, el desarrollo y la justicia social universal".
En los últimos años, el Gobierno camboyano ha vinculado a las personas defensoras de los derechos humanos con una "revolución de colores" ficticia, supuestamente dirigida por la antigua oposición política. El espacio de la sociedad civil se ha reducido aún más desde que el Gobierno inició una represión política antes de las elecciones generales de julio de 2018 y, desde entonces, las personas defensoras de los derechos humanos han actuado en un entorno represivo sin precedentes en la historia reciente de Camboya.
Desde marzo de 2020, el Gobierno camboyano ha utilizado la pandemia del coronavirus (covid-19) como una oportunidad para continuar reprimiendo la disidencia. La Ley de Estado de Emergencia, promulgada el 29 de abril, si se aplica, dará lugar a un mayor recorte de los derechos y libertades civiles, como los derechos a la libertad de circulación, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión pacífica.
"Camboya se ha convertido en un lugar hostil para la sociedad civil, desde el liderazgo sindical hasta el activismo cibernético y la defensa de los derechos sobre la tierra. El Gobierno de Camboya debe dejar de acosar a las personas defensoras de los derechos humanos y adoptar medidas urgentes para protegerlas y velar por que puedan seguir llevando a cabo su importante labor".
Contexto
El presente informe se basa en una misión de investigación realizada en junio de 2019 por el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (una colaboración entre la FIDH y la OIMT) en respuesta a las alertas de la sociedad civil. La misión se reunió con una gran variedad de partes interesadas con objeto de analizar y evaluar los principales obstáculos a las actividades de la sociedad civil en el país, y fue testigo directo de la degradación del espacio de la sociedad civil tras las elecciones generales de 2018 en Camboya. En el informe se incluyen también casos recientes de acoso contra activistas de la sociedad civil y se formulan numerosas recomendaciones dirigidas a una amplia variedad de agentes, entre ellos el Gobierno de Camboya, la Unión Europea, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, los países donantes y otras partes interesadas, para abordar la situación de las personas defensoras de los derechos humanos en el país.