La ley de seguridad nacional consolida el gobierno autoritario de Beijing

01/07/2020
Comunicado
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(Nueva York, París, Taipéi) La FIDH y sus organizaciones miembros Derechos Humanos en China (HRIC), Asociación de Derechos Humanos de Taiwán (TAHR) y Covenants Watch condenan enérgicamente la adopción y la promulgación unilateral de la ley de seguridad nacional para Hong Kong por parte de China. Esta nueva ley es la herramienta definitiva de Beijing para acabar con la disidencia, cerrar el espacio cívico y eliminar el estado de derecho en la región administrativa especial (RAE). Muchas de sus disposiciones también son incompatibles con algunas cláusulas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), entre ellas, las relacionadas con el derecho a un recurso efectivo y a un juicio justo. La RAE está sujeta al PIDCP.

“Al final, ha quedado claro que ‘un país, dos sistemas’ no es más que una ilusión. Con la imposición de esta ley de seguridad en Hong King por parte de Beijing, prácticamente se ha terminado la asimilación de la ciudad, que antes era semiautónoma. La comunidad internacional debe oponerse al gobierno autoritario de Beijing en Hong Kong y exigir el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el estado de derecho en Hong Kong”.

Adilur Rahman Khan, secretario general de la FIDH

El 30 de junio de 2020, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo en Beijing aprobó por unanimidad la Ley de la República Popular China para Salvaguardar de la Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong. El texto fue promulgado por el presidente de China, Xi Jinping, ese mismo día. La ley, que contiene 66 artículos y se ha incorporado al Anexo III de la Ley Básica de Hong Kong (la ley superior de la RAE), entró en vigor a las 23:00 del 30 de junio de 2020. La legislación reemplaza las leyes vigentes de Hong Kong siempre que estas sean “incompatibles” con la nueva ley (artículo 62).

Desde que entró en vigor, varias personas han sido arrestadas en virtud de la nueva ley. Hoy mismo, la policía arrestó a un hombre en Causeway Bay en Hong Kong por sostener una bandera en apoyo de la independencia de Hong Kong. Unas horas después, la policía invocó la nueva ley para arrestar al menos a siete personas que participaban en una protesta contra la ley de seguridad nacional, según los medios.

Esta ley fue redactada por el Congreso Nacional del Pueblo, sin consultar a la población de Hong Kong ni someterla al Parlamento de Hong Kong, el Consejo Legislativo. Su texto no se hizo público hasta que entró en vigor.

Los artículos 20 a 30 de la ley enumeran cuatro categorías de delitos contra la seguridad nacional: secesión, subversión, actividades terroristas y colusión con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional. Las definiciones de estos delitos establecen un espectro de conducta demasiado amplio que podría ser punible en virtud de esta ley. Además, los términos vagos utilizados en estos artículos permiten al gobierno chino interpretarlos e implementarlos arbitrariamente. Por ejemplo, la “violencia grave contra una o varias personas” o el “sabotaje de medios de transporte” podrían ser sancionados como actividades terroristas (artículo 24). En virtud del artículo 22.3, “interferir, perturbar o socavar gravemente el desempeño de deberes y funciones” del “cuerpo de poder” de Hong Kong podría equivaler a subversión. La promoción internacional de los derechos humanos y la democracia en Hong Kong y China podría interpretarse como “connivencia con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional” en virtud de varias cláusulas del artículo 29. La pena máxima para los culpables de las cuatro categorías de delitos es de cadena perpetua.

La ley contiene disposiciones para su aplicación extraterritorial. En virtud del artículo 38, la ley se aplica a los residentes no permanentes de Hong Kong por actos cometidos “desde fuera de la región [administrativa especial]”.
El artículo 48 crea un organismo de seguridad nacional, la Oficina de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, en Hong Kong. Este organismo, bajo control directo de Beijing, tiene potestad para “encargarse de casos” relacionados con la seguridad nacional (artículo 49.4) y, en determinadas situaciones, ejercer jurisdicción sobre tales casos (artículo 55). Los miembros de este organismo no están sometidos a la autoridad de los funcionarios de Hong Kong. Sus actos no se encuentran bajo la jurisdicción de Hong Kong y están exentos de inspección, registro o detención por parte de las fuerzas del orden de Hong Kong (artículo 60).

Cuando esta Oficina ejerce su jurisdicción sobre casos que competen a esta ley, los artículos 55, 56 y 57 la autorizan, así como a las autoridades judiciales de China, a investigar y procesar tales casos y a utilizar la Ley de Procedimiento Penal de China y otras “leyes nacionales afines”. En los casos relacionados con “secretos de Estado u orden público”, en determinadas circunstancias se pueden celebrar los juicios a puerta cerrada (artículo 41). Además, los procedimientos judiciales relacionados con delitos contra la seguridad nacional pueden celebrarse sin jurado (artículo 46).

La ley también permite el escrutinio directo de Beijing, así como la interferencia en las actividades de las ONG y los medios de comunicación extranjeros en Hong Kong. Según el artículo 54, la Oficina tiene la autoridad para “tomar las medidas necesarias a fin de fortalecer la gestión y los servicios” de las ONG y agencias de noticias extranjeras.

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