Camboya: Solicitamos retirar la ley de asociaciones propuesta y un proceso transparente de elaboración de leyes

11/05/2015
Comunicado
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París, Phnom Penh, 11 de mayo de 2015 – El Gobierno de Camboya debe retirar la ley propuesta de asociaciones y de organizaciones no gubernamentales y velar por que el proceso de elaboración de las leyes del país sea transparente, según han afirmado hoy la FIDH y sus organizaciones miembros, la Asociación Camboyana de Derechos Humanos y Desarrollo (ADHOC) y la Liga Camboyana para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos (LICADHO).

"Las leyes que repercuten de forma negativa en la capacidad de las asociaciones y de las ONG para operar en Camboya deben elaborarse a través de un proceso genuino, inclusivo y que permita la realización de consultas a todas las partes interesadas pertinentes," afirmó el presidente de la FIDH, Karim Lahidji. "Las voces del sector de las organizaciones sin fines de lucro, que es fundamental para la promoción y la protección de la democracia y de los derechos humanos en Camboya, deben oírse y deben tenerse en cuenta."

Dicha ley ha llegado al Consejo de Ministros y podría ser aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por el Partido Popular de Camboya (PPC), actualmente en el Gobierno, hacia finales de mayo. El último anteproyecto de la ley, que han obtenido la FIDH, la ADHOC y la LICADHO, es el mismo que el documento que el Gobierno hizo público el 12 de diciembre de 2011. Las tres organizaciones han criticado reiteradamente ese documento, conocido como el "cuarto anteproyecto" por implicar limitaciones a la libertad de asociación, engorrosos requisitos para el registro de algunas organizaciones, excesivo poder en manos de funcionarios no electos del poder ejecutivo y restricciones poco razonables las ONG extranjeras. [1]

"El Consejo de Ministros debe devolver el texto a su fase preliminar y facilitar el camino para que se lleve a cabo un proceso de elaboración de la ley que cumpla con las obligaciones contraídas por Camboya en materia de derecho internacional," afirmó Thun Saray, presidente de ADHOC.

El pasado 2 de abril, el Comité de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas divulgó sus conclusiones finales tras examinar el informe periódico de Camboya y expresó su preocupación por la falta de transparencia del proceso legislativo en el país. El CDH instó a Camboya a que examinara la posibilidad de hacer públicos todos los anteproyectos de ley para facilitar el debate público y el diálogo entre los ciudadanos y sus representantes. [2]. El CDH vela por la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Camboya es Estado parte. El artículo 25 del PIDCP garantiza el derecho de todo ciudadano a "[p]articipar en la dirección de los asuntos públicos."

"El primer ministro Hun Sen debería poner en práctica lo que predica. Afirmó que el objetivo de esta ley era velar por la transparencia, pero su administración puede calificarse de cualquier cosa menos de transparente, a juzgar por la cantidad de leyes opresivas que su Gobierno ha elaborado de forma unilateral y secreta en los últimos años," afirmó la directora de LICADHO, Naly Pilorge.

En abril de 2014 se filtró en internet un anteproyecto de ley sobre delitos cibernéticos, elaborado por el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones bajo el pretexto de defender la seguridad nacional. El texto establece penas de prisión y multas para delitos con una definición muy vaga, como publicar contenidos en línea que calumnien o menoscaben la integridad del Gobierno, inciten o instiguen a la población en general o causen inseguridad o inestabilidad. El 11 de diciembre de 2014, un funcionario del Gobierno anunció que se había suspendido el proceso de la ley sobre delitos cibernéticos.

En julio surgió un anteproyecto de ley sobre telecomunicaciones, de cien artículos, elaborado por el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones. El documento se filtró a los medios de comunicación a raíz de que el Ministerio concediera unos pocos días de plazo a las empresas de telecomunicaciones para enviar sus comentarios sobre el texto en lengua jemer. Si se aprobase en su forma actual, la ley sobre telecomunicaciones daría al Gobierno un poder discrecional para tomar el control y cerrar los proveedores de servicios de internet.

En julio de 2014 se promulgaron tres leyes fundamentales sobre el poder judicial, tras un proceso de elaboración de toda una década. Estos textos, aprobados en la Asamblea Nacional, dominada por el partido único, sin ninguna consulta pública ni debate creíble, legitimaron el control del Gobierno sobre todos los aspectos de poder judicial, inclusive la promoción de los jueces, así como la atribución de casos a los jueces.

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