Un año después de la desaparición forzada de Wanchalearm, continúa sin conocerse su suerte y su paradero. Diversos organismos de vigilancia de los derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) han pedido reiteradamente al Gobierno camboyano que busque y determine el paradero de Wanchalearm. A pesar de su promesa de averiguar la verdad sobre el "presunto secuestro" de Wanchalearm, el Gobierno camboyano no ha llevado a cabo una investigación rápida, exhaustiva e imparcial sobre su desaparición.
Por otra parte, el Gobierno camboyano ha continuado negando los indiscutibles hechos que rodean la desaparición del activista y ha mostrado una absoluta falta de voluntad auténtica de resolver el caso. En su respuesta a una comunicación de Acción Urgente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, el 19 de junio de 2020, el Gobierno camboyano indicó que las autoridades del país no tenían "conocimiento o información alguna sobre el presunto secuestro". En una respuesta posterior al CED, el 12 de agosto de 2020, el Gobierno camboyano no proporcionó información clara y suficiente sobre el presunto secuestro. Declaró asimismo que intentaría averiguar "si se había producido un verdadero secuestro y si este hecho había ocurrido realmente en Camboya".
El 10 de noviembre de 2020, Sitanan Satsaksit, la hermana mayor de Wanchalearm, viajó a Camboya para prestar declaración ante el juez de instrucción del Tribunal Municipal de Phnom Penh en el marco de una investigación previa al juicio. Se había citado a Sitanan el 27 de octubre de 2020 para que compareciera ante el Tribunal Municipal de Phnom Penh a fin de interrogarla sobre "la detención y el confinamiento ilegal" de su hermano en Phnom Penh.
Mientras tanto, en Tailandia, las autoridades no han realizado esfuerzos suficientes para ayudar a la familia de Wanchalearm a obtener justicia por su desaparición. El 8 de julio de 2020, el Departamento de Investigaciones Especiales (DSI) de Tailandia declaró que este organismo no consideraba que el caso de Wanchalearm fuera un "especial" por lo que no encontraba justificado que se llevase a cabo una investigación en su jurisdicción. Por ello, el caso se remitió a la Fiscalía General para su examen y el 23 de noviembre de 2020, la Fiscalía General de Tailandia devolvió el caso a la DSI porque la persona responsable de llevar a cabo la investigación no había hallado ninguna prueba de que Wanchalearm estuviera en Camboya en el momento de su desaparición ni de que hubiera sido secuestrado en Camboya.
Nuestras organizaciones expresan su profunda preocupación por el hecho de que el Gobierno camboyano no haya investigado de forma creíble la desaparición forzada de Wanchalearm. Hacemos un llamamiento al Gobierno camboyano para que investigue rápida y eficazmente la desaparición forzada de Wanchalearm, identifique a los responsables para llevarlos ante la justicia y garantice el derecho de su familia a obtener una reparación, de acuerdo con las disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (ICPPED), de la que Camboya es Estado Parte.
Instamos asimismo al Gobierno tailandés a ratificar la ICPPED, incorporar sus disposiciones a su legislación nacional y aplicarlas.
Antecedentes
Wanchalearm Satsaksit era un abierto crítico de la junta militar que gobernó Tailandia entre 2014 y 2019 y al parecer también figuraba en una lista de personas acusadas de violar el artículo 112 del Código Penal de Tailandia (lesa majestad), contra las que la policía tailandesa había dictado órdenes de arresto. Había huido de Tailandia después del golpe militar de mayo de 2014.
Se vio por última vez a Wanchalearm la tarde el 4 de junio de 2020 en Phnom Penh, Camboya. Según las declaraciones de los testigos oculares, Wanchalearm fue secuestrado delante del edificio en el que vivía en Phnom Penh por un grupo de hombres no identificados vestidos de negro Se llevaron a Wanchalearm en un Toyota Highlander SUV con matrícula 2X2307.
La ICPPED define la desaparición forzada como "el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley". La desaparición forzada vulnera numerosos derechos humanos fundamentales, entre otros, el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad y la seguridad personales. Estos derechos están garantizados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que tanto Camboya como Tailandia son Estados parte.