El 11 de noviembre de 2014 el tribunal municipal de Phnom Penh condenó a siete mujeres, todas ellas defensoras de los derechos humanos, pertenecientes a la comunidad del lago Boeung Kak (BKL, por sus siglas en inglés) a un año de cárcel y a una multa de dos millones de rieles (aproximadamente 500 dólares), tras hallarlas culpable de la acusación de obstaculizar el tráfico, según el artículo 78 de la Ley de Tráfico. Un día antes, las mujeres –Nget Khun, Tep Vanny, Song Srey Leap, Kong Chantha, Phan Chhunreth, Po Chorvy y Nong Sreng– habían protestado de forma pacífica en Phnom Penh para llamar la atención sobre las consecuencias negativas de un proyecto de construcción planificado en su comunidad.
Otras tres mujeres defensoras de los derechos humanos –Heng Pich, Im Srey Touch y Phoung Sopheap– y el monje budista Seung Haide, de la pagoda de Stung Meanchey, habían sido condenados a un año de cárcel y a una multa de dos millones de rieles (aproximadamente 500 dólares) por obstrucción grave a funcionarios públicos, según el artículo 504 del Código Penal. El día anterior, los cuatro se habían congregado ante el tribunal municipal Phnom Penh para protestar contra la detención de las siete defensoras de los derechos humanos del BLK.
“Deberían revocarse las sentencias de prisión, sumarias, arbitrarias y desproporcionadas, dictadas contra los once defensores y defensoras. Ya es hora de que los tribunales de Camboya actúen de forma profesional y con independencia del poder ejecutivo, y de que se ponga fin al acoso judicial del que son objeto los defensores y defensoras de los derechos sobre la tierra así como quienes protestan de forma pacífica,” afirma el presidente de la FIDH, Karim Lahidji.
Las diez defensoras de los derechos humanos y el venerable Seung Hai están actualmente detenidos en el centro penitenciario Prey Sar, de Phnom Penh. Una de las mujeres del BKL, Phan Chhunreth, está en malas condiciones de salud y desde su detención ha sido hospitalizada varias veces por un problema cardíaco.
“El tribunal de apelación debe aprovechar esta oportunidad para corregir una injusticia flagrante y ordenar la puesta en libertad de las diez defensoras de los derechos humanos y del monje en Seun Hai, que no deberían haber sido detenidos,” afirmó el secretario general del OMCT, Gerald Staberock.