Las organizaciones abajo firmantes instamos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que imponga con urgencia un embargo de armas global y completo a Myanmar a fin de evitar que se cometan más violaciones de los derechos humanos contra manifestantes pacíficos y otras personas que se oponen al gobierno militar. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad de Myanmar han matado a cientos de personas, entre ellas, decenas de niños y niñas, simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Desde el golpe del 1 de febrero de 2021, la junta militar de Myanmar ha respondido con creciente brutalidad a las protestas que se han producido en todo el país y que piden el restablecimiento de un régimen civil democrático. Hasta el 4 de mayo, las fuerzas de seguridad habían matado al menos a 769 personas, entre ellas a 51 niños y niñas, algunos de tan solo 6 años, y habían detenido arbitrariamente a varios miles de activistas, periodistas, funcionarios/as y políticos/as. Cientos de personas han sido sometidas a desaparición forzada y las autoridades no parecen dispuestas a proporcionar información sobre su bienestar o el lugar en el que se encuentran. En los últimos meses, el ejército ha demostrado un desprecio absoluto por la vida humana, que durante décadas había orientado su estrategia. En imágenes de vídeo de ciudades y pueblos de todo el país, se puede ver a soldados disparando a personas manifestantes, entre ellas, niños y niñas, golpeando brutalmente al personal sanitario que presta asistencia y disparando con escopetas a la multitud de médicos y médicas que protestan pacíficamente.
Además de estas recientes violaciones de los derechos humanos, las fuerzas de seguridad de Myanmar tienen una trayectoria de abusos graves contra quienes critican pacíficamente al gobierno y al ejército, de crímenes de guerra y otros crímenes internacionales contra la población rohinyá y otros grupos étnicos minoritarios. Cabe destacar el uso por parte del ejército de la violencia sexual y de género como arma contra las comunidades étnicas, que se ha documentado ampliamente.
En estas circunstancias, ningún gobierno debería vender una sola bala a la junta militar. La imposición de un embargo global de armas a Myanmar es una medida mínima necesaria que debe tomar el Consejo de Seguridad en respuesta a la escalada de violencia que está llevando a cabo el ejército. Es probable que las armas y el material que se suministre a las fuerzas de seguridad de Myanmar se emplee para cometer abusos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Por estos motivos, las organizaciones firmantes instan al Reino Unido, "titular" del Consejo de Seguridad sobre Myanmar, y al resto de Estados miembros del Consejo de Seguridad a que inicien negociaciones para adoptar una resolución que autorice un embargo de armas lo antes posible. De este modo se demostrará a la junta que las cosas no siguen como siempre.
Cada vez son más los miembros del Consejo de Seguridad que hablan sobre Myanmar manifestando la misma opinión. El Consejo ha pedido la liberación inmediata de Aung San Suu Kyi y de otras personas detenidas arbitrariamente, entre ellas, varios/as líderes civiles. Ha condenado la represión militar de las personas que se manifiestan pacíficamente y ha pedido que se ponga fin a la actual violencia. Sin embargo, la unidad no es un fin en sí mismo. Ahora, el Consejo debe aprovechar esta unidad para negociar una resolución que contemple el embargo de armas y otras medidas sustantivas.
Un embargo de armas completo de la ONU sobre Myanmar debería prohibir el suministro, la venta o la transferencia directa e indirecta de todas las armas, municiones y otros equipos relacionados con el ejército, entre ellos, los productos de doble uso, como los vehículos y equipos de comunicación y vigilancia, así como el suministro de formación, inteligencia y otro tipo de asistencia militar. Este embargo debería ir acompañado de mecanismos de control y aplicación sólidos.
Observamos con decepción que la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) del 24 de abril de 2021 no ha adoptado medidas firmes para proteger al pueblo de Myanmar. Menos de un día después de la publicación de las conclusiones de la cumbre, la violencia de los militares continuaba, lo que pone aún más de manifiesto la necesidad de que los países miembros de la ONU y el Consejo de Seguridad tomen medidas decisivas para presionar a la junta a fin de alentarle a cambiar de rumbo.
Ya no es momento de declaraciones. El Consejo de Seguridad debe llevar su consenso sobre Myanmar a un nuevo nivel y acordar una acción inmediata y sustantiva. Un embargo de armas sería el elemento central de un esfuerzo mundial para proteger al pueblo de Myanmar de nuevas atrocidades y contribuir a poner fin a la impunidad de los crímenes con arreglo al derecho internacional.
El pueblo de Myanmar no puede permitirse esperar más tiempo a que el Consejo de Seguridad actúe.