Edición especial de vigilancia del golpe – Un año de lucha en Myanmar

09/02/2022
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Para conmemorar el primer aniversario del golpe militar, la organización miembro de la FIDH, ALTSEAN-Burma, ha publicado un documento informativo (EN) elaborado en colaboración con la Red de Derechos Humanos de Birmania (BHRN), la Organización Rohinyá de Birmania en el Reino Unido (BROUK), Iniciativas para el Diálogo Internacional (IID), Voz Progresista (PV), la Campaña de Estados Unidos por Birmania (USCB) y la Red de Mujeres por la Paz (WPN).

Hechos destacados:

 En el año transcurrido desde que los militares birmanos intentaran dar un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021, se ha causado graves perjuicios a millones de vidas, a la economía nacional, al Estado de derecho, a los recursos naturales y a la gobernanza.

 Se han producido 8647 enfrentamientos armados y ataques a civiles entre febrero de 2021 y enero de 2022, un aumento del 762% respecto al año anterior (1003). Estas cifras han sido superiores a las de Siria, Afganistán, Yemen o Iraq.

 Con el tiempo han ido aumentando los crímenes atroces generalizados y sistemáticos de la Junta. Las tropas de la Junta han destruido y bloqueado la ayuda humanitaria, bombardeado y realizado ataques aéreos contra ciudades, han quemado vivas a personas civiles, han cometido violaciones y traiciones y han destruido cientos de hogares. Hasta el 26 de enero de 2022, había detenido al menos a 286 personas trabajadoras sanitarias y había matado a 30 de ellas.

 Las protestas civiles generalizadas se han enfrentado a la violencia generalizada de la junta. Hasta el 31 de enero de 2022, la junta había detenido al menos a 11.838 personas civiles, había torturado a cientos de personas detenidas y había utilizado la fuerza letal contra manifestantes en repetidas ocasiones, incluso utilizando vehículos para embestir las manifestaciones y se había producido la muerte de 2610 personas civiles a consecuencia de la violencia relacionada con el golpe.

 La junta ha utilizado al poder judicial como arma y ha castigado a sus rivales en los tribunales militares. Hasta el 1 de enero de 2022, había encarcelado a 649 miembros del partido de la oposición NLD, 14 de los cuales murieron en prisión.

 La Junta ha convertido a Myanmar en el segundo país del mundo que más periodistas encarcela. Hasta el 21 de enero de 2022, había encarcelado a 120 –entre ellos cuatro editoras, una cofundadora, una fotoperiodista y 16 reporteras– y había matado a tres.

 La Junta ha actuado con negligencia en la gestión de la pandemia de COVID-19, lo que probablemente ha causado la muerte de cientos de miles de personas, una cifra difícil de confirmar debido a que la Junta no ha informado con exactitud los casos y las muertes. Ha aumentado el número de muertes al denegar deliberadamente el oxígeno a las clínicas y los hospitales privados.

 El Banco Mundial ha afirmado que se ha producido una contracción del 18% en 2021 en la economía del país, que solo crecerá un 1% en 2022. El kyat de Myanmar (MMK) ha perdido más de la mitad de su valor, lo que ha producido un aumento de los costes nacionales y el PNUD ha indicado que el 46,3% de la población estaría en situación de pobreza a principios de 2022.

 La Junta ha tratado de mantener el poder económico mediante la extracción de recursos naturales y los ingresos por petróleo y gas. Sin embargo, muchas empresas han salido del país, ante los problemas legales, de reputación y operativos que supone trabajar o invertir allí. Algunas de las mayores economías del mundo, como la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido, han dictado sanciones para evitar las atrocidades de la Junta.

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