(París, 20 de enero de 2022) – El Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas debe prohibir el despliegue del Batallón de Acción Rápida (RAB) –unidad paramilitar conocida por los múltiples abusos cometidos– de las Naciones Unidas, según afirman 12 organizaciones en una carta dirigida al secretario general adjunto, Jean-Pierre Lacroix, hecha pública hoy.
Las organizaciones de derechos humanos han documentado abusos generalizados cometidos por el RAB. Las personas expertos en derechos humanos de la ONU también han expresado su preocupación por las acusacionessobre la participación de miembros de la unidad en torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones de los derechos humanos.
El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz aún no ha dado una respuesta formal a la carta que se le envió de forma privada hace más de dos meses, el 8 de noviembre de 2021.
"Si el secretario general Guterres pretende realmente acabar con los abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de paz de la ONU, se deberá asegurar de que se excluya del despliegue a los miembros del Batallón de Acción Rápida con antecedentes de abusos", ha declarado Kerry Kennedy, presidente de Robert F. Kennedy Human Rights. "Las pruebas son inequívocas: ha llegado el momento de que la ONU ponga un límite a este tipo de hechos".
El 10 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos señaló que el RAB era una "entidad extranjera responsable o cómplice de graves abusos contra los derechos humanos o que ha participado directa o indirectamente en los mismos", en virtud de la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por Abusos contra los Derechos Humanos.
En lugar de avanzar hacia una reforma, el Gobierno de Bangladesh ha respondido al anuncio de las sanciones de Estados Unidos con negativas y represalias contra las familias de las víctimas y las personas defensoras de los derechos humanos. Las familias de las víctimas de desapariciones forzadas denuncianque los agentes se presentan en su domicilio, les amenazan y les obligan a firmar declaraciones falsas en las que afirman que su familiar no ha desaparecido por la fuerza y que han engañado a la policía de forma intencionada.
El 5 de diciembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias expresó su preocupación por el hecho de que "los miembros del RAB puedan participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, sin ninguna investigación previa sobre su presunta implicación en la comisión de abusos contra los derechos humanos ni un proceso de investigación exhaustivo". El Grupo de Trabajo afirmó asimismo que "las fuerzas de seguridad y de orden público de Bangladesh parecen promover y recompensar a los oficiales implicados en abusos o que se muestren dispuestos a tolerarlos".
En marzo de 2021, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmóque "hace tiempo que las denuncias de tortura y malos tratos cometidos por el Batallón de Acción Rápida suscitan preocupación." En sus observaciones finalesformuladas durante el examen de 2019 sobre las obligaciones de Bangladesh en virtud de la Convención contra la Tortura, el Comité contra la Tortura declaró que le "preocupan las informaciones de que, a menudo se ha desplegado al personal que ha servido en el Batallón de Acción Rápida para prestar servicio en misiones de paz de las Naciones Unidas."
El Comité de la ONU contra la Tortura recomendóal gobierno de Bangladesh que "establezca un procedimiento de investigación independiente, con la orientación adecuada de la ONU, para todo el personal militar y policial propuesto para su despliegue en las misiones de paz de la ONU y garantice que ninguna persona o unidad implicada en la comisión de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones u otras violaciones graves de los derechos humanos sea seleccionada para el servicio".
Estados Unidos también sancionó a siete miembros actuales o anteriores del Batallón de Acción Rápida, incluido el jefe de la policía del país, Benazir Ahmed, que tiene una larga experiencia trabajando en la ONU. Ahmed ocupó el puesto de director general del RAB entre 2015 y 2019 –un período en el que se denunciaron 136 ejecuciones extrajudiciales y 10 desapariciones forzadas–, presuntamente cometidas por oficiales a su cargo. Durante este tiempo, el antiguo subsecretario general de la ONU, Herve Ladsous, lo nombró miembro expertode un equipo de revisión independiente para realizar un "Examen externo de las funciones, la estructura y la capacidad de la División de Policía de la ONU."
En una entrevista concedida a la televisión, Ahmed afirmó que las sanciones de EE.UU. se basaban en "mentiras falsas e inventadas" y añadió que quienes piden que se prohíba la participación de la RAB en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU están "intentando avergonzar a nuestro gobierno y a nuestro país". En respuesta al anuncio de las sanciones de Estados Unidos, el subjefe del RAB, KM Azad, afirmó lo siguiente: "Si detener a un criminal en virtud de la ley es una violación de los derechos humanos, entonces no tenemos ninguna objeción a que se violen estos derechos humanos en interés del país".
"El despliegue de miembros del RAB en las operaciones de mantenimiento de la paz refuerza el mensaje de que el hecho de cometer graves abusos contra los derechos humanos no impedirá a nadie que preste servicio bajo la bandera de la ONU y aumenta las posibilidades de que se cometan abusos contra los derechos humanos en las misiones de la organización", afirmó Louis Charbonneau, director de Naciones Unidas en Human Rights Watch. "La ONU debería enviar una señal clara a los países anfitriones y a los que aportan tropas de que las unidades que cometan abusos no formarán parte de la ONU".