Bachelet visitará Bangladesh entre el 14 y el 18 de agosto de 2022. Durante el viaje, se reunirá con personal del gobierno y organizaciones de la sociedad civil y visitará los campos de la población refugiada rohinyá. Si la alta comisionada no condena claramente estos abusos y no pide que se realicen reformas, la Liga Awami en el poder podría utilizar su silencio para legitimar sus abusos y socavar el papel de las personas activistas.
Cientos de civiles bangladesíes han sido víctimas de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos desde que el gobierno liderado por la primera ministra Sheikh Hasina llegó al poder en 2009. Aunque las fuerzas de seguridad de Bangladesh llevan mucho tiempo cometiendo graves abusos contra los derechos humanos con sus sucesivos gobiernos, entre otros, torturas y ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, en particular, llevan siendo la seña de identidad del gobierno de Sheikh Hasina desde hace una década.
Después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara en diciembre de 2021 la imposición de sanciones contra el Batallón de Acción Rápida (RAB, por sus siglas en inglés), cuyos abusos son ampliamente conocidos, el gobierno tomó represalias contra las familias de las víctimas, las personas defensoras de los derechos humanos y sus familias, así como contra las organizaciones de derechos humanos.
La Alta Comisionada Bachelet debe alentar al gobierno de Bangladesh a crear una comisión independiente para investigar todas las denuncias de desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia. Debería asimismo ofrecer el apoyo de su oficina para formar dicha comisión en consulta con las víctimas, sus familias y personas expertas independientes. También debería dejar claro al gobierno que los continuos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad pondrán en peligro el despliegue de las tropas de Bangladesh en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, según afirmaron las organizaciones.
La visita de Bachelet se produce en un momento en el que la sociedad civil de Bangladesh está sufriendo cada vez más ataques. El gobierno ha limitado la financiación de numerosos grupos y ha presionado a las personas activistas de derechos para que interrumpan su labor. La alta mandataria debe pedir que se ponga fin al actual acoso contra las personas y organizaciones de derechos humanos para que puedan llevar a cabo su trabajo libremente y sin temor a sufrir represalias.
La Ley de Seguridad Digital de 2018, y antes la Ley de Tecnologías de la Información y la Comunicación de 2006, se han utilizado para reprimir y silenciar a activistas, periodistas y voces críticas del gobierno. Muchos de los casos archivados en virtud de estas leyes llevan años abiertos, lo que constituye un acto de acoso contra las personas acusadas.
Así, por ejemplo, el gobierno está procesando a Adilur Rahman Khan y a ASM Nasiruddin Elan, de Odhikar, una de las organizaciones de derechos humanos más destacadas del país, en un caso en el Tribunal Cibernético de Dhaka por documentar el uso excesivo de la fuerza para dispersar una protesta en 2013. En junio de 2022, el gobierno anuló el registro de Odhikar y ha acusado al grupo de "difundir propaganda" y "publicar información engañosa" sobre las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, violaciones que dieron lugar a las sanciones de Estados Unidos contra la RAB.
La Alta Comisionada Bachelet debe hacer constar públicamente ante las autoridades de Bangladesh que los continuos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y la represión de la sociedad civil suponen una seria las elecciones nacionales libres y justas previstas para 2023. El gobierno ha obstaculizado los esfuerzos del principal partido de la oposición del país para reunirse y organizarse antes de las elecciones.
La población refugiada rohinyá, cerca de un millón, que se encuentra en Bangladesh carece de estatus legal, lo que se encuentra en una situación precaria con respecto a la legislación nacional, lo que hace que sea más vulnerable a las violaciones de derechos. Mientras las continuas atrocidades de la junta de Birmania/Myanmar en el estado de Rakáin han alejado aún más la perspectiva de un retorno seguro, digno y voluntario para la población rohinyá, las autoridades de Bangladesh han hecho que la situación de estas personas refugiadas sea cada vez más precaria.
El empeoramiento de las condiciones en los campamentos del distrito de Cox’s Bazar incluye, la instalación de vallas de alambre de espino y crecientes restricciones a los medios de subsistencia, la circulación y la educación. Se ha trasladado casi a 30.000 personas refugiadas en Bhasan Char, una isla remota, donde se habla de escasez de alimentos y de condiciones de vida asimilables a una detención.
Cuando la Alta Comisionada Bachelet visite los campos de personas refugiadas rohinyá, debe asegurarse de que estas puedan hablar con ella libremente, sin la supervisión de las autoridades de Bangladesh, y pedir que se protejan sus derechos como personas refugiadas, afirmaron los grupos.
Se trata de una oportunidad clave para que la alta comisionada pida que se detenga la trayectoria del gobierno de Bangladesh hacia el autoritarismo, al poner fin al acoso y las represalias contra las voces críticas, indicaron los grupos. Bachelet debería presionar al gobierno para garantizar la plena rendición de cuentas por los graves abusos contra los derechos humanos que persisten en el país.
Esta declaración conjunta está suscrita por:
1. Red Asiática contra la Pena de Muerte (ADPAN)
2. Federación Asiática contra las Desapariciones Involuntarias (AFAD) 3. Foro Asiático para los Derechos Humanos y el Desarrollo (FORUM-ASIA) Proyecto de Justicia para la Pena Capital (CPJP)
5. Eleos Justice, Universidad de Monash 6. Human Rights Watch
7. Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas 8. Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH)
9. Robert F. Kennedy Human Rights