2 de abril de 2020
Estimada Primera Ministra Jeque Hasina:
Mientras las autoridades de todo el mundo luchan por hacer frente a la propagación de COVID-19, es de vital importancia que los Estados tomen medidas para proteger a las personas más vulnerables, entre otras, la población refugiada.
Nosotros, las 50 organizaciones abajo firmantes, recibimos con satisfacción el esfuerzo del Gobierno de Bangladesh para acoger a la población refugiada rohinyá que se vio obligada a huir de las atrocidades perpetradas por el ejército de Myanmar. Felicitamos asimismo al Gobierno de Bangladesh por trabajar en estrecha colaboración con la comunidad humanitaria en la preparación y respuesta a la COVID-19 en el distrito del Bazar de Cox y, entre otras cosas, por su esfuerzo para establecer instalaciones de aislamiento y tratamiento.
En estos momentos nos dirigimos a usted para instarle a que levante las actuales restricciones de Internet móvil y detenga la construcción de una valla de alambre de espino alrededor de los campos de refugiados rohinyás en el distrito del Bazar de Cox. Ante la creciente pandemia de COVID-19, estas medidas amenazan la seguridad y el bienestar de las personas refugiadas, así como de las comunidades de acogida y el personal de ayuda humanitaria de Bangladesh.
A medida que la pandemia de COVID-19 se propaga en Bangladesh, resulta fundamental el acceso sin limitaciones a la información a través de las comunicaciones móviles y de Internet para ralentizar la transmisión de la enfermedad y salvar las vidas de las personas refugiadas, el personal humanitario y la población del país en general. El levantamiento de las restricciones no solo permitirá al personal de salud comunitario transmitir y recibir rápidamente las orientaciones más fiables y actualizadas durante esta pandemia en constante evolución, sino que también ayudará a la coordinación con los líderes comunitarios. Le instamos a que vele por que las personas refugiadas, las comunidades locales y el personal de ayuda humanitaria puedan acceder libremente a las comunicaciones móviles y por Internet, en aras de la protección de los derechos humanos y la salud pública.
Desde septiembre de 2019, las autoridades de Bangladesh han impedido que las personas refugiadas rohinyás obtengan tarjetas SIM y han ordenado a los operadores de telecomunicaciones que restrinjan la cobertura de Internet en los campamentos de refugiados rohinyás del distrito del Bazar de Cox. Según el Comisionado para la Repatriación y la Ayuda a los Refugiados de Bangladesh, Mahbub Alam Talukder, las autoridades han confiscado más de 12 000 tarjetas SIM en el Bazar de Cox a las personas refugiadas desde septiembre y estas informan de que, en algunos casos, las autoridades han prohibido totalmente el uso de los teléfonos móviles.
Es necesario levantar esas restricciones, teniendo en cuenta la recomendación del Gobierno de que quienes experimenten síntomas de COVID-19 deben ponerse en contacto con el teléfono de emergencia del Instituto de Epidemiología, Control e Investigación de Enfermedades. Sin un teléfono o una tarjeta SIM, es imposible cumplir con esta instrucción. Además, sin acceso a las comunicaciones móviles y a Internet, el personal de ayuda humanitaria y otras personas se verán obligadas a entregar información de salud importante en mano, lo que aumentará el riesgo de exposición a COVID-19 y reducirá la eficacia de la respuesta.
El acceso a la información es un elemento esencial para una respuesta eficaz de salud pública ante una pandemia. El 19 de marzo, personas expertas de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa hicieron un llamado a todos los gobiernos para que "garanticen el acceso inmediato al servicio de Internet más rápido y amplio posible" ante la pandemia de COVID-19, y señalaron que, "especialmente en un momento de emergencia, cuando el acceso a la información es de importancia vital, no se pueden justificar restricciones amplias al acceso a Internet por motivos de orden público o seguridad nacional".
Además de proporcionar acceso a la información, el Gobierno debe tomar precauciones adicionales para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas refugiadas. El 24 de marzo, el Comisionado Mahbub Alam Talukder dijo a los medios de comunicación que en respuesta a la propagación de la COVID-19, "se suspenderán todas las actividades en todos los campamentos [...]. Sin embargo, los servicios de emergencia de la alimentación, salud y medicinas continuarán como de costumbre". El Gobierno de Bangladesh debería velar por que se establezcan medidas de protección, incluido el suministro de equipo de protección personal suficiente para el personal de ayuda humanitaria y los voluntarios y voluntarias que prestan esos servicios esenciales, de conformidad con las "Orientaciones provisionales" del Comité Permanente entre Organismos sobre las operaciones de respuesta a COVID-19 en contextos humanitarios.
Durante ese tiempo, el Gobierno de Bangladesh debería trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones humanitarias internacionales y los grupos dirigidos por la población rohinyá para difundir información exacta y oportuna sobre la COVID-19 y mitigar el riesgo de que el virus se propague en los campamentos y en las comunidades de acogida circundantes.
El Gobierno debería levantar además algunas restricciones de viaje para garantizar que puede entrar en el país y en los campamentos más personal de salud humanitario en condiciones de seguridad sin tener que enfrentarse a impedimentos burocráticos indebidos.
También le escribimos para transmitirle nuestra preocupación por la construcción de una valla de alambre de espino alrededor de los campos de refugiados. El 26 de septiembre de 2019, el ministro del Interior, Khan Kamal, anunció el plan de construir una valla de alambre de espino y torres de vigilancia alrededor de los campos de refugiados rohinyás en el distrito de Bazar de Cox. Las declaraciones de varios representantes gubernamentales han dejado claro que el propósito de la valla no es proteger a la población rohinyá, sino confinarla. El ministro del Interior de Bangladesh dijo a los periodistas que el motivo de la construcción de la valla era "asegurar que los rohinyás no salgan del campamento y se mezclen con nuestra comunidad". La construcción de la valla comenzó en noviembre de 2019.
Esta construcción está motivada por preocupaciones surgidas antes del brote mundial de COVID-19, pero ahora se corre el riesgo, no solo de perjudicar a la población refugiada, sino de impedir la respuesta a la pandemia. La construcción por parte del Gobierno de Bangladesh de una valla para rodear los campamentos de refugiados rohinyás ha generado mayor angustia, temor y desconfianza entre la población refugiada, lo que aumenta los riesgos para la salud pública y los obstáculos innecesarios para el acceso de la ayuda humanitaria, ya que será más difícil para esta población entrar y salir del campamento para recibir servicios.
Al construir vallas de alambre de espino para confinar a los refugiados rohinyá, Bangladesh corre el riesgo de actuar como las autoridades de Myanmar, que actualmente mantienen confinadas a más de 125 000 personas rohinyás en más de 20 campos de internamiento de cinco municipios del estado de Rakáin. En cambio, Bangladesh debería garantizar el acceso adecuado a la atención de la salud y facilitar la movilidad. Esto es particularmente importante para las personas son más vulnerables de los campamentos de refugiados, entre otras, las personas discapacitadas, ancianas y los niños y niñas.
La población refugiada rohinyá sigue siendo vulnerable ya que depende de la ayuda humanitaria. En estos momentos, es fundamental mantener el acceso del personal humanitario a los campamentos. Es igualmente importante preparar a la comunidad rohinyá –hombres, mujeres y jóvenes– para que estén capacitados para apoyar a su comunidad en este momento. Las personas voluntarias de la comunidad rohinyá serán las primeras en responder a esta crisis y deben contar con equipos de protección personal y contar con una capacitación adecuada en la promoción de la salud e higiene.
Le instamos a usted y a su Gobierno a defender el derecho de las personas refugiadas rohinyás a la salud, la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de movimiento. También pedimos al Gobierno de Bangladesh que garantice la no discriminación entre la población refugiada y la ciudadanía en el acceso a las pruebas y el tratamiento oportunos de COVID-19.
Creemos firmemente que estas protecciones también beneficiarán a la salud pública en general en Bangladesh.
Agradecemos la atención que preste estas cuestiones y ofrecemos nuestra asistencia y apoyo para proteger la vida y el bienestar de todas las personas que se encuentran en el territorio de Bangladesh, incluida la población rohinyá.
CC:
Ministro de Gestión y Socorro en Casos de Desastre Enamur Rahman
Comisionado para la Repatriación y la Ayuda a los Refugiados Mahbub Alam Talukder