En Bangladesh, los abusos contra los derechos humanos cometidos por los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas de seguridad, entre otros, los actos de tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y otras formas de degradación y malos tratos, siguen siendo un fenómeno generalizado y sistemático. Los miembros de estas fuerzas no han rendido cuentas por estas violaciones prácticamente nunca, sino que han disfrutado de impunidad a modo de reconocimiento implícito por parte del gobierno de su papel en la represión de la oposición política, personas críticas del gobierno y disidentes. La fuerza de élite Batallón de Acción Rápida (RAB) es especialmente conocida por sus abusos generalizados.
La tortura, tanto física como mental, se ha convertido en una práctica institucionalizada en el país y se utiliza para obtener confesiones que, a pesar de su falta de fiabilidad, constituyen a menudo la principal o única prueba en la que se basan las condenas de las personas acusadas. La tortura suele preceder a otras formas de violación de los derechos humanos, como las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, que se producen con alarmante frecuencia contra miembros de la oposición política y voces disidentes en Bangladesh. Cuando presentan denuncias contra los autores, las víctimas de tortura y de otras formas de degradación y malos tratos han sido objeto de acoso e intimidación y se les ha obligado a retirar sus acusaciones o han recibido amenazas. Por otra parte, ha habido acusaciones de que la policía suele ejercer su influencia sobre los informes de los exámenes médicos para suprimir las pruebas de tortura.
Según Odhikar, al menos 90 personas fueron torturadas hasta la muerte en Bangladesh entre noviembre de 2013 y mayo de 2022, a pesar de la promulgación el 24 de octubre de 2013 de la Ley de Prohibición de la Tortura y la Muerte Bajo Custodia, que tipifica como delito todos los actos de tortura, incluso cuando Bangladesh ha ratificado en 1998 la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El primer veredicto del país en virtud de la ley de 2013 se produjo en septiembre de 2020, cuando un tribunal de sesión de Dhaka condenó a tres policías a cadena perpetua y a dos informadores policiales a siete años de prisión por la tortura y muerte de un hombre de 28 años, Ishtiaque Ahmed Jony, ocurrida en febrero de 2014. Dos de los condenados se han dado a la fuga y otro huyó del país tras el veredicto. Los familiares de la víctima siguen reclamando justicia y una indemnización, y piden que se detenga a los fugados.
Resulta extremamente preocupante y lamentable que en Bangladesh sigan produciéndose actos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas del orden, a pesar de las protestas de las personas defensoras de los derechos humanos y de las familias de las víctimas, así como de las medidas adoptadas por la comunidad internacional contra el Batallón de Acción Rápida.
En lugar de hacer frente a la tortura y a otras violaciones de derechos humanos generalizadas, el gobierno de Bangladesh reprime sistemáticamente a las víctimas y a sus familias, así como a las personas defensoras de los derechos humanos que denuncian los abusos y colaboran estrechamente con las organizaciones internacionales de derechos humanos y los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
Con motivo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, nuestras organizaciones rinden homenaje a las víctimas de la tortura y desean expresar su solidaridad con ellas y sus familias.
Instamos a las autoridades de Bangladesh a:
• Poner fin a la tortura y a otras violaciones.
• Garantizar la seguridad de las víctimas y sus familias, y exigir responsabilidades a los autores de las violaciones.
• Poner fin de inmediato a las represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos y las víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias.
Las personas defensoras de los derechos humanos deben poder llevar a cabo sus legítimas actividades en un entorno seguro y propicio, sin temor a amenazas, intimidaciones o represalias por parte de las autoridades.