Las desapariciones forzadas se han utilizado como herramienta para poner freno a toda crítica contra el gobierno, lo que ha servido para generar un clima de miedo. Con frecuencia, la oposición política y las voces disidentes que critican al gobierno han sido víctimas de este delito.
Se priva así a las víctimas de muchos de sus derechos fundamentales, como el derecho a no sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como el derecho a un juicio justo. La responsabilidad de la mayoría de casos de desaparición forzada recae en los organismos encargados de hacer cumplir la ley, especialmente el Batallón de Acción Rápida (RAB, por sus siglas en inglés) y la División de Detectives de la policía. Algunos informes recientes de los medios de comunicación han revelado que las víctimas se encuentran recluidas en centros de detención secretos gestionados por los organismos de inteligencia de Bangladesh.
En marzo de 2022, los órganos expertos en derechos humanos de la ONU, entre ellos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), han solicitado al gobierno de Bangladesh que proporcione información sobre las desapariciones forzadas y han expresado su preocupación por la intimidación y el acoso que sufren las familias de las personas desaparecidas. Sin embargo, hasta la fecha, el gobierno no ha proporcionado información suficiente y no ha respondido a la solicitud realizada por el Grupo de Trabajo el 12 de marzo de 2013 respecto a una visita oficial al país. Este incumplimiento constituye una falta de cooperación con los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
Del 14 al 17 de agosto de 2022, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizó una visita oficial a Bangladesh. En la declaración que realizó al final de su visita, Bachelet manifestó su "profunda preocupación" por las graves denuncias de abusos de los derechos humanos, entre otras, por las alarmantes denuncias de desapariciones forzadas. Bachelet instó asimismo al gobierno de Bangladesh a reconocer los casos de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales y a investigarlos de forma imparcial mediante la creación de un mecanismo independiente y especializado.
AFAD, la FIDH, Maayer Daak y Odhikar instan al gobierno de Bangladesh a:
– Poner fin a todas las desapariciones forzadas y devolver inmediatamente a todas las personas desaparecidas a sus familias.
– Crear un mecanismo independiente para investigar todos los casos de desapariciones forzadas.
– Abstenerse de ejercer cualquier forma de represalia contra las personas defensoras de los derechos humanos, las familias de las personas desaparecidas y activistas de la sociedad civil y velar por la seguridad de las víctimas y sus familiares.
– Exigir responsabilidades a todos los autores.
– Ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
– Adoptar y aplicar una legislación nacional que penalice la desaparición forzada de conformidad con lo dispuesto en el derecho internacional.