EE. UU. impuso estas sanciones a la unidad paramilitar y a varios de sus funcionarios actuales y anteriores el 10 de diciembre de 2021 en respuesta a las denuncias creíbles y generalizadas de graves abusos contra los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales , tortura, y desapariciones forzadas.
Desde el establecimiento de estas sanciones, fuentes fidedignas han confirmado que el Batallón y la Inteligencia de Seguridad Nacional (NSI) han estado realizando llamadas telefónicas amenazantes a las víctimas y a las personas defensoras de los derechos humanos, a quienes han citado en sus oficinas locales y han visitado en su lugar de trabajo y su domicilio en plena noche.
En una ocasión, el Batallón y el organismo de inteligencia acosaron a un miembro de la familia de una persona defensora de los derechos humanos desde mediados de febrero hasta principios de marzo de 2022, a la que han acusado de participar en "actividades antiestatales" por apoyar a las familias de las víctimas de desapariciones forzadas. Otra persona defensora de los derechos humanos afirmó que varios agentes del Batallón visitaron su casa a medianoche mientras sus hijos e hijas estaban durmiendo para interrogarla sobre las fuentes de financiación de su trabajo con las familias de víctimas de desapariciones forzadas. Posteriormente, los agentes del Batallón visitaron el lugar de trabajo de este activista, amenazándole al afirmar que "ocultar información le acarrearía más problemas".
El gobierno también tiene como objetivo de sus ataques a las organizaciones de derechos humanos. Se ha filtrado una circular gubernamental, aparentemente firmada por la primera ministra Sheikh Hasina y el secretario del gabinete Khandker Anwarul Islam el 25 de enero, en la que al parecer se responde a las sanciones encargando al Ministerio de Finanzas y a la Oficina del Primer Ministro que controlaran la financiación extranjera de varias organizaciones de derechos humanos.
El gobierno utiliza leyes draconianas y los tribunales para acosar a las personas defensoras de los derechos humanos por el trabajo que realizan. El 18 de febrero, Zohurul Haque, periodista y presidente del Club de Prensa de Patkelghata, fue detenido en virtud de la abusiva Ley de Seguridad Digital por publicar supuestamente en Facebook declaraciones críticas con el gobierno y la policía. El 27 de febrero, el Tribunal Cibernético de Dhaka formuló acusaciones contra un dibujante, Ahmed Kabir Kishore, y un periodista que vive en el exilio, Tasneem Khalil, en un caso que se basa en la Ley de Seguridad Digital, por presunta difusión de rumores y participación en actividades antigubernamentales.
Adilur Rahman Khan y ASM Nasiruddin Elan, dirigentes de la organización de derechos humanos bangladesí Odhikar, se enfrentan a un juicio basado en acusaciones falsas ante el Tribunal Cibernético de Dhaka. En febrero, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, manifestó su preocupación por este caso, y mencionó el hecho de que el tribunal incumple las garantías de un juicio justo, así como su falta de transparencia.
La solicitud de renovación del registro de Odhikar ante la Oficina de Asuntos de Organizaciones No Gubernamentales llevaba pendiente desde 2014, lo que limitaba de forma importante su capacidad para llevar a cabo actividades de supervisión e información en materia de derechos humanos. Sin embargo, tras años sin ningún tipo de acción, a principios de febrero, poco después de que se aprobaran las sanciones, la agencia envió a Odhikar una carta en la que le pedía información y documentos concretos, entre otros, los nombres y direcciones de todas las personas asesinadas extrajudicialmente y desaparecidas entre 2009 y 2021.
El 14 de marzo, personas expertas en derechos humanos de la ONU manifestaron su preocupación por el hecho de que las represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos pudieran desalentar y disuadir la labor de derechos humanos. En un comunicado, afirmaron que Bangladesh debe "cesar inmediatamente las represalias contra las personas defensoras de los derechos humanos y las familias de las víctimas de desaparición forzosa debido a su activismo y a la cooperación con los organismos internacionales de derechos humanos y los mecanismos de la ONU". Las organizaciones de derechos humanos tambiénhan instado a Bangladesh a responder a las preocupaciones de la ONUy a que esta prohíba el despliegue en operaciones de mantenimiento de la paz de cualquier persona que haya servido en el Batallón.
Bangladesh debe cesar inmediatamente el acoso y las represalias contra las víctimas de violaciones de derechos humanos, las personas defensoras de los derechos humanos y sus familias, señalaron estos grupos. Por el contrario, el gobierno debe centrar sus esfuerzos en garantizar la plena rendición de cuentas por los graves abusos contra los derechos humanos que persisten en el país.