Bangladesh: Ampliar el mandato de la Comisión de Investigación sobre las Desapariciones Forzadas para garantizar la verdad y la rendición de cuentas

17/06/2025
Declaración
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STR / NurPhoto / NurPhoto via AFP

La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y otras 15 organizaciones internacionales de derechos humanos instan al Gobierno provisional de Bangladesh a prorrogar el mandato de la Comisión de Investigación sobre Desapariciones Forzadas al menos hasta el 31 de diciembre de 2025. Aunque el mandato de la Comisión expira el 30 de junio, las víctimas y sus familias merecen que la Comisión disponga de tiempo suficiente para cumplir su mandato de realizar investigaciones independientes, imparciales y fidedignas sobre las desapariciones que tuvieron lugar bajo el gobierno de la Liga Awami de Sheikh Hasina durante los últimos quince años. Leer la declaración a continuación.

17 de junio de 2025. Acogemos con satisfacción las medidas iniciales que ha tomado el Gobierno provisional al establecer la Comisión y suscribir la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (CIPPDF) en agosto de 2024. Sin embargo, poner fin prematuramente a la labor de la Comisión, en plena investigación y antes de que haya concluido su informe final, socavaría el esfuerzo realizado hasta el momento por el Gobierno provisional para garantizar la justicia, la verdad y la reparación a quienes fueron objeto de estas graves violaciones.

Desde su creación en agosto pasado, la Comisión recibió más de 1850 denuncias. Fueron investigadas 1350 de ellas, gracias a que las víctimas y sus familias tuvieron el valor de dar un paso al frente tras años de miedo generalizado a alzar la voz, aunque es necesario más tiempo para finalizar el trabajo pendiente. La Comisión descubrió que las fuerzas de seguridad bajo el mando de Sheikh Hasina y los principales líderes de la Liga Awami utilizaron las desapariciones para atacar a la oposición política, activistas y otras personas que manifestaban disidencia. Entre las fuerzas de seguridad comprometidas en las desapariciones se encuentran las unidades policiales especializadas —el Batallón de Acción Rápida (RAB), la Brigada de Investigación, la Unidad Antiterrorista y de Delitos Transnacionales— y la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (DGFI).

Con frecuencia, se mantuvo a las víctimas detenidas y se las sometió a tortura y malos tratos en centros de detención secretos, entre otros, un establecimiento tristemente famoso situado en la sede de la Dirección General de Inteligencia al que se llamaba Aynaghar o "Casa de los Espejos", así como otros centros secretos similares a cargo del Batallón de Acción Rápida. Algunas víctimas permanecieron desaparecidas durante semanas o meses antes de pasar a disposición del tribunal donde tuvieron que responder a acusaciones penales falsas, mientras que otras estuvieron detenidas durante años o se las asesinó extrajudicialmente. Aunque en agosto de 2024 se liberó a algunas víctimas, muchas familias siguen esperando conocer la verdad sobre la suerte de sus seres queridos. Cuando la Comisión inspeccionó los centros de detención secretos gestionados por la Dirección General de Inteligencia y el Batallón de Acción Rápida, descubrió que se producieron intentos recientes de ocultar y destruir pruebas de estos abusos, como la eliminación de paredes para ampliar las celdas, la pintura reciente de las paredes en las que las víctimas habían grabado sus nombres y, en el centro RAB-1, el muro de ladrillo cerrando la entrada a unas celdas tan pequeñas que las víctimas no podían tumbarse.

Tras la presentación del segundo informe provisional de la Comisión el 4 de junio, resulta más evidente que nunca la necesidad de que el Gobierno provisional prorrogue el mandato de la Comisión al menos hasta el 31 de diciembre. Al presentar su informe provisional, la Comisión declaró que todavía no se logró determinar el destino de más de 300 víctimas de desapariciones, y el asesor principal, Muhammad Yunus, encargó a la Comisión que formulara recomendaciones políticas a corto plazo destinadas a su aplicación por el Gobierno provisional. Por lo tanto, es de suma importancia contar con una prórroga de al menos seis meses para garantizar que la Comisión pueda llevar a cabo investigaciones exhaustivas de todos los casos pendientes, proponer medidas concretas de reforma y preparar un informe final público que impulse los procesos de verdad y rendición de cuentas para las víctimas y sus familias.

Además, la prórroga del mandato de la Comisión proporcionará el tiempo necesario para establecer un marco permanente que garantice la continuación de investigaciones fidedignas sobre las desapariciones una vez que concluya la labor de esta Comisión temporal. Aunque el Gobierno provisional propuso recientemente un proyecto de ordenanza sobre prevención y reparación en materia de desapariciones forzadas con el fin de crear este marco y aplicar la CIPPDF, este documento presenta graves deficiencias. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han expresado su profunda preocupación por el hecho de que no se ajusta a las normas internacionales. Es necesario revisar este proyecto de ordenanza una vez se celebren consultas públicas adecuadas, con tiempo suficiente para recabar opiniones significativas que permitan resolver los principales problemas que plantea.

El Gobierno provisional debería prestar todo su apoyo a la Comisión para investigue de forma exhaustiva de todos los casos, prorrogando su mandato al menos hasta el 31 de diciembre y garantizando que la Comisión disponga del personal y los recursos adecuados para concluir su labor. Las fuerzas de seguridad deben cooperar plenamente con la Comisión garantizando un acceso permanente sin restricciones a todos los centros de detención de Bangladesh, facilitando el libre acceso a los registros relativos a las personas detenidas o arrestadas y velando por que los miembros de las fuerzas de seguridad participen de buena fe en las entrevistas que solicite la Comisión en el marco de su investigación.

Instamos encarecidamente al Gobierno provisional a que garantice que no se pone fin al importante trabajo de la Comisión, de modo que su esfuerzo en relación con estos casos pueda conducir a la verdad, la justicia y las reparaciones que tanto desean las víctimas y sus familias.

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  • Co-firmantes

    Amnistía Internacional
    Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN)
    Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD)
    Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
    Capital Punishment Justice Project
    Federación Euro-Mediterránea contra las Desapariciones Forzadas (FEMED)
    Fortify Rights
    Human Rights Watch
    International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
    International Coalition Against Enforced Disappearances (ICAED)
    Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
    International Truth and Justice Project (ITJP)
    Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM)
    Robert F. Kennedy Human Rights
    Tech Global Institute
    Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)

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    Bangladesh

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