París, Bruselas, 23 de junio de 2026. Parece ser que la semana pasada se expidieron visados a pesar de las protestas de la sociedad civil y se espera la llegada de una delegación talibán esta semana a Bruselas para mantener conversaciones con responsables de la UE. El tema de estas conversaciones sería la cooperación en materia de migración y el posible retorno de la población afgana cuyas solicitudes de asilo hayan sido denegadas en Estados miembros de la UE.
La FIDH advierte de que los esfuerzos por establecer una cooperación migratoria con representantes de los talibanes podrían contribuir a consolidar y normalizar una autoridad ilegítima que ha desmantelado sistemáticamente los derechos y libertades fundamentales desde su toma ilegal del poder en agosto de 2021. Desde entonces, las mujeres y las niñas han quedado casi totalmente excluidas de la vida pública, mientras que periodistas independientes, personas defensoras de los derechos humanos y antiguos miembros del funcionariado son objeto de actos de intimidación, acoso, agresiones, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de los derechos humanos.
"Invitar a los talibanes a mantener conversaciones en territorio europeo confiere un halo de legitimidad política a un régimen no democrático, que ha llevado a cabo persecuciones por motivos de género y de otras graves violaciones de los derechos humanos en virtud del derecho internacional", afirma Alexis Deswaef, presidente de la FIDH. "Al entablar este tipo de diálogo, la UE está traspasando sus propias líneas rojas en lo que respecta a las relaciones con los talibanes y pone en peligro sus propios compromisos en favor del respeto de los derechos humanos y del estado de derecho."
En un contexto en que el esfuerzo internacional se centra cada vez más en perseguir las violaciones graves de los derechos humanos, pretender alcanzar acuerdos migratorios con los talibanes es contrario a dicha labor y contradice las propias condiciones del compromiso de la UE, que sitúan el respeto de los derechos humanos —y, en particular, los derechos de las mujeres y las niñas— en el centro de las relaciones con los talibanes. Por otra parte, estas conversaciones corren asimismo el riesgo de ir en contra de los principios consagrados en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, que exigen que la acción exterior de la UE se rija por los derechos humanos, el estado de derecho y el respeto del derecho internacional.
Lo que hace saltar aún más todas las alertas es que en esta visita participarán altos cargos talibanes contra quienes pesan actualmente órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional (CPI) por el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género. Al recibir a representantes de los talibanes mientras se barajan acuerdos migratorios, la UE y sus Estados miembros corren el riesgo de enviar un mensaje peligroso, en el sentido de que se puede subordinar la responsabilidad por las graves violaciones de los derechos humanos a objetivos políticos a corto plazo.
La FIDH reitera que Afganistán no es un país seguro para el retorno de migrantes e insta a las instituciones europeas y a sus Estados miembros a respetar plenamente el principio de no devolución. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, no se debe retornar a ninguna persona a un país en el que corra el riesgo de persecución, torturas u otras violaciones graves de los derechos humanos.
Todo acuerdo destinado al retorno involuntario a Afganistán de miembros de su población situaría a la UE y a sus Estados miembros en riesgo de incumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional de las personas refugiadas y de los derechos humanos. Además, esta cooperación correría asimismo el riesgo de contribuir, directa o indirectamente, al mantenimiento de un sistema de opresión generalizada y sistemática.
En lugar de intentar establecer una cooperación migratoria y acuerdos de retorno con los talibanes, los responsables políticos europeos deberían dar prioridad al diálogo y al trabajo con la sociedad civil afgana, las personas defensoras de los derechos humanos y los grupos de víctimas. De este modo, respaldarían los esfuerzos internacionales en curso para garantizar que se haga justicia por las graves violaciones de los derechos humanos.
La FIDH recuerda que los expertos y las expertas de las Naciones unidas han subrayado reiteradamente que toda comunicación con los talibanes debe estar condicionado al respeto de los derechos humanos y no debe contribuir a la normalización o la consolidación de un sistema de persecución institucionalizada por motivos de género. En ningún caso las políticas migratorias deben realizarse en detrimento de los derechos, la dignidad y la protección del pueblo afgano.
El 16 de junio de 2026, la FIDH presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal belga en relación con la visita prevista de la delegación talibán. En un momento en que sus líderes son objeto de órdenes de detención dictadas por la CPI, las autoridades europeas no pueden ignorar las denuncias creíbles de crímenes internacionales graves. Toda persona sospechosa de ser responsable de este tipo de crímenes que entre en territorio europeo debería ser recibida no con un compromiso político, sino con un examen judicial.
A pesar de haber negado formalmente su apoyo a esta visita, el Gobierno belga ha expedido cinco visados a miembros de dicha delegación para que puedan reunirse con sus homólogos europeos en Bruselas, alegando como justificación la obligación de cooperar con las instituciones europeas en su calidad de país anfitrión. No obstante, Bélgica parece figurar entre los Estados miembros que han respaldado la propuesta de la Comisión Europea. La sociedad civil belga —entre la que se encuentran la FIDH y su organización miembro, la Ligue des droits humains (Bélgica)— ha condenado enérgicamente esta decisión y ha instado al Gobierno belga a que renuncie a autorizar dicha visita.