Kabul, París. La FIDH y sus organizaciones miembros en Afganistán, Armanshahr/OPEN ASIA condenan firmemente el odioso atentado terrorista que se produjo en Kabul el 19 de abril de 2016. Se trata del último atentado de la creciente oleada de violencia terrorista y de asesinatos sistemáticos de civiles en Afganistán, que indican claramente que la lucha por la paz y la justicia en el país necesitan un mayor compromiso por parte del Gobierno de Afganistán y el apoyo de la comunidad internacional.
El 19 de abril, se hizo detonar un camión cargado con explosivos justo delante de la Dirección Nacional de Seguridad (NDS, por sus siglas en inglés), institución responsable de la protección del funcionariado del Gobierno afgano en la capital. Este ataque causó al menos 64 víctimas mortales y 347 personas heridas, en su mayoría civiles. Los talibanes se han atribuido la autoría de este ataque que constituye el atentado suicida más letal perpetrado en Afganistán desde el año 2011. Según la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, en el primer trimestre de 2016 al menos 600 personas civiles han sido asesinadas y otras 1 343 han sido heridas. En comparación con el primer trimestre de 2015, se ha incrementado en un 26% el número de víctimas civiles causadas por ataques complejos y suicidas atribuibles a los talibanes y a otros insurgentes, que son responsables de más del 60% del total de las víctimas civiles.
La retirada de las tropas internacionales de Afganistán y la reducción de la ayuda internacional ha provocado la expansión de las operaciones de los talibanes y un aumento del número de víctimas civiles. Los talibanes continúan eligiendo objetivos civiles, lo que se considera crimen de guerra según el derecho internacional, y se niegan a respetar los derechos de las mujeres según lo establecido previsto en la constitución afgana. Todas estas violaciones contra el derecho internacional humanitario y del derecho internacional en materia de derechos humanos se cometen con total impunidad.
El fracaso en determinar responsabilidades por las atrocidades cometidas en el pasado y en la actualidad y la indiferencia de las autoridades ante las exigencias de justicia por parte de los millones de víctimas han dado lugar a que se perpetúe el ciclo de violencia y de desconfianza generalizada ante cualquier iniciativa para la reconciliación y la paz en Afganistán. Por consiguiente, los esfuerzos de reconciliación en Afganistán deben garantizar justicia y rendición de cuentas, así como la confianza y estabilidad necesarias para poner freno a este ciclo de violencia que causa un creciente número de víctimas civiles.
Nuestras organizaciones instan al Gobierno afgano a que intensifique sus esfuerzos para proteger a la población civil contra la violencia, investigue los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, persiga a los presuntos autores, revoque la Ley de Amnistía y fortalezca el sistema judicial para garantizar la rendición de cuentas por actos terroristas. El Gobierno debería colaborar plenamente con la CPI y facilitar el trabajo independiente de la organización en Afganistán. El Gobierno afgano y sus socios internacionales también deben destinar los recursos suficientes para renovar su compromiso y aplicar de forma efectiva el Plan de Acción para la Justicia, la Paz y la Reconciliación. Asimismo debe garantizarse el respeto y la protección a las víctimas de la guerra y las autoridades afganas deberían divulgar los mecanismos que ha puesto en marcha para proteger a la población de los ataques aéreos ilegítimos que llevan a cabo Afganistán y los Estados Unidos.