En un entorno de un ataque frontal a los derechos humanos –lo que incluye ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura– las personas defensoras de los derechos humanos, las activistas de los derechos de las mujeres y otros actores de la sociedad civil han sido especialmente vulnerables a estas violaciones. A pesar de los riesgos y del clima de miedo que reina sobre el terreno, las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas continúan reuniendo información sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas. Aunque resulta casi imposible obtener una imagen completa de la situación de los derechos humanos en el país y reunir los datos de manera sistemática, las cifras preliminares obtenidas por la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) indican que se desde el 15 de agosto de 2021 se ha asesinado al menos a ocho activistas de la sociedad civil y dos periodistas. Por otra parte, se ha producido la detención arbitraria de 44 periodistas y 10 activistas de la sociedad civil.
Resulta preocupante el hecho de que, al parecer, los talibanes están recurriendo a las desapariciones forzadas y a la violencia como medio para silenciar a la sociedad civil. Los talibanes han detenido y mantenido incomunicadas durante varias semanas a cuatro mujeres defensoras de los derechos humanos, por haber participado en una manifestación relacionada con los derechos de las mujeres el 16 de enero de 2022, aunque se las puso en libertad el 11 y el 13 de febrero de 2022. Según fuentes de la FIDH, otras 16 defensoras de los derechos humanos se encuentran en paradero desconocido. Estas violaciones contra la sociedad civil se producen en un contexto de retroceso en ámbitos en los que se habían logrado mejoras desde 2021, como los derechos de las mujeres, el acceso a la educación y el desarrollo de un dinámico sector de medios de comunicación.
"Desde el 15 de agosto, hemos visto el desmantelamiento sistemático por parte de los talibanes de los logros alcanzados en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, imponiendo un clima de terror y represalias contra cualquiera que se perciba como una amenaza para su gobierno. Mientras tanto, muchos países dialogan incondicionalmente con los talibanes y no abordan adecuadamente las violaciones de los derechos humanos ni presionan para que se rindan cuentas por estos graves abusos."
Ante la próxima celebración del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) que comienza el 28 de febrero de 2022, durante el que se nombrará un/a Relator/a Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, la FIDH y OPEN ASIA - Fundación Armanshahr hacen un llamado a los miembros del CDH para que se comprometan a apoyar plenamente a la persona titular del mandato y apoyen la vigilancia continua y sistemática por parte de los órganos y mecanismos de la ONU de la situación de los derechos humanos en Afganistán.
La FIDH y OPEN ASIA - Fundación Armanshahr instan asimismo al Consejo de Seguridad de la ONU a que renueve el mandato de la UNAMA, que expira el 17 de marzo de 2022, y a garantizar que la UNAMA disponga de todos los recursos necesarios para seguir cumpliendo su mandato de vigilancia y documentación de los derechos humanos de forma independiente.
"Ha llegado el momento de que los Estados miembros de la ONU muestren unidad, entre otras cosas, garantizando la creación de mecanismos eficaces para supervisar las violaciones de los derechos humanos y exigir responsabilidades a los talibanes. Esto significa velar por la renovación del mandato de la UNAMA con un fuerte mandato político y de derechos humanos e identificar vías concretas para garantizar la rendición de cuentas de los violadores de los derechos humanos."