La reanudación de la investigación fue autorizada por la Sala de Cuestiones Preliminares II el 31 de octubre de 2022,tras una solicitud del fiscal, Karim Khan, de 27 de septiembre de 2021. Anteriormente, el 5 de marzo de 2020, la Sala de Apelaciones accedió a la solicitud del fiscal de que se autorizase una investigación sobre los delitos cometidos por los talibanes, las fuerzas nacionales afganas, así como los militares y los funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos (EE. UU.) derivados del programa de tortura estadounidense. En abril de 2020, las autoridades afganas que precedieron a los talibanes habían solicitado el aplazamiento de la investigación de la CPI en favor de las supuestas investigaciones que se estaban llevando a cabo a nivel nacional.
Con el cambio radical de las circunstancias en Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes en agosto de 2021 y, teniendo en cuenta las muy escasas investigaciones que estaban llevando a cabo las autoridades, entre las que no existía ninguna investigación de los crímenes cometidos por ciudadanos estadounidenses u otras fuerzas internacionales, la magistratura de la Sala de Cuestiones Preliminares II consideró que no se estaba realizando ninguna investigación verdadera de los presuntos crímenes y que los talibanes no habían mostrado ningún interés por dar curso a la solicitud de aplazamiento. La tan esperada decisión de reanudar la investigación de la CPI da luz verde al fiscal para investigar todos los crímenes cometidos por todas las partes, tal y como figuraba en la solicitud original de la Fiscalía.
A pesar de los enormes retos que plantea el futuro próximo, todas las partes en la guerra deben responder ante la justicia
"Desde la violenta toma de posesión de los talibanes, la población de Afganistán se enfrenta a una nueva ola de violencia. Las víctimas, especialmente las mujeres y las niñas y los grupos étnicos y religiosos, llevan décadas esperando que se haga justicia y no tienen más perspectiva de rendición de cuentas, ya que reinan el miedo y la impunidad. El futuro próximo plantea enormes retos, ya que los grupos de víctimas y la comunidad de derechos humanos, entre otros, OPEN ASIA | Armanshahr, no pueden llevar a cabo su trabajo sobre el terreno, con la consiguiente pérdida de las pruebas de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos", ha declarado la directora ejecutiva de OPEN ASIA | Armanshahr y vicepresidenta de la FIDH, Guissou Jahangiri.
Nuestras organizaciones toman nota de la mención por parte de los/as jueces/as de la CPI a las alegaciones presentadas por las víctimas, de las que se desprende que existe "confusión y decepción" en relación con la práctica de la Fiscalía de informar a las víctimas de las actividades y estrategias de investigación mediante declaraciones públicas. En octubre y diciembre de 2021, CCR había presentado alegaciones en nombre de dos víctimas del programa de tortura de EE. UU. que permanecen detenidas sin cargos en Guantánamo, en las que ambos hombres instaban a que se reanudara la investigación sin demora, ya que no había ningún procedimiento de investigación en marcha ni en Afganistán ni en EE. UU., e instaban al fiscal de la CPI a "dar prioridad" a todas las dimensiones de la investigación teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes y la arraigada impunidad de los mismos. La magistratura de la CPI instó "a la Fiscalía a realizar una evaluación exhaustiva y crítica de su estrategia de comunicación con las víctimas, para garantizar un diálogo respetuoso y sensible con ellas". La magistratura de la CPI recordó igualmente a la Fiscalía que su decisión se aplicaba a la reanudación de la investigación de todos los presuntos crímenes comprendidos en la situación y el conflicto que la Sala de Apelaciones había autorizado en marzo de 2020, es decir, los crímenes cometidos por los talibanes, las fuerzas nacionales afganas y los derivados del programa de tortura de Estados Unidos, tanto en Afganistán como en el territorio de otros Estados Partes en la CPI, como Rumanía, Lituania y Polonia.
"Apoyamos plenamente la petición de los jueces al fiscal de que reanude la investigación ’en su totalidad’ y le instamos a avanzar rápidamente para disuadir de que se cometan crímenes actuales y futuros y hacer frente a la arraigada impunidad, a la vez que se lanza el importante mensaje de que nadie está por encima de la ley", afirmó el vicepresidente de la FIDH y abogado internacional Alexis Deswaef.
Nuestras organizaciones reiteran asimismo el llamado a que se garantice una comunicación significativa entre la Fiscalía y las víctimas y la sociedad civil en relación con la investigación, a la vez que subrayamos la importancia de una participación significativa de las víctimas en todas las fases de los procedimientos de la CPI.
"Todas las víctimas de la decisión de Afganistán han sufrido en su persona el viejo aforismo, ’justicia retrasada es justicia negada’. En estos momentos, el fiscal tiene autoridad para ofrecer una medida de justicia a las víctimas de los talibanes, las fuerzas afganas y el programa de tortura de Estados Unidos. No investigar a los actores estadounidenses en este tribunal de última instancia lanzaría un peligroso mensaje a los funcionarios de Estados poderosos –y a sus víctimas– al suponer que algunos están realmente por encima de la ley. Esto no debe ocurrir", indicó la abogada principal de CCR y representante legal de las víctimas, Katherine Gallagher.
Un historial de búsqueda de responsabilidades en Afganistán
En 2007, la Fiscalía anunció el examen preliminar de la situación en Afganistán. El 20 de noviembre de 2017, el fiscal solicitó autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares II para investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003 por las fuerzas y autoridades gubernamentales afganas, así como por los talibanes y grupos afines. El fiscal solicitó asimismo investigar los crímenes de guerra presuntamente cometidos por las fuerzas armadas estadounidenses en el territorio de Afganistán y por los miembros de la CIA en centros de detención secretos en Afganistán y en el territorio de otros Estados Partes –concretamente, Polonia, Rumanía y Lituania– desde el 1 de julio de 2002 y principalmente en el periodo 2003-2004.
El 12 de abril de 2019, la Sala de Cuestiones Preliminares decidió que no se iniciase una investigación sobre la situación en Afganistán, al considerar que no iría en "interés de la justicia". En respuesta a esta decisión, el 11 de julio de 2019, la FIDH y dos miembros de Afganistán presentaron unamicus curiae a favor de la revisión judicial de este rechazo, mientras que CCR, como representante legal de las víctimas del programa de tortura de Estados Unidos, presentó un recurso contra la decisión. El 15 de noviembre de 2019, la FIDH, junto con otras ocho organizaciones de la sociedad civil, presentó otro amicus curiae sobre la participación de las víctimas. CCR argumentó en nombre de las víctimas en una audiencia de tres días celebrada en diciembre de 2019 que la investigación era en interés de la justicia y se debía autorizar sin más demora. El 5 de marzo de 2020, la Sala de Apelaciones autorizó al fiscal a iniciar la investigación. Sin embargo, el 26 de marzo de 2020, las autoridades afganas presentaron una solicitud de aplazamiento. El 27 de septiembre de 2021, el fiscal anunció que había solicitado la reanudación de la investigación sobre los crímenes internacionales cometidos en Afganistán, aunque con la intención de centrarla en los crímenes internacionales cometidos por los talibanes, al tiempo que se quitaba prioridad a los crímenes cometidos por las fuerzas afganas y los ciudadanos estadounidenses.