Las organizaciones de la sociedad civil y las personas defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación por la información sobre la posible realización de una visita oficial de representantes de los talibanes a Bruselas en junio de 2026.
Es importante recordar que los talibanes no representan al pueblo de Afganistán, ya que carecen de legitimidad democrática interna: su autoridad no se ha establecido mediante ningún proceso participativo, inclusivo, representativo o constitucional.
Actualmente hay dos órdenes de detención vigentes dictadas por la Corte Penal Internacional contra sendos altos cargos talibanes por crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos de género, y numerosas personas asociadas con los talibanes siguen figurando en las listas de los regímenes de sanciones internacionales, entre otros, los de la Unión Europea.
En este contexto, todo contacto oficial con representantes talibanes, especialmente en territorio europeo, tiene importantes repercusiones jurídicas, políticas y simbólicas, ya que existe el riesgo de que se perciba como una forma de normalización o de reconocimiento implícito.
Desde agosto de 2021, los talibanes han aplicado toda una serie de políticas, decretos y medidas institucionales destinadas a desmantelar sistemáticamente los derechos y libertades fundamentales. Se ha excluido casi por completo de la vida pública a las mujeres y las niñas, al prohibir la educación secundaria y superior, limitar gravemente su posibilidad de trabajar, su libertad de circulación y la participación en los espacios cívicos y políticos.
La Corte Penal Internacional y diversos organismos expertos de las Naciones Unidas y juristas han examinado el conjunto de estas medidas y consideran que podrían constituir persecución por motivos de género como crimen de lesa humanidad en virtud del derecho internacional.
Por otra parte, se ha recibido información de la comisión sobre la comisión de constantes violaciones graves de los derechos humanos, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos, así como represalias contra personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y antiguo personal de la administración pública. La falta de transparencia y de mecanismos de supervisión independientes dificulta la comprobación del alcance total de estas violaciones, aunque, según las pruebas disponibles, existe un patrón profundamente preocupante y continuado. La realidad es que no se han rendido cuentas a las víctimas y supervivientes de las graves violaciones de los derechos humanos y los posibles crímenes internacionales mencionados anteriormente.
Los recientes cambios en los marcos jurídicos y legales que ha introducido el régimen talibán han restringido aún más el acceso a la justicia, han socavado las garantías del debido proceso y han institucionalizado prácticas discriminatorias, especialmente contra las mujeres y las niñas.
Son igualmente preocupantes las políticas actuales y las propuestas nuevas relacionadas con el retorno forzoso de solicitantes de asilo de Afganistán que se encuentran en Estados miembros de la UE. Todo retorno forzoso de personas a Afganistán en las condiciones actuales suscitaría graves preocupaciones en virtud del derecho internacional, entre otros, el principio de no devolución. Nos preocupa muy especialmente esta situación en relación con las mujeres y las niñas, cuyas vidas, seguridad y derechos fundamentales corren un riesgo inmediato y sistémico bajo el régimen talibán. Actualmente, Afganistán es uno de los lugares más peligrosos del mundo para las mujeres y el retorno forzoso expondría a muchas de ellas a la persecución, la violencia y una grave privación de derechos.
Por todo ello, instamos a la Unión Europea y a sus Estados miembros a:
– abstenerse de entablar relaciones con representantes talibanes a nivel político o diplomático en las condiciones actuales, ya que tal interacción corre el riesgo de contribuir a normalizar y legitimar de forma implícita una situación caracterizada por graves violaciones de los derechos humanos, incluida la opresión sistemática de las mujeres y las niñas;
– reconocer que actualmente no se cumplen las condiciones mínimas que la UE suele citar para entablar un diálogo –entre otros, el respeto de los derechos fundamentales, en particular los derechos de las mujeres– por lo que continuar con la visita programada a pesar de todo socavaría los compromisos de la Unión Europea en materia de derechos humanos;
– apoyar activamente los esfuerzos de la justicia internacional para responder a las graves violaciones de los derechos humanos y los posibles crímenes internacionales cometidos, entre otros, la persecución por motivos de género, incluso mediante una cooperación efectiva con la Corte Penal Internacional en su investigación sobre Afganistán, con el fin de que no se relegue a un segundo plano la rendición de cuentas en favor de consideraciones políticas o relacionadas con la migración;
– afirmar de forma pública e inequívoca que los derechos de las mujeres y las niñas afganas no son negociables y no pueden verse comprometidos ni utilizarse como moneda de cambio en el contexto de las relaciones diplomáticas o la política migratoria;
– apoyar activamente las vías de litigio estratégico, incluso a través de mecanismos de jurisdicción universal y extraterritorial, para reforzar el acceso de las víctimas a recursos efectivos por crímenes internacionales graves y contribuir a que sus presuntos autores rindan cuentas en marco judicial;
– detener de inmediato todo retorno forzoso de solicitantes de asilo de nacionalidad afgana, cumpliendo plenamente el principio de no devolución y reconociendo que el retorno en las condiciones actuales expondría a las personas a persecución y daños graves, especialmente a las mujeres y las niñas;
– garantizar que ninguna persona vinculada a las autoridades talibanes, ni ninguna persona contra la que se hayan formulado acusaciones creíbles de violaciones graves de los derechos humanos, sea recibida, acogida o participe en forma alguna de cooperación o consulta;
– entablar consultas estructuradas y significativas con la sociedad civil, las víctimas y las personas defensoras de los derechos humanos de Afganistán, para garantizar que su perspectiva influya directamente en las decisiones políticas de la UE.
El incumplimiento de estos principios corre el riesgo de reforzar aún más la impunidad, socavar la credibilidad del compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos y la justicia de género, y abandonar a las víctimas y supervivientes de Afganistán en un momento especialmente difícil.
Ofrecemos nuestra colaboración constructiva con socios europeos e internacionales para que cualquier respuesta a la situación en Afganistán se base en la rendición de cuentas, la justicia y la protección de los derechos fundamentales.