Desde el 15 de agosto de 2021, hemos sido testigos de la constante degradación de los logros en materia de derechos humanos en Afganistán y de los ataques, las represalias y la falta de protección efectiva de las personas defensoras de los derechos humanos en el país. Se ha atacado de forma deliberada a las mujeres y las niñas, las minorías religiosas y étnicas, así como a quienes que se manifiestan en contra de las violaciones y a favor de la protección de los derechos de la población más vulnerable. Se trata de un patrón de violencia al que la comunidad internacional ha respondido con medidas insuficientes. Las personas defensoras de los derechos humanos que continúan trabajando para sus comunidades han sido abandonadas de hecho y se las ha dejado sin el apoyo adecuado, sin acceso a recursos, protección ni vías para salir del país con seguridad.
Desde que los talibanes llegaron al poder, las personas defensoras de los derechos humanos son objeto de ataques casi diarios y de represalias violentas, como detenciones, torturas, amenazas y asesinatos. La escalada de violencia en las provincias ha obligado a un gran número de personas defensoras a abandonar sus hogares y a trasladarse o reasentarse en otro lugar. Las personas defensoras de los derechos humanos, en particular las mujeres defensoras, han corrido múltiples riesgos y sufrido numerosas amenazas por parte de los talibanes, como secuestros, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, torturas, daños físicos y psicológicos, registros domiciliarios, amenazas de muerte y amenazas físicas, intimidación, acoso y violencia contra sus familiares. Las defensoras de los derechos humanos también se han enfrentado a una opresión sistemática y a su segregación de la vida pública. Se han visto despojadas de su derecho al trabajo, a la libertad de movimiento, al acceso a la educación y a la participación en los asuntos públicos. Quienes intentan salir de Afganistán debido al grave riesgo que corren ven cómo se ha dificultado el acceso a las vías seguras y dignas de salida, que siguen siendo extremadamente difíciles y problemáticas.
Se han producido asimismo graves recortes de la libertad de expresión y de reunión. Estas libertades han dejado de contar con la protección jurídica a institucional y toda forma de disidencia se enfrenta a detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Las desapariciones forzadas de mujeres y la detención arbitraria de periodistas y activistas de la sociedad civil son tácticas a las que recurren los talibanes para silenciar las voces que se hacen oír. Las mujeres que han organizado y participado en protestas pacíficas se han enfrentado a violentas medidas de represión, incluidas detenciones y torturas, lo que pone de manifiesto la escalada ilegal de los esfuerzos por reprimir las protestas pacíficas y la libertad de expresión en Afganistán. Además, los talibanes han reprimido continuamente la libertad de los medios de comunicación. En los tres primeros meses después de que los talibanes tomaran el poder, el 43% de los medios de comunicación afganos dejaron de existir. Se detiene y golpea a los/as periodistas, especialmente cuando cubren las protestas. El personal de los medios de comunicación, especialmente las mujeres, es objeto de constante intimidación, amenazas y acoso, lo que les ha obligado a esconderse o abandonar el país. Se han llevado a cabo registros domiciliarios de periodistas, sobre todo de quienes trabajan o se considera que trabajan para medios de comunicación occidentales.
Las minorías religiosas y étnicas han sido especialmente objeto de ataques. Los talibanes han organizado ataques militares contra la población y contra grupos minoritarios de las provincias de Kunduz, Daikundy, Ghazni, Nangarhar, Faryab, Badakhshan, Panjshir y Baghlan. También han llevado a cabo ataques contra hazaras, hindúes y sijs, y en este contexto se han producido algunas acusaciones fidedignas de crímenes de guerra, genocidio y limpieza étnica perpetrados contra estas comunidades. Las personas defensoras de los derechos humanos de estas comunidades, especialmente las mujeres, corren un riesgo especial. Quienes intentan documentar y denunciar las violaciones se enfrentan a graves represalias.
Desde que los talibanes tomaron el poder se han disuelto las instituciones independientes del país, como la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán (AIHRC), y su personal en el país ha sufrido amenazas. La disolución de la AIHRC pone de manifiesto la falta de respeto por parte de los talibanes de los principios de los derechos humanos, lo que ha reducido aún más el acceso de la ciudadanía afgana y las personas defensoras de los derechos humanos a un mecanismo independiente y eficaz de derechos humanos en el país. Cuando tienen lugar graves violaciones de los derechos humanos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán desempeña un importante papel a la hora de supervisar e investigar las violaciones de los derechos humanos y de exigir responsabilidades a sus autores a través de los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.
En la crisis de derechos humanos en Afganistán hay que tener en cuenta asimismo el gran sufrimiento de la población desplazada por la violencia. La toma del poder por parte de los talibanes ha agravado una de las situaciones de personas refugiadas más duraderas del mundo. Hasta la fecha, más de seis millones de afganos han sido expulsados de sus hogares y/o de su país por el conflicto, la violencia y la pobreza. De ellos, 3,5 millones están desplazados dentro de Afganistán, y 2,6 millones de refugiados afganos viven en otros países. Desde la llegada al poder de los talibanes en Afganistán en agosto de 2021 estas cifras se han visto agravadas y el país atraviesa hoy una grave crisis humanitaria. El impacto de la situación ha sido devastador para las personas defensoras de los derechos humanos y sus familias, que huyen de sus hogares para salvar su propia vida. Cada vez son más limitadas las vías seguras para que las personas defensoras se marchen y escapen de la violencia. Las que se encuentran en los países vecinos sufren la falta de acceso a instalaciones, la amenaza de detención y repatriación forzosa y la incertidumbre sobre su futuro.
A pesar de esta grave crisis de derechos humanos, la comunidad internacional no ha estado a la altura de su responsabilidad para con las personas defensoras de los derechos humanos en Afganistán a quienes ha financiado y alentado a lo largo de dos décadas. Ha llegado el momento de que la comunidad internacional tome medidas concretas para proporcionar apoyo práctico a las personas defensoras de los derechos humanos y asegurarse que los talibanes rindan cuentas.
En consecuencia, pedimos a la comunidad internacional que:
– Mantenga sus compromisos y proporcione a las personas que han dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, el Estado de derecho y las libertades democráticas un apoyo práctico inmediato a todos los niveles, incluso a través de canales diplomáticos y políticos, con medidas de protección específicas y mejoradas para las defensoras de los derechos humanos y las periodistas.
– Adopte medidas concretas para velar por el fin inmediato de todas las violaciones y abusos de los derechos humanos contra todas las personas en Afganistán, entre ellas, las personas defensoras de los derechos humanos, las minorías –especialmente los grupos étnicos y religiosos–, las personas LGBTIQ+, periodistas, mujeres y niñas.
– Inste a los talibanes a que garanticen que las niñas y las mujeres cuentan con oportunidades y acceso a una educación de buena calidad, de acuerdo con la legislación internacional sobre derechos humanos y en igualdad de condiciones con los hombres y los niños, y que abran escuelas para niñas de todas las edades y respeten el derecho de las mujeres a participar en los asuntos públicos.
– Adopte todas las medidas necesarias para garantizar la salida segura de Afganistán. Esto incluye que los pasos fronterizos permanecen abiertos, se agilizan los visados o salvoconductos, se presta un apoyo rápido a las evacuaciones y se proporciona ayuda para la reubicación y el reasentamiento.
– Adopte una postura firme ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que la situación de los derechos humanos en Afganistán sea objeto de un estrecho seguimiento y que las autoridades de facto del país cumplan las normas de derechos humanos establecidas en la legislación internacional sobre derechos humanos, entre otras cosas, reforzando el mandato de supervisión e información sobre derechos humanos de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).
– Se comprometa a la prórroga del mandato del Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán hasta que se alcancen los objetivos previstos y disponga de recursos suficientes para cumplir su mandato, y a evaluar la idoneidad de estos recursos tras revisar su informe.
– Adopte medidas para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU establezca un mecanismo de investigación independiente que investigue, recopile y conserve pruebas de todas las violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Afganistán y que garantice la rendición de cuentas por dichas violaciones y abusos.
– Pida que el Secretario General de la ONU realice una visita a Afganistán para contribuir a atraer la atención mundial sobre la situación, aumentar la presión sobre los talibanes para que respeten los derechos humanos y propiciar soluciones globales para poner fin a la grave crisis humanitaria.
– Exija a los talibanes que restablezcan inmediatamente la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y el Ministerio de Asuntos de las Mujeres, que le proporcionen los recursos y el apoyo necesarios para desempeñar plenamente sus funciones y preservar su independencia.
– Inste a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a avanzar sin demora en la realización de una labor amplia e inclusiva con objeto de investigar y enjuiciar los delitos que son competencia de la corte, independientemente de quiénes sean sus autores y pida a todos los Estados miembros de la ONU que establezcan y ejerzan efectivamente la jurisdicción universal para que todos los autores de delitos cometidos en Afganistán rindan cuentas.
– Impida y contrarreste la intervención de los talibanes en la distribución de la ayuda humanitaria por parte de la ONU y otras organizaciones humanitarias o benéficas. Toda la ayuda humanitaria se debe distribuir de forma justa entre la población afectada, independientemente de su origen étnico, religioso o de otro tipo.
– Pida a los talibanes que permitan al Relator Especial de la ONU visitar todas las zonas que solicite, incluidas aquellas en las que se han denunciado crímenes de guerra.