La Jueza María Lourdes Afiuni se encuentra privada de libertad desde el 10 de diciembre de 2009, cuando fue arrestada policialmente poco después de haber ordenado la libertad condicional del Sr. Eligio Cedeño, cuya detención había sido declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. Por instrucción pública del Presidente Chávez de 11 de diciembre de 2009, la Jueza Afiuni fue acusada de los delitos de “corrupción”, “complicidad en una fuga”, “conspiración criminal” y “abuso de poder”.
Durante 2010, la Jueza Afiuni estuvo recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en la ciudad de Los Teques, en condiciones que ocasionaron graves consecuencias para la vida e integridad personal de la Jueza Afiuni, como reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgó medidas cautelares a favor de la jueza el 11 de enero de 2010; las condiciones cada vez peores llevaron a que el 10 de diciembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también adoptara medidas provisionales a su favor. Desde el 2 de febrero de 2011, la Jueza Afiuni se encuentra en arresto domiciliario con numerosas restricciones, a pesar de las persistentes recomendaciones de liberación inmediata y sin condiciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados y otros Procedimientos Especiales de Naciones Unidas. En el juicio penal en su contra, durante el cual se han constatado varias irregularidades procesales, no se ha dictado todavía sentencia de primera instancia. En diciembre de 2011, el Juez Alí Fabricio Paredes decidió, sin celebrar la audiencia prevista por la ley, extender dos años más el lapso de tiempo de privación preventiva de libertad de la Jueza Afiuni, periodo que excede los limites de ley y que en todo caso excedería la eventual sanción prevista para el delito de mayor entidad por el cual se le acusa.
Asimismo, el Observatorio y la CIJ han sabido que los abogados de la Sra. Afiuni, Sra. Thelma Fernández y Sr. José Amalio Graterol, han comenzado a recibir amenazas e intimidaciones, relacionadas con las denuncias públicas que han venido realizando en contra de las actuaciones de los jueces en este caso. Según denuncias reflejadas en los medios de comunicación, se les habría amenazado con imputarlos de la comisión de varios delitos. Además, la Jueza Zinnia Briceño, Presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana, habría ordenado a los jueces rechazar los recursos ejercidos por estos abogados e instar a lo familiares de las otras personas defendidas a que les revocaran la defensa.
El Observatorio y la CIJ condenan el hostigamiento judicial y la detención arbitraria de la Jueza María Lourdes Afiuni, en la medida en que hay indicios sólidos de que estos pretenden sancionar su actividad profesional y en defensa de la implementación del derecho venezolano y de los estándares y recomendaciones internacionales. Asimismo, el Observatorio y la CIJ urgen a las autoridades venezolanas a que garanticen que el juicio contra la Jueza Afiuni se desarrolle de plena conformidad con las normas nacionales y internacionales que reconocen el derecho a la libertad personal y el derecho al debido proceso, incluyendo la independencia e imparcialidad de los tribunales competentes así como la necesidad de observar plenamente el derecho a la presunción de inocencia.
El Observatorio y la CIJ expresan su preocupación y rechazo absoluto respecto a los actos de intimidación y amenazas contra los abogados defensores de la Jueza Afiuni, la Sra. Thelma Fernández y el Sr. José Amalio Graterol, y exhortan a las autoridades venezolanas a poner fin a todo tipo de hostigamiento contra ellos, incluyendo a nivel judicial y garantizarles plenamente el ejercicio de su profesión de abogados.
En el mismo sentido, el Observatorio y la CIJ instan a las autoridades venezolanas a que adopten de manera inmediata las medidas más apropiadas para que se ponga fin a todo acto de intimidación y amenazas en contra de los defensores de derechos humanos en Venezuela y que se asegure la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, así como por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por Venezuela.
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· FIDH: Karine Appy, Arthur Manet: + 33 1 43 55 25 18
· CIJ: Ilaria Vena: + 41 22 979 38 27