Hostigamiento y la campaña pública de desprestigio en contra de varias organizaciones de derechos humanos - VEN 004 / 0710 / OBS 089

22/07/2010
Llamado urgente

El Observatorio ha recibido con seria preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre el hostigamiento y la campaña pública de desprestigio en contra de varias organizaciones de derechos humanos.

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Venezuela.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el 13 de julio de 2010, integrantes del Movimiento Periodismo Necesario[1], que estaría estrechamente ligado al Gobierno venezolano, solicitaron a la Fiscalía General de la República el inicio de una investigación a las organizaciones Espacio Público e Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS)[2] para determinar el origen del financiamiento de sus actividades, bajo la premisa que éste proviene del Departamento de Estado de Estados Unidos y que ello constituye presuntamente una relación estratégica con los medios de comunicación venezolanos con fines desestabilizadores del orden establecido. La iniciativa se basa en declaraciones así como en un artículo realizado por la Sra. Eva Golinger en el que se cuestiona el origen de los fondos que reciben varias organizaciones, universidades y otras instituciones venezolanas y en el que demanda una ley de cooperación internacional. Declaraciones y artículos de este tipo se han venido reproduciendo en varios medios de comunicación durante los meses de junio y julio y han sido retomadas por el Presidente. El 22 de junio de 2010 el Sr. Mario Silva en su programa “La Hojilla” alegó, basado en las declaraciones de la Sra. Golinger, que el financiamiento proveniente de cooperación internacional es ilegal porque viola las leyes financieras del país. En esta misma línea, el 14 de julio de 2010, el Presidente pidió investigar “los millones y millones de dólares” que destina el Departamento de Estado estadounidense para financiar a organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas y periodistas.

El Observatorio muestra su preocupación por estas campañas que pretenden presentar a las organizaciones de la sociedad civil, particularmente a Espacio Público y el IPYS, como “ejecutores de instrucciones del extranjero” y como “agentes desestabilizadores del régimen” por el hecho de recibir fondos de cooperación internacional para sus actividades en la promoción y protección del derecho humano a la libertad de expresión, que realizan de manera pública, legal y autónoma. Asimismo el Observatorio condena el hostigamiento judicial contra Espacio Público y contra el IPYS y recuerda que según que según el artículo 13 de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998 “Toda persona tiene derechos, individual o colectivamente a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El Observatorio condena rotundamente el hostigamiento judicial en contra de Espacio Público y el IPYS así como la campaña de difamación en contra de las organizaciones de la sociedad civil y teme que estén motivados en razón de sus actividades de defensa de los derechos humanos, en particular del derecho a la libertad de expresión e información.

Acción solicitada:

Favor dirigirse a las autoridades de Venezuela urgiéndoles a:

i. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de Espacio Público e IPYS así como de todos los defensores de derechos humanos en Venezuela;

ii. Realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a los hechos arriba denunciados, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;

iii. Velar por que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento – incluso judicial - contra Espacio Público e IPYS así como de todos los defensores de derechos humanos en Venezuela;

iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (Art.1), en lo relativo al deber del Estado de “garantizar la protección [...] de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la [...] Declaración” (Art. 12.2) así como en lo que concierne el derecho de toda persona “individual o colectivamente a solicitar, recibir y utilizar recursos con el objeto expreso de promover y proteger, por medios pacíficos, los derechos humanos y las libertades fundamentales” (Art 13);

v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Venezuela.

Direcciones:

· Presidente de la República, S.E. Hugo Chávez Frías. Palacio de Miraflores, Caracas, Venezuela; Fax:+58.212.806 3698 E-mail: dggcomunicacional@presidencia.gob.ve

· Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Ministerio Público Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo, Avenida México, Caracas, Venezuela. FAX.: +58 (0) 212 509.72.64; / + 58 212 509.73.45 / +58.212.509.75.35. E-mail: mp@fiscalia.gov.ve

· Sr. Tarek El Aissami, Ministro de Interior y Justicia, Avenida Urdaneta Esquina de Platanal, Edificio Interior y Justicia, Despacho del Ministro, Piso 3, Caracas, Venezuela. Fax: + 58 212.506.16.85 / + 58 212 5061557 + 58 212 5061064

· Sra. Gabriela Ramírez Pérez, Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, Centro Financiero Latino, Piso 29, Avenida Urdaneta, Esquina de Animas a Plaza España, Caracas, Venezuela. Fax: +58 212 262 0469, +58 212 505 3007, +58 212 507 7014, +58 212 507 7020. E-mail: denuncias@defensoria.gob.ve

· Sra. Carla Ferreira, Fiscalía Nº 126º con Competencia en Derechos Fundamentales, Edificio Sede del Ministerio Público, Esquina de Ánimas. Av. Urdaneta, Caracas, Venezuela. E-mail: fcaracas@fiscalia.gov.ve Fax: + 58 212 4086974

· S.E. Germán Mundaraín Hernández, Misión Permanente de Venezuela ante la ONU en Ginebra, 18-a, Chemin François-Lehmann, 1218, Ginebra. FAX: + 41.22.723.28.81 ; E-mail: mission.venezuela@ties.itu.int

· Embajada de Venezuela en Bruselas, 10 Avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruselas, Bélgica, Tel: + 32 2 639 03 40. Fax: + 32 2 647 88 20. E-mail: embajada@venezuela-eu.gob.ve

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Venezuela en sus respectivos países.

 [1]

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