Dicho informe es el resultado de una misión de Observación electoral que tuvo lugar entre el 11 y el 18 de agosto de 2004 en Caracas, que contó con la participación de Katia Nouten, cooperante en derechos humanos y desarrollo y Alirio Uribe Muñoz, vicepresidente de la FIDH y miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El informe resalta la masiva participación ciudadana, lo que constituye una muestra de civismo y de confianza en los instrumentos democráticos por parte del pueblo de Venezuela y confirma el dictamen de la comunidad internacional, en particular de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter, en el sentido de que los resultados, que otorgan la victoria al presidente Hugo Chavez, son fiables y responden a la voluntad popular.
La misión lamenta que dichos resultados no hayan sido reconocidos por todos los sectores de la sociedad venezolana. La misión recoge con satisfacción la invitación al diálogo que formuló el presidente Chávez al conocerse el resultado del referendo y le insta a seguir promoviendo el diálogo y la concertación con la actual oposición, teniendo en cuenta que un 40% del electorado venezolano se manifestó a favor de la revocatoria del mandato del presidente Chavez. La misión llama a la oposición a respetar los principios democráticos y privilegiar un debate público transparente, condenando cualquier tipo de violencia.
Si bien es cierto que las libertades básicas fundamentales para la realización de un proceso democrático fueron respetadas y que en ningún caso afectaron el resultado del referendo, el informe expresa una clara preocupación por la actuación de los medios privados y les insta a reconocer las vías democráticas y condenar cualquier tipo de violencia. Es necesario que todos los medios de comunicación, incluyendo los oficiales asuman su responsabilidad de dar información amplia y equilibrada a la población. La FIDH condena igualmente la violencia contra periodistas y manifestantes.
El informe expresa igualmente su preocupación por las injerencias indebidas por parte del gobierno en los sindicatos afectando la libertad de asociación sindical y en contradicción al convenio 87 de la OIT, así como por las declaraciones públicas por parte del presidente en contra de organizaciones de derechos humanos de reconocido prestigio y la ausencia de concertación con las ONG de defensa de los derechos humanos de una política de derechos humanos.
La FIDH insiste por tanto en la necesidad de que el gobierno de Venezuela implemente en el mas breve plazo las medidas y recomendaciones de los organismos internacionales, como la ONU, la OIT y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
De cara a las próximas elecciones regionales del 31 de octubre la FIDH llama al electorado venezolano a que participe masiva y pacíficamente en este acto democrático que debe constituir un paso más en la afirmación de la institucionalidad democrática.