Los Relatores Especiales sobre el derecho a la alimentación, el medio ambiente, la salud, la pobreza extrema, los desechos tóxicos y el agua y saneamiento, así como el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, mandaron una carta al Estado dominicano solicitando al Estado que proporcionara información sobre las medidas adoptadas para:
1. Evaluar los impactos de las emisiones atmosféricas y los residuos tóxicos del Central Eléctrica a carbón de Punta Catalina (CTPC) en la salud de las personas, así como en la calidad del aire, el agua, el suelo y el subsuelo;
2. Garantizar medidas para la gestión sostenible y ambientalmente racional de los desechos;
3. Garantizar la reparación integral y efectiva a las comunidades afectadas, y
4. Asegurar que la CTPC, como empresa pública, respete los derechos humanos, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Esta comunicación fue acompañada por una carta dirigida a la empresa en la que los expertos de la ONU le solicitaron información sobre los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos adoptados por la empresa para identificar, prevenir, mitigar y remediar los daños causados por sus actividades.
El estudio advierte acerca del alarmante nivel de contaminación que la CTPC ha generado en apenas tres años de funcionamiento y que podría ser la causa de muerte prematura de 6000 personas en los próximos 30 años, así como del aumento de enfermedades asociadas a la combustión del carbón. Diariamente, la central arroja 5 mil toneladas de cenizas tóxicas al medio ambiente que no están debidamente almacenadas.
En noviembre 2024 la FIDH llevó a cabo una misión de monitoreo denunciando la falta de seguimiento de las recomendaciones y en particular que el gobierno se negara a sostener una reunión de dialogo con las comunidades afectadas.
El 20 de diciembre nuestras contrapartes fueron invitadas a una reunión con la Cancillería para discutir la posibilidad de una mesa de diálogo. Esta se iniciara el 25 de enero.
Odebrecht habría entregado millones de dólares de sobornos para ser el constructor de la CTPC. En el 2025 la FIDH seguirá denunciando la decisión de absolver a responsables de esa corrupción que habían sido condenados en primera instancia.