Santo Domingo, 07 de noviembre de 2024. Como parte de una misión de seguimiento en República Dominicana, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), realizó esta semana una visita al entorno de Punta Catalina y a los Tres Brazos con el objetivo de monitorear y verificar casos de contaminación y corrupción que vienen asolando el país, haciendo énfasis en estos dos casos.
Sobre Punta Catalina:
En febrero de 2024, los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre Sustancias tóxicas, derecho al agua potable y a la salud, se dirigieron al estado dominicano expresando su preocupación por la ausencia de medidas de mitigación de los riesgos de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina (CTPC), pidiendo información sobre los efectos de las emisiones aéreas y residuos tóxicos en la salud de las personas, así como en la calidad del aire, agua, suelo y subsuelo. Esta comunicación se acompañó con una carta dirigida a la empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), pidiendo que proporcionará información sobre sus procesos para identificar y prevenir daños causados por sus actividades.
La FIDH le urge al Estado y a la CTPC dialogar con las comunidades afectadas, mitigar los impactos negativos y reparar los daños. “Denunciamos que, a pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas, ni la empresa ni el Estado han iniciado ese diálogo. Para la FIDH es preocupante que, a día de hoy, ningún representante de la presidencia o de los ministerios responsables se han acercado así sea solo para escuchar o atender las preocupaciones de la población. Esto pese a que la EGEPC contestó a una carta de la FIDH en 2023 diciendo su voluntad de formar una mesa de diálogo pero que no deseaba que esta información fuese pública”, dijo Jimena Reyes de la FIDH. A dos días de finalizar la visita, ni el Ministerio de Salud, ni el de Medio Ambiente, ni la empresa han aceptado reunirse con los representantes de la misión.
En la provincia Peravia, la FIDH se reunió con diversos líderes y lideresas de las comunidades afectadas: pescadores, agroproductores, propietarios de fincas, entre otros. Estas reuniones permitieron constatar que, un año después de la publicación del informe de la FIDH junto con el Instituto de Abogados por la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, los reclamos de la población siguen vigentes, así como la gravedad de los daños ambientales y humanos ocasionados. De particular preocupación, la situación de la salud con los incrementos de enfermedades de riñón y de pulmones.
Todo esto en un contexto de impunidad total del caso Odebrecht quien habría entregado millones de dólares de sobornos para la construcción de la CTPC. La FIDH denuncia la decisión de absolver a responsables de esa corrupción que habían sido condenados en primera instancia.
Sobre el Caso de los Tres Brazos:
La misión también se reunió con las víctimas del caso de corrupción de los Tres Brazos. El caso se origina en un contrato de compra realizado en 2010 entre la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (“CORDE”) y la sociedad comercial Inversiones Fernández Parache & Asociados, S.R.L. (“INFEPA”) de parcelas por un precio irrisorio. Los residentes de esas parcelas se vieron entonces obligados a comprar a precios elevados los territorios donde ya habitaban (y donde legalmente muchos ya tenían títulos de propiedad otorgados por la Dirección General de Bienes Nacionales) a través de préstamos a las familias. Algunas de ellas tuvieron que abandonar sus hogares, ya que los cuantiosos préstamos eran muy difíciles de pagar.
“Felicitamos a los habitantes de los Tres Brazos por la constancia de su lucha que permitió lograr el mes pasado la anulación de los contratos de la venta en primera instancia y hacemos un llamado a las empresas a no apelar esa decisión y al Estado a acelerar la titulación”, expresó Manuel Ollé, profesor de derecho penal y derecho penal internacional de la Universidad Complutense de Madrid.
Algunos de los responsables de esta estafa iban a ser juzgados, pero en una decisión inédita el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia declaró la extinción de la acción penal en vez de obedecer la orden de apertura de un juicio de la Corte de Apelación.
Finalmente, dado el contexto de graves denuncias de deportaciones masivas contra inmigrantes haitianos, la FIDH expresó su preocupación ante las deportaciones arbitrarias y masivas, las extorsiones a los migrantes haitianos y el irrespeto de las mismas reglas aceptadas por el Estado en el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación entre la República Dominicana y la República de Haití suscrito el 2 de diciembre de 1999. La FIDH recuerda la necesidad de respetar los estándares internacionales y rechaza el creciente racismo hacia los haitianos o los dominicanos de origen haitianos y de forma general hacia las personas racializadas.