París y Santo Domingo, 7 de febrero de 2024. En una comunicación publicada el 6 de febrero, las Relatorías especiales sobre el derecho a la alimentación, el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud, la extrema pobreza y los derechos humanos, sustancias tóxicas y el derecho al agua potable, así como el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos llamaron la atención al Estado dominicano respecto al funcionamiento de la CTPC y su afectación a los derechos a la salud, el acceso a agua potable y alimentación adecuada y el disfrute de un medio ambiente limpio.
Los expertos de Naciones Unidas expresaron su máxima preocupación por la ausencia de medidas de mitigación de los riesgos de la CTPC, la gestión inadecuada de sus residuos tóxicos y peligrosos, al igual que la falta de evaluación oficial de sus impactos en la salud, la disponibilidad de agua y el agotamiento de recursos alimentarios de las comunidades.
En su comunicación, los procedimientos especiales instaron a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para la protección de los derechos de las poblaciones afectadas, especialmente de niños y niñas. También solicitaron al Estado que proporcionara información sobre las medidas que ha adoptado para:
1) Evaluar los efectos de las emisiones aéreas y residuos tóxicos de la CTPC en la salud de las personas, así como en la calidad del aire, agua, suelo y subsuelo;
2) Asegurar la gestión sostenible y ecológica de los residuos;
3) Garantizar la reparación integral y efectiva de las comunidades y
4) Asegurar que la CTPC, como empresa pública, respete los derechos humanos, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Igualmente, las Relatorías especiales requirieron al Estado que informara si estaba considerando cerrar la CTPC y describiera los planes adoptados para promover la transición energética de combustibles fósiles a energías sostenibles, asequibles, seguras y no contaminantes.
Esta comunicación se acompañó de una carta dirigida a la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), en la que los expertos de Naciones Unidas le pidieron que proporcionara información sobre los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos adoptados por la empresa para identificar, prevenir, mitigar y reparar los daños causados por sus actividades.
El pronunciamiento de los expertos de Naciones Unidas se fundamenta en un informe que la FIDH, el CNLCC y el INSAPROMA presentaron en septiembre de 2023 al Comité de los Derechos del Niño, en el cual se documentó cómo el funcionamiento de la CTPC expuso a la población dominicana, especialmente los niños y las niñas, a niveles peligrosos e insalubres de contaminación atmosférica, del agua y del suelo.
Una de las recomendaciones centrales de este informe fue el cierre definitivo de la CTPC para 2028, tomando en cuenta la especial vulnerabilidad de República Dominicana al cambio climático, y el rol central de combustibles fósiles como el carbón en la aceleración y profundización de este fenómeno.
Este informe fue también retomado por el Comité de los Derechos del Niño, que en sus observaciones finales, emitidas el 25 de septiembre de 2023, se refirió expresamente a la CTPC. Al respecto, el Comité recomendó al Estado evaluar su impacto en los derechos a la vida, la supervivencia y el desarrollo de la infancia, adoptar medidas para garantizar que los niños y las niñas no mueran por su contaminación, e implementar medidas para aumentar el acceso a agua potable en los lugares más afectados por la CTPC.
Desde la FIDH confiamos que esta carta permita la puesta en marcha de una mesa de diálogo y concertación con las comunidades afectadas así como atender las inquietudes de los Relatores de las Naciones Unidas.