Considerando que la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción en su preámbulo afirma que la corrupción socava “las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia” y compromete “el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.
Considerando también que la Convención Interamericana Contra la Corrupción en su preámbulo establece que “la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”.
Recordando que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el 2017 publicó la Resolución 1/17 sobre los Derechos Humanos y la Lucha contra la Impunidad y la Corrupción, en la que afirmó que: “La lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. Por lo tanto, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos”.
Recordando que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el 2018 publicó la Resolución 1/18 sobre Corrupción y Derechos Humanos en la que afirmó que: “Una justicia independiente e imparcial es indispensable para el combate efectivo de la
Corrupción” y que “en algunos países de la región, la corrupción y la impunidad han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer estructuras paralelas de poder y cooptar el Poder Judicial, incluso en sus más altas Cortes”.
Recordando también que en el marco de la VIII Cumbre de las Américas "Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción "Lima - Perú 2018, las 26 organizaciones de la Coalición “Movimiento por los derechos humanos y contra la corrupción” hicieron un llamado “a la atención de los Estados de las Américas, sobre la necesidad de abordar la problemática de la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos.
Advirtiendo con preocupación que en la región la lucha contra la corrupción no se ha desplegado con la determinación y eficacia que amerita la amenaza para nuestros pueblos del flagelo de la corrupción ya que esta afecta notablemente el goce y disfrute de los derechos económicos sociales y culturales.
Advirtiendo también que sobre muchos proyectos importantes de construcción de infraestructuras en algunos países de la región hay indicios más que suficientes para pensar que hayan sido ejecutados bajo esquemas de corrupción vinculados a las operaciones de la empresa Odebrecht, como por ejemplo lo es la construcción de la planta a carbón de Punta Catalina en la República Dominicana Y (SE PUEDEN AGREGAR OTROS EJEMPLOS DE OTROS PAISES).
Destacando además que a raíz del escándalo Odebrecht del diciembre 2016, no en todos los países donde esta empresa operaba según un esquema de sobornos y financiamiento ilegal de campañas presidenciales a fines de adjudicarse las licitaciones para la construcción de obras de infraestructuras, se ha asegurado a la justicia todos los involucrados en dichas operaciones como por ejemplo el caso de Republica Dominicana, Venezuela y México entre otros.
Señalando que la impunidad es la que permite que se reproduzcan los mecanismos de la corrupción y que por lo tanto es necesario enfrentarla de forma contundente.
Señalando también que una justicia independiente e imparcial es la clave para combatir la impunidad.
Decididos a sumar esfuerzos para que se respete el Estado Social y Democrático de Derecho en nuestros países con el objetivo de que los fondos públicos sean utilizados exclusivamente hacia la implementación de políticas públicas dirigidas al bienestar y desarrollo de nuestros pueblos.
Por lo tanto, la FIDH, reunida en Taipei, Taiwán del 21 al 25 de octubre de 2019 en su 40 Congreso Mundial,
1. Reitera que la lucha contra la corrupción y la impunidad serán determinantes en las acciones futuras de la Federación Internacional de los Derechos Humanos y de sus organizaciones miembro.
2. Reafirma la importancia que tienen para nuestros países sistemas de justicia independientes e imparciales gracias a los cuales será más eficaz la lucha a la corrupción y contra la impunidad y pide a los Estados que adopten medidas urgentes para fortalecerlos.
3. Insta a los Estados a activar mecanismos y a crearlos si no los hay, para que los Ministerios Públicos puedan desplegar las acciones necesarias para llevar a cabo todas las investigaciones pendientes sobre los sobornos de la empresa Odebrecht incluso los financiamientos ilegales a las campañas presidenciales y las sobrevaluaciones de todas las obras.
4. Sugiere que se implementen mecanismos de control sobre las instituciones públicas y privadas donde con más frecuencia se denuncian casos de corrupción por ejemplo policías, agentes de migración, y entidades encargadas de la ejecución de proyectos de infraestructuras.
5 Invita a los Estados a fortalecer mecanismos de cooperación internacional y mutua asistencia y asesoría para la lucha transnacional contra la corrupción.