(París, Santo Domingo - 9 de junio) El pasado lunes 6 de junio, el magistrado del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de República Dominicana, Juan Francisco Rodríguez Consoró, emitió su decisión de exonerar de toda responsabilidad a los once implicados en el caso de los Tres Brazos, tras la solicitud del Ministerio Público de enviar a los implicados a juicio por desfalco y estafa contra el Estado dominicano.
Este caso pretendía investigar y sancionar la venta por un precio irrisorio de los terrenos en el sector de Tres Brazos en 2016 por parte de la empresa estatal CORDE (Corpora-ción Dominicana de Empresas Estatales) a la empresa privada INFEPA-TITULATEC, "un caso de gravísima corrupción" como calificado por el procurador general Jean Rodríguez en 2018. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD), organización miembro de la FIDH, se constituyó como querellante y actor civil en la defensa de los intereses de todos los habitantes de Los Tres Brazos.
Los Tres Brazos ha sido escenario de asentamientos informales desde los años 60. La trama de corrupción también se habría aprovechado de la condición de especial vulnerabilidad de sus habitantes, solicitando altos cobros bajo la promesa de ofrecer una titulación legal de estas tierras, lo que en realidad endeudaba a los pobladores y facilitaba los desalojos.
"Es un día triste para República Dominicana. La decisión del magistrado Rodríguez Consoró obstaculiza la lucha de más de seis años de los habitantes de Los Tres Brazos por hacer justicia y les priva de reparaciones por sus pérdidas, dejando a las víctimas en la total vulnerabilidad frente a la propiedad de sus bienes".
"Con esta decisión se le da una estocada mortal a la lucha contra la corrupción administrativa en el país".
La decisión del juez tuvo lugar horas después del asesinato del ministro de Medio Ambiente
El asesinato de Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente del país, el pasado 6 de junio a manos de su amigo Miguel Cruz, estaría también presuntamente motivado por otros actos de corrupción a los que el difunto no habría contribuido. Cruz habría asesinado a Jorge Mera debido al cierre de su compañía por no cumplir con el reglamento medioambiental. Éste esperaba presuntamente favores especiales, como la otorgación de permisos ambientales, por el apoyo que había prestado al ministro Jorge Mera durante la campaña de 2020.