Siendo América Latina el nuevo epicentro del coronavirus, además de los muertos, el hambre ha incrementado de forma dramática. En América Latina, cerca del 50% de la población trabaja en condiciones de informalidad, lo que corresponde a 140 millones de personas.
Para estas familias, cuyas economías se rigen por la informalidad, el hecho de tener que acoger el llamado del “Quédate En Casa” implica una supresión inmediata de sus ingresos, lo cual ha tenido repercusión directa sobre la posibilidad de alimentarse, pagar arriendo o créditos de vivienda y otros servicios básicos. Las políticas públicas deben priorizar las acciones que busquen evitar que esta crisis sanitaria se transforme en crisis alimentaria. El acceso al agua directamente vinculado a la difusión del virus es también fuente de preocupación en toda la región, con 65 millones de personas privadas de acceso al agua y jabón. Las zonas rurales son las más afectadas.
El alto número de muertes por causa del covid-19 ha dado visibilidad al desmantelamiento del sistema de salud público, a la precariedad laboral de los trabajadores de la salud, a la falta de insumos médicos como ventiladores y número de camas en hospitales públicos características también presentes, a veces en grados menores en otros continentes.
A esto se suma que en América Latina, los centros médicos se encuentran concentrados en su mayoría en las áreas urbanas, dejando así desprotegidos a un gran número de habitantes de las zonas rurales y en numerosos países de la región se han registrado escándalos de corrupción por el mal manejo y malversación de fondos destinados a comprar los insumos médicos para combatir la pandemia.
A largo plazo, la FIDH y sus organizaciones miembros quieren alertar ahora en el momento álgido de la epidemia cuando todavía se puede de cambiar de rumbo, sobre el grave riesgo que el impacto de la pandemia en la pobreza extrema y desigualdad se vuelva permanente, siendo necesario un cambio importante en las políticas que se están implementando y a futuro en las que se van a implementar.
Pese a que numerosos gobiernos han decretado que proporcionarán ayudas tanto económicas como de alimentación a los ciudadanos de menos recursos, las medidas adoptadas son insuficientes y presentan desde ya problemas en la rapidez de la entrega y en la transparencia de las asignaciones, entre otros. Además, las políticas de mediano plazo están beneficiando al sector empresarial y a las personas más ricas en detrimento de las personas más desfavorecida agudizando así las desigualdades socioeconómicas.
En este complejo escenario, la FIDH y sus organizaciones miembros firmantes presentan una serie de recomendaciones a corto y mediano plazo en aras de evitar la agudización de la pobreza y las desigualdades socioeconómicas generadas por el impacto del covid-19 en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, haciendo posible construir una sociedad más justa e equitativa en donde los derechos humanos estén en el centro de acción.
Entre las recomendaciones expuestas en la nota se cuentan: reformas fiscales redistributivas para combatir la agudización de la desigualdad y el aumento de la pobreza extrema, como por ejemplo, la implementación de una renta básica universal financiada con impuestos a los altos patrimonios permitiendo el pleno y efectivo goce y disfrute de los derechos humanos; la suspensión de la deuda externa y sus intereses, evaluando aquellas que deberían ser anuladas por ser consideradas ilegítimas, odiosas, e ilegales; y finalmente, un mayor monitoreo de los gastos públicos destinados a combatir la pandemia para evitar que los recursos destinados a atender a las poblaciones vulnerables se esfumen por culpa de la corrupción.
Sin una refundación del pacto social en los Estados, Latinoamérica saldrá de la pandemia más pobre, más desigual y retrocediendo en los avances sociales de los últimos 15 años.
