La lucha contra la corrupción e impunidad en Perú debe estar garantizada

03/10/2019
Comunicado
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Ante los últimos acontecimientos en Perú, la FIDH hace un llamado a que se garantice la continuidad de la lucha contra la corrupción e impunidad y que la elección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional sea realizada en respeto de la legalidad y con la mayor transparencia y participación ciudadana.

El presidente del Perú, Martín Vizcarra, disolvió el lunes de esta semana, de forma constitucional, el Congreso de la República y convocó mediante un decreto extraordinario a nuevas elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020.

El presidente tomó esta decisión ya que el Congreso negó de facto la moción de confianza (instrumento que otorga la potestad de disolver el Congreso si se le niega en dos oportunidades) presentada por el presidente del consejo de ministros. Moción que fue presentada ante la decisión del parlamento – con mayoría fujimorista – de elegir de manera ilegal a varios miembros del Tribunal Constitucional del país, con el propósito de proteger con impunidad a ciertos personajes vinculados a la corrupción, además de forzar la libertad de la hija del ex presidente Alberto Fujimori, hoy encarcelada y procesada por el delito de lavado de activos.

Es relevante mencionar que, esta semana, funcionarios de la constructora Odebrecht serán interrogados en Brasil por el Equipo Especial de Fiscales del caso Lava Jato a fin de identificar 71 “codinomes” o alias de funcionarios públicos o privados en Perú a los que se habría realizado pagos ilícitos. Se presume que algunos de los congresistas y/o empresas o intereses relacionados a ellos estarían dentro de aquellos señalados como receptores de estos pagos ilícitos.

Así, cualquier sindicado o denunciado por corrupción podría ser absuelto por un Tribunal Constitucional cooptado por intereses particulares y así desmoronar las investigaciones y el sistema que está a cargo de los procesos judiciales y fiscales de lucha contra la corrupción.

Luego de conocer la disolución, la mayoría parlamentaria controlada por el fujimorismo “suspendió” al Presidente de la República por un año, utilizando un mecanismo constitucional destinado para cuando éste se encuentra incapacitado físicamente para ejercer el cargo (sufre un accidente o se encuentra gravemente enfermo), el cual no solo era inaplicable, sino que se empleó estando el Congreso ya disuelto e inhabilitados sus miembros para seguir ejerciendo. Aún así, nombraron a la segunda vicepresidenta Mercedes Aráoz como presidenta interina y llamaron a las fuerzas armadas para que se pronuncien en su favor, quienes por el contrario se pronunciaron a favor de las medidas constitucionales adoptadas por el Presidente Vizcarra.

En este momento el país se encuentra con un presidente en función y una Comisión Permanente del Congreso convocada para funcionar mientras se producen las elecciones parlamentarias, habiendo renunciado la Sra. Aráoz posterior a una denuncia penal presentada en su contra por usurpación de funciones.

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