El 22 de julio de 2021, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac anuló la sentencia absolutoria emitida por el Juzgado Unipersonal de Cotabambas el 2 de marzo de 2020, y hecha pública el 26 de octubre de 2020, favor de los 19 defensores de derechos humanos criminalizados desde 2015 por defender la tierra y el territorio ante las afectaciones provocadas por el proyecto minero “Las Bambas” en sus comunidades. En su resolución la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Apurímac, además, anuló parte del proceso penal, todo ello al considerar que en la acusación fiscal se produjeron omisiones graves, incluida la falta de descripción detallada de la conducta delictiva que habría llevado a cabo cada acusado, y que la sentencia no habría evaluado todas las pruebas de cargo. Por ello, los 19 defensores vuelven a estar en riesgo de criminalización, al deber retomarse el juicio desde la etapa de audiencia de control de acusación.
El caso contra los 19 comuneros campesinos empezó a raíz de un paro indefinido convocado por las comunidades de la provincia de Grau y Cotabambas, departamento de Apurímac, el 25 de septiembre de 2015, por no haber sido informadas, ni consultadas sobre las modificaciones al Estudio de Impacto ambiental del proyecto minero “Las Bambas”, las cuales han provocado afectaciones en la salud y el medio ambiente de las comunidades. Tres días después, se generó una fuerte represión por parte de efectivos policiales contra la población que protestaba frente al campamento minero, produciéndose la muerte de tres manifestantes, 23 personas heridas (15 civiles y 8 policías) y la detención arbitraria de 21 personas manifestantes, 19 de las cuales fueron inmersas en un proceso judicial acusadas injustamente por la comisión de delitos de “tenencia ilegal de armas”, “producción de peligro común con medios catastróficos”, “disturbios” y “daños”. La fiscalía solicitaba condenas de hasta 17 años de pena privativa de la libertad.
Durante el proceso judicial, en el que el Consorcio chino MMG Limited, propietario de las minas de “Las Bambas”, se constituyó como parte civil, numerosas irregularidades e ilegalidades fueron identificadas. Esto quedó evidenciado en la sentencia absolutoria del Juzgado Unipersonal de Cotabambas, en la que el juez confirmó que las pruebas documentales presentadas por la acusación no demostraban que los defensores poseyeran armas, y que, además, el acta de intervención por la cual se habría registrado el hallazgo de un arma y de una dinamita en dos de los defensores en el momento de su detención, fue validado de manera irregular. Por todo ello, el juez estableció en la sentencia su plena “convicción de la falta de responsabilidad de los acusados”.
El Observatorio urge a las autoridades peruanas a cesar el acoso judicial contra los 19 defensores en el caso “Las Bambas”, y a poner fin al uso indebido y sistemático del derecho penal para criminalizar a quienes defienden los derechos humanos y ejercen el derecho a la protesta en el Perú.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. FIDH y OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu , el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.