Según la sentencia de absolución que pone fin a más de cinco años de proceso judicial, “se ha generado en el magistrado a cargo del juzgado la plena convicción de la falta de responsabilidad de los acusados”. Los 19 comuneros campesinos fueron acusados injustamente por la comisión de delitos de tenencia ilegal de armas, producción de peligro común con medios catastróficos, disturbios y daños, para los cuales la fiscalía solicitaba condenas de hasta 17 años de pena privativa de la libertad.
“Esta absolución es una muy buena noticia para todas las personas defensoras de los derechos a la tierra y al territorio en Perú. Animamos a las autoridades peruanas a que continúen en esa línea, asegurando que las personas defensoras de los derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades sin temer represalias” declaró Alice Mogwe, Presidenta de la FIDH.
El 25 de septiembre de 2015, las comunidades de la provincia de Grau y Cotabambas, departamento de Apurímac, iniciaron un paro indefinido por no haber sido informadas, ni consultadas sobre las modificaciones al Estudio de Impacto ambiental del proyecto minero las Bambas, las cuales han provocado afectaciones en la salud y el medio ambiente de las comunidades. Tres días después, se generó una fuerte represión por parte de efectivos policiales contra la población que protestaba frente al campamento minero, produciéndose la muerte de tres manifestantes, 23 personas heridas (15 civiles y 8 policías) y la detención arbitraria de 21 personas manifestantes, 19 de los cuales fueron inmersos en un proceso judicial.
Durante el proceso judicial, en el que el Consorcio chino MMG Limited, propietario de las minas de Las Bambas, se constituyó como parte civil, numerosas irregularidades e ilegalidades fueron identificadas.
Consideramos importante que el Estado peruano garantice para estos defensores las medidas de compensación debidas por el perjuicio sufrido, así como medidas que aseguren la no repetición de estos ataques contra ellos y otras personas defensoras.
“Recordamos que la defensa de los derechos territoriales y el ejercicio de la libertad de manifestación no son delitos, sino derechos. Hacemos un llamamiento a las autoridades peruanas para que protejan estos derechos y dejen de criminalizar a los defensores en el país” concluyó Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. FIDH y OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
Para obtener más información, por favor contacten con:
• FIDH : José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650 / Eva Canan : +33 1 43 55 25 18
• OMCT: Miguel Martín / Delphine Reculeau: (+41) 22 809 49 39