París, Lima. 10 de abril de 2026. La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en Perú, Aprodeh, Perú EQUIDAD y CEDAL, manifiestan su preocupación por el riesgo de que en el próximo proceso electoral se favorezcan a quienes ya están en el poder desde el actual Congreso. Igualmente, hacen un llamado a participar en la vigilancia del proceso electoral y en la defensa del voto por las candidaturas democráticas.
En el Perú, este 12 de abril, más de 27 millones de ciudadanas y ciudadanos deben concurrir a las elecciones convocadas para elegir presidente y vicepresidente, senadores y diputados, así como integrantes del Parlamento Andino.
La campaña electoral se ha caracterizado por la ausencia de debates programáticos serios y por la instalación de discursos de odio que se alimentan de la inseguridad ciudadana que ha crecido de manera alarmante en el país en los últimos años. Lejos de llamar la atención sobre las causas estructurales de la violencia cotidiana y la criminalidad, la mayoría de los candidatos ha levantado propuestas efectistas -pena de muerte, estados de emergencia permanente, intervención de las fuerzas armadas- que pasan por el retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la estigmatización de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Las propuestas anti-derechos apuntan también contra las organizaciones de mujeres y feministas, sindicatos, organizaciones ambientalistas y defensoras de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas.
Las organizaciones han expresado repetidas veces su preocupación frente a los numerosos escándalos de corrupción, las sucesivas modificaciones del régimen político, y en particular del sistema electoral, que han sido aprobadas por el actual Congreso de la República a pesar de la escasa legitimidad que lo acompaña desde su instalación en julio de 2021. Más aún, a través de sucesivas reformas constitucionales el Congreso ha reemplazado el presidencialismo de la Constitución de 1993 por un parlamentarismo autoritario y arbitrario que más de una vez ha interferido con la autonomía de los otros poderes del Estado, en particular con el Poder Judicial. Entre otras modificaciones ha restablecido el bicameralismo, en contra de la voluntad del 90% de ciudadanas/os expresada en un referéndum realizado en diciembre del 2018. Y ha permitido la reelección de los actuales congresistas a pesar de que en el mismo referéndum más del 85% de votantes rechazaron esa opción.
Con relación al sistema electoral, el actual Congreso ha promulgado dispositivos que distribuyen desigualmente los recursos públicos destinados a gastos de campaña, favoreciendo a los partidos mayoritarios en el actual Congreso. Asimismo, ha restablecido la posibilidad de que reciban aportes confidenciales de empresas privadas hasta por 300 mil dólares.
Las organizaciones llaman a la vigilancia del proceso electoral y a contribuir a que las misiones de observación electoral cumplan con su papel y no sean concesivas frente a las irregularidades que puedan presentarse. Y a estar alertas frente a cualquier quiebre, aún mayor del que ya se vive, de la institucionalidad democrática en el Perú. La situación es tan grave que las organizaciones apolíticas, ciudadanas, sociales y de derechos humanos en Perú han desarrollado una intensa campaña llamando a no votar por los partidos que actualmente son mayoría en el Congreso y que se han caracterizado por un proyecto autoritario, represivo, patriarcal y anti-derechos, que las organizaciones han denunciado ampliamente.
Lamentablemente, más allá de quienes pasen a la segunda vuelta y de los resultados finales de la elección, este clima seguirá deteriorando las garantías democráticas y los derechos humanos en el Perú.