FIDH exige investigación imparcial y exhaustiva por ejecuciones de manifestantes que califican como extrajudiciales

13/10/2015
Comunicado

La FIDH expresa su preocupación por las ejecuciones extrajudiciales de 3 personas durante las manifestaciones del 28 de septiembre contra el proyecto minero Las Bambas en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas (Apurímac-Perú).

Desde el 25 de septiembre, organizaciones sociales de las provincias de Grau y Cotabambas convocaron un paro en protesta por las modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Las Bambas, hechas después que la empresa MMG Limited, controlada por la estatal China Minmetals Corp, comprara este proyecto. Las organizaciones solicitaban la apertura de un espacio de diálogo y entendimiento para exponer los argumentos técnicos en relación a las modificaciones hechas al EIA y que tendría graves impactos socio-ambientales, como por ejemplo, la afectación del rio Chalhuahuacho por la construcción de una planta de molibdeno.

El gobierno, en respuesta, declaró el estado de emergencia, militarizó la zona y el 28 de septiembre, la policía disparó de forma letal contra los manifestantes que intentaban acceder al campamento minero en Cotabambas, dejando un saldo de 3 ejecuciones extrajudiciales, varios heridos y dos personas detenidas.

La FIDH solicita llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e independiente de lo acontecido, en particular por las ejecuciones extrajudiciales de tres pobladores, para juzgar y sancionar a los responsables, así como un compromiso por parte de las autoridades públicas a atender a las víctimas heridas hasta su total restablecimiento, y respetar el debido proceso con los pobladores aún detenidos. La FIDH solicita además una consulta previa a las comunidades afectadas que garantice la participación efectiva de éstas en el proceso de las decisiones que conciernan sus derechos.

Es inaceptable que 3 pobladores manifestantes mueran bajo las balas por querer proteger el medio ambiente y solicitar el diálogo con la empresa: el juzgamiento de estos hechos debe ser priorizado

. Señaló Karim Lahidji, Presidente de la FIDH.

El camino del diálogo inclusivo debe primar y por eso exhortamos a la Comisión de alto nivel del Gobierno a atender las demandas de la población comunera sobre el impacto de la planta de molibdeno, incluir en los diálogos a todas las partes involucradas, y garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho en la región Apurímac

agregó.

En ese sentido, la FIDH solicita igualmente la elaboración del reglamento del Decreto Legislativo 1186, que regule el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y recuerda que es una obligación del Estado peruano proteger el derecho fundamental de libertad de asociación y expresión de todos los ciudadanos.

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