París, lunes 14 de abril 2025. En una inaudita ceremonia, poniéndose en escena de forma similar a lo hecho por el presidente Trump en los últimos tres meses con sus órdenes ejecutivas, la presidenta Dina Boluarte promulgó hoy la ley que otorga facultades inconstitucionales a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) que busca restringir la labor de organizaciones de la sociedad civil como las organizaciones no gubernamentales (ONG) de desarrollo y de derechos humanos. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 12 de marzo y promulgada el 13 de abril, sin observación alguna por la Presidencia de la República.
Esta ley sanciona como infracción "muy grave" el uso de recursos de cooperación técnica internacional para asesorar, asistir o financiar acciones judiciales, administrativas o de cualquier naturaleza contra el Estado Peruano, de manera especial aquellas referidas a violaciones de derechos humanos.
Las ONG que sigan representando victimas con recursos de la cooperación internacional serán obligadas a pagar multas equivalentes a 730 mil dólares, luego vendrán la suspensión temporal y la cancelación definitiva de la inscripción en los registros oficiales, sin el mandato judicial que establece el Código Civil y desconociendo el derecho de libre asociación reconocido en la Constitución Política. Esta ley busca claramente acabar particularmente con las ONG de derechos humanos y medioambientales que estos últimos 40 años han representado victimas proveniente de la población más vulnerable del Perú logrando que sus derechos sean reconocidos y reparados.
La FIDH rechaza esta agresión intolerable contra organizaciones muy representativas de la sociedad civil peruana que busca controlarla, subordinarla y construir esquemas de impunidad frente a los crímenes ya cometidos por el actual gobierno peruano. En particular recordamos como la discriminación, el racismo y la exclusión social de grandes sectores vulnerables de la población peruana se vieron reflejados en la violencia y represión institucional que siguió a la toma del poder por parte de la coalición gobernante, liderada por la presidenta Dina Boluarte, en diciembre de 2022. La represión derivó en el uso excesivo de la fuerza policial que dejó 67 personas fallecidas. La FIDH Y APRODEH han solicitado a la CPI abrir investigación por crímenes de lesa humanidad por 49 de estos asesinatos y centenares de heridos graves.
Esta disposición constituye un retroceso alarmante en la garantía de acceso a la justicia, restringe el derecho de las ONG a asistir legalmente a ciudadanos y comunidades en situación de vulnerabilidad, impidiéndoles acudir a instancias internacionales cuando consideren que el Estado ha vulnerado sus derechos. Dejando a miles de personas víctimas acompañadas por las organizaciones en estado de desprotección.
La FIDH recuerda a las autoridades que el derecho a la tutela judicial efectiva está consagrado en el artículo 139.3 de la Constitución Política del país. La prohibición de que las ONG financien o participen en acciones legales contra el Estado viola además el principio de igualdad y no discriminación, pues obstaculiza desproporcionadamente el acceso a la defensa legal.
Asimismo, la exigencia impuesta por esta ley a las organizaciones inscritas en la APCI de presentar la agenda anual de actividades para una aprobación previa a la ejecución de las mismas, constituye una restricción injustificada a la autonomía y libertad de acción de las ONG. Este control previo, sumado a la facultad discrecional de la APCI para sancionar, menoscaba la independencia de la cooperación internacional y vulnera el derecho a la libre asociación.
De igual manera, la norma aprobada establece que las ONG no podrán intervenir en aspectos vinculados “con la política interna” del país, dejando en manos de la APCI definir qué acciones o medidas implementadas en el marco de la ayuda al desarrollo colisionan con esa definición, pudiéndose interpretar la fiscalización, seguimiento a las políticas públicas, el fortalecimiento organizacional para ejercer el derecho a la movilización o y la protesta, entre otras medidas similares, como acciones de carácter político y por tanto prohibirlas legalmente.
FIDH llama a la comunidad internacional a tomar todas las medidas en su alcance para sancionar la grave deriva autoritaria que representa la promulgación de esta ley y que busca restringir el contra poder que son las ONG y asegurar la impunidad del Estado.