Considerando:
1. Que, tras más de dos años de trabajo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha presentado su Informe Final el 28 de agosto del 2003. Dicho Informe se ha elaborado sobre la base de 16,986 testimonios, a los que deben sumarse al trabajo previo de los organismos de derechos humanos en el Perú así como de la Defensoría del Pueblo. Particularmente importantes fueron las audiencias públicas desarrolladas en diez ciudades del Perú, que fueron difundidas a través de diversos medios de comunicación.
2. Que, dicho informe ratifica y amplia las denuncias en torno a las graves violaciones de los derechos humanos de peruanos y peruanas durante las dos últimas décadas del siglo XX. El informe asume que el número aproximado de víctimas asciende a 69,280 incrementando largamente los estimados previos. Así mismo, señala que el mayor número de estas víctimas fue obra del grupo subversivo Sendero Luminoso (54%), y que las víctimas producidas por las fuerzas del Estado representan el 31% del total. Sobre esta base el Informe concluye que Sendero Luminoso desarrolló una estrategia que incluyó de manera sistemática el uso del terror sobre la población civil; así mismo, durante largos períodos del proceso de guerra interna y en diversas regiones del país, las fuerzas armadas y policiales desarrollaron prácticas sistemáticas y masivas de violación de derechos humanos alimentadas en concepciones contrainsurgentes. Por último, el Informe señala que esto fue posible, entre otros factores, debido a la abdicación del poder civil, primero en las zonas de emergencia y luego en todo el país, así como a la complicidad del Poder Judicial y el Ministerio Público salvo honrosas excepciones.
3. Que, dicho informe ha establecido claramente las responsabilidades individuales e institucionales en un número significativo de los casos de violaciones de derechos humanos acaecidos en el Perú. Sobre esta base ha procedido a entregar al Ministerio Público peruano la documentación correspondiente para que proceda a formular acusaciones. Así mismo, ha elaborado un detallado Plan Integral de Reparaciones que incluye reparaciones individuales y colectivas, económicas y no económicas, materiales y simbólicas; para las personas que han sufrido violaciones a sus derechos a lo largo de las décadas 1980 y 1990. Por último, sobre la base de considerar que la pobreza, las exclusiones, el carácter antidemocrático del estado peruano, contribuyeron de manera significativa, en la gestación de condiciones que facilitaron tanto el desarrollo de la violencia subversiva como la respuesta contrainsurgente del estado, la Comisión ha incluido en su informe un conjunto de propuestas de reformas institucionales indispensables para que no se repita el proceso mencionado.
4. Que, la presentación del Informe ha conmocionado a la sociedad peruana. A pesar de una intensa y calumniosa campaña de quienes se han sentido aludidos en tanto responsables directos o indirectos de los hechos que el informe condena, la mayoría de la opinión pública ha reaccionado favorablemente a las conclusiones y recomendaciones del informe. Diversas instituciones lo han respaldado, los principales medios de comunicación lo han difundido y se está abriendo paso lentamente a una discusión seria del mismo. Es de notar por ejemplo que el presidente de la Corte Suprema haya pedido perdón públicamente por la conducta del Poder Judicial durante los años de la violencia
5. Que, recientemente el Presidente de la República del Perú, Dr. Alejandro Toledo, ha expresado en un mensaje a la nación su reconocimiento al trabajo de la Comisión y su identificación con algunas de las conclusiones fundamentales del informe. Ha pedido perdón a las víctimas a nombre del Estado peruano, ha ratificado su compromiso con la lucha contra la impunidad, ha anunciado la voluntad de reparar a las víctimas. Sin embargo, en su mensaje ha eludido el reconocer que las violaciones de parte de las fuerzas del orden tuvieron carácter sistemático en períodos específicos de la violencia prefiriendo referirse a "excesos" de parte de estas fuerzas. Asimismo, el anuncio presidencial no ha incluido una referencia explícita al Plan Integral de Reparaciones presentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación limitándose a presentar una plan de desarrollo para las zonas afectadas por la violencia.
6. Que, el Informe ha sido reconocido por la Comunidad Internacional como un importante aporte a la lucha por la justicia y contra la impunidad, tal como lo expresó el Secretario General de las Naciones Unidas en su reciente visita al Perú.
Acuerda:
1. Respaldar el trabajo desarrollado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú así como las conclusiones y recomendaciones del Informe Final en la medida que fortalecen los procesos de lucha por la plena vigencia de los Derechos Humanos en el Perú, contra la Impunidad, por la Justicia y Reparación, abriendo paso a una efectiva reconciliación de la sociedad peruana.
2. Reiterar nuestra demanda de que los procesos mencionados avancen en los diversos ámbitos: que el Ministerio Público y el Poder Judicial agilicen las investigaciones y actúen de acuerdo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos sancionando a los culpables de violaciones a los derechos fundamentales de las personas; que se atienda las demandas de reparación, tanto individual como colectiva, de manera integral. Que se promuevan las reformas institucionales indispensables para evitar que procesos como el que ha vivido el Perú se repitan.
3. Comprometer nuestros esfuerzos fin de:
3.1. Lograr la extradición al Perú de Alberto Fujimori Fujimori y de otros responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos en el país. Para ello incidir, particularmente, en los diversos organismos de las Naciones Unidas.
3.2. Garantizar que la comunidad internacional apoye de manera activa los procesos de reparación de las víctimas, así como diversos aspectos de las reformas institucionales planteadas por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
3.3. Contribuir a través del programa de cooperación judicial y el Grupo de Apoyo Jurídico de la FIDH, en el fortalecimiento de las capacidades del movimiento de derechos humanos en el Perú, así como el Ministerio Público y Poder Judicial.