El Observatorio expresa su extrema preocupación por los hechos de gran gravedad ocurridos en Perú en torno a 24 defensores del medioambiente. En efecto, el Observatorio ha recibido con preocupación informaciones de varias fuentes fiables, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), sobre los 24 alcaldes y dirigentes que convocaron la consulta vecinal del 16 de septiembre de 2007 acerca de la minería Río Blanco Cooper S.A., en la comunidad de Sugunda y Cajas, en la provincia de Ayabaca [1].
El 24 de marzo de 2008, una asociación recientemente creada por personas que no pertenecen a la comunidad de Segunda y Cajas, la Asociación civil Frente de Unidad de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas, inició una denuncia en contra de todos los defensores mencionados por "delito de terrorismo y otros". Esta asociación apoya las actividades de la minería, contra la cual ya existe una investigación por no haber respetado los derechos de las comunidades campesinas y que tuvo que pagar una multa por no haber cumplido compromisos asumidos en sus estudios ambientales y por daños al medioambiente.
Para el Observatorio, estos hechos evidencian una persecución contra dirigentes, activistas y defensores de derechos humanos y ambientalistas, así como contra autoridades locales, que lo único que se hacen es ejercer sus derechos ciudadanos, económicos, sociales y culturales, frente a una actividad que pone en riesgo los recursos naturales los cuales permiten su sobre vivencia.
El Observatorio exige la suspensión de estas acciones judiciales y el inicio de una investigación sobre estas acusaciones de parte de la minería Río Blanco Cooper S.A. El Observatorio urge las autoridades peruanas a que aseguren la seguridad e integridad física y psicológica de todos los defensores de derechos humanos y del medioambiente. El Observatorio solicita también a las autoridades peruanas que tomen las medidas más urgentes y pertinentes para que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento e intimidación en contra de todos los defensores de derechos humanos en Perú, asegurando la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre 1998.
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