Desde hace más de diez días la provincia de Espinar vive enfrentamientos violentos entre policía y manifestantes, quienes demandan se abra una investigación por los daños medioambientales causados por la mina de extracción de cobre Tintaya, explotada por la empresa suiza Xstrata.
El nivel de violencia alcanzado por los enfrentamientos, en los que fallecieron dos manifestantes el pasado 28 de mayo, provocó que ese mismo día el Gobierno declarara el estado de emergencia en la provincia. Hay decenas de heridos y la cifra de detenidos se eleva a 26, preocupando especialmente la detención de líderes de las comunidades afectadas. Entre ellos, Herbert Huamán, presidente del Frente de Defensa de Espinar, quien fue finalmente liberado el 30 de mayo por decisión judicial.
Ante esta situación, la FIDH y APRODEH condenamos rotundamente los actos de violencia perpetrados por todas las partes implicadas en el conflicto y solicitamos la creación de una comisión de investigación que esclarezca los hechos, en particular en torno a la muerte de los dos manifestantes el 28 de mayo.
Asimismo llamamos al establecimiento de un diálogo abierto entre representantes del Estado, de la empresa y de las comunidades afectadas, para lograr una solución pacífica al conflicto que garantice el respeto a los derechos humanos. En particular demandamos al Gobierno peruano que cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos frente a las actividades de las empresas, en conformidad con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos adoptados en junio de 2011.
Del mismo modo, instamos a la empresa Xstrata a respetar los derechos humanos de las comunidades afectadas por la actividad de la mina Tintaya. En concreto, la empresa debería evaluar, prevenir y mitigar las consecuencias negativas de sus actividades a través de un proceso de debida diligencia que incluye la consulta con las comunidades afectadas. Ya varios estudios demuestran el impacto de la mina, habiéndose registrado presencia de metales pesados en el agua por encima de los límites permisibles y abortos y disminución de crías en el ganado. Es necesario recordar que las víctimas que hayan sufrido daños consecuencia de dicha actividad deben ver garantizado su derecho a la justicia y la reparación.
En relación con la represión desproporcionada de las manifestaciones, instamos al Estado peruano a garantizar el derecho a la libertad de expresión y manifestación. En ese sentido demandamos el cese de todo tipo de hostigamiento – ya sea de carácter judicial, administrativo o mediático – contra las organizaciones y los dirigentes de las comunidades afectadas que han protagonizado las protestas en la provincia de Espinar.
El conflicto de Espinar se suma a otros ya existentes en relación con la industria extractiva en Perú, y principalmente al conflicto Conga en Cajamarca.
Como un aporte al necesario debate y comprensión de la problemática socioambiental ligada a los compromisos de las empresas con los derechos humanos, la FIDH y APRODEH anuncian la celebración el próximo 9 de julio en Lima de una conferencia internacional titulada “Empresas y Derechos Humanos en la Encrucijada: Retos y Perspectivas”. Uno de los objetivos es abrir un diálogo nacional sobre el indispensable respeto a los derechos humanos en la implementación de proyectos de extracción de recursos naturales por empresas nacionales y transnacionales.