“La FIDH está muy preocupada por la clara voluntad del gobierno actual de promover la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, al emitir estos decretos. Por eso le pedimos al Presidente Alan Garcia que derogue inmediatamente el decreto legislativo N° 1097” , declaró la Presidenta de la FIDH, Souhayr Belhassen.
La FIDH considera que el decreto N°1097, producto de facultades delegadas al Presidente por el Parlamento e impulsado por el Ministerio de Defensa, es particularmente nocivo a la lucha contra la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto interno. Primero, este prevé la inclusión de una nueva causa para el sobreseimiento, es decir el archivamiento, de los procesos, que podría ahora ocurrir por el simple hecho de que el proceso alcance los 18 o 36 meses de duración según el caso.
Por lo tanto, serían pura y simplemente archivados las decenas de procesos en curso por violaciones de Derechos Humanos, que por su complejidad duran más de lo estipulado, al igual que centenas de investigaciones en las cuales el Ministerio de Defensa se niega a entregar la relación de los militares que estuvieron a cargo de los operativos, como aquellos ligados a las masacres de Putsi o Umasi.
Por otro lado, esta norma señala que “la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes contra los Derechos Humanos” sólo surte efecto recién a partir del 9 noviembre del 2003”, año en el que Perú adhirió a dicha convención, dejando por fuera el periodo de guerra interna en las décadas de ’80 y ’90. Estas disposiciones contenidas en el decreto legislativo N°1097 contradicen no solamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, sino también el principio de jus congens según el cual los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
La aplicación de esta legislación podría implicar el inmediato archivamiento de por lo menos 17 procesos judiciales, y la libertad de más de 60 personas, todos miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que están encarcelados por violación de derechos humanos. Ya ayer, 7 de septiembre, 21 acusados por el asesinato masivo en el solar de Barrios Altos, la desaparición del periodista Pedro Yauri y la desaparición de 9 campesinos del valle del Santa (Ancash), solicitaron el sobreseimiento del proceso en aplicación al decreto legislativo 1097, expedido el pasado 1º de setiembre.
Por consiguiente, la FIDH exhorta al Gobierno a derogar los decretos y a la Corte Constitucional a acoger las demandas de inconstitucionalidad del decreto legislativo N°1097. Igualmente, llama a los jueces del Perú a no aplicar los decretos legislativos contrarios al orden constitucional, a realizar el control difuso y a aplicar el control de convencionalidad. E incitamos a todas las autoridades a pronunciarse sobre el atropello a los DDHH que constituyen estos decretos legislativos.